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¿Pactismo con estabilidad? Los Acuerdos de N’Djamena y las elecciones en República Centroafricana
Martín Jorge
Introducción
La República Centroafricana atraviesa, desde hace más de una década, una situación crítica en términos políticos y de seguridad. El proceso de fragmentación social se aceleró a partir del año 2012, con el estallido de la denominada Segunda Guerra Civil, conflicto que involucró a grupos armados no estatales como milicias religiosas, fracciones rebeldes y organizaciones criminales transnacionales. Esta dinámica de violencia, atravesada por intereses locales y actores externos, generó un deterioro sostenido de las capacidades institucionales, el desplazamiento masivo de población y el debilitamiento de las funciones básicas del Estado. A pesar de la celebración periódica de elecciones, la legitimidad y la capacidad del gobierno central siguen siendo limitadas, particularmente en lo que respecta al control territorial efectivo.
A este escenario se suma una creciente internacionalización del conflicto, con participación de actores estatales y paraestatales que han intervenido en distintas dimensiones del proceso centroafricano. La Federación Rusa, por ejemplo, ha incrementado su presencia a través del envío de asesores militares, equipo de defensa y personal vinculado a empresas de seguridad privada (PMC, por sus siglas en inglés). Esta injerencia, aunque formalmente encuadrada en acuerdos bilaterales de cooperación, ha sido objeto de denuncias por parte de organismos internacionales en relación con violaciones a los derechos humanos. En este contexto, la seguridad se ve atravesada por una doble tensión: por un lado, la persistencia de estructuras armadas locales que disputan el monopolio de la violencia; por otro, la consolidación de influencias de poder extrarregionales que complejizan los intentos de estabilización integral.
La situación crítica centroafricana alcanza nuevas dimensiones ante la pronta celebración de comisiones electorales. Según el calendario electoral preestablecido, las elecciones locales se realizarían el 31 de agosto de 2025, mientras que las generales, presidenciales y parlamentarias, acontecerán en el siguiente mes de diciembre. Estos procesos electorales se establecieron como parte del Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación en la República Centroafricana (APPR-RCA), donde se reconoce la necesidad de poder avanzar en elecciones que normalicen la situación política del estado africano. En orden con ello, en abril de 2025 se alcanzó el Acuerdo de Paz de N’Djamena entre el gobierno nacional encabezado por Touaderá y diferentes fuerzas rebeldes. Este encuentro logró avanzar en la disolución de los grupos armados Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) y Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R).
En función de lo mencionado, el objetivo del presente trabajo es indagar en el último proceso electoral centroafricano acontecido en el 2020 para luego poder distinguir cuáles son los principales desafíos de cara a las elecciones del 2025 en función del Acuerdo de Paz de N’Djamena y los últimos comunicados realizados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Lecciones del pasado: acuerdos truncos y fragilidad estatal
Los Acuerdos de N’Djamena del 2025 fueron los últimos, más no los primeros. En efecto, en febrero del 2020 existieron otros acuerdos firmados en la capital de Chad bajo el auspicio de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC). Los mismos constituyeron un intento diplomático de último recurso para contener la escalada de tensiones políticas en la República Centroafricana en vísperas de un nuevo ciclo electoral. El acuerdo reunió a representantes del gobierno de Faustin-Archange Touadéra y de sectores opositores, incluidos antiguos jefes rebeldes, con el objetivo de revalidar compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Paz de Khartoum de 2019 (Naciones Unidas, 2019).
Una de sus metas fundamentales fue consensuar mecanismos mínimos para garantizar condiciones aceptables de competencia electoral. Entre las disposiciones centrales se encontraban la inclusión de opositores en espacios de coordinación política, la exigencia de desarme progresivo por parte de grupos armados y la articulación de garantías internacionales para el monitoreo del proceso (Naciones Unidas, 2019; Surprenant, 2020). No obstante, el carácter genérico de las cláusulas, la ausencia de mecanismos vinculantes y la desconfianza acumulada entre los actores firmantes limitaron gravemente su implementación.
Los meses consecutivos a la firma de estos acuerdos de febrero del 2020 evidenciaron una amplia distancia entre la arquitectura formal del pacto y la realidad. Los Acuerdos de N’Djamena funcionaron más como una herramienta de legitimación anticipada del proceso electoral, orientada a fortalecer la imagen internacional del Ejecutivo, que como un mecanismo efectivo de resolución del conflicto. La falta de voluntad política para cumplir sus disposiciones consolidó un escenario de fragilidad institucional que permitió a los actores armados disputar el proceso desde una posición fortalecida (Surprenant, 2020).
De esta manera, hacia fines del año 2020, República Centroafricana atravesó un espiral de violencia e inestabilidad que puso en jaque el proceso electoral y su delicada estructura institucional. Ésta se desató durante el mes de diciembre, cuando diferentes sectores de la oposición disidentes de los Acuerdos de Paz se reagruparon y coaligaron bajo la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC). La misma, se constituyó como una alianza compuesta por grupos rebeldes y paramilitares que pusieron como objetivo impedir el desarrollo de los comicios electorales en los que triunfaría Touadéra.
El motivo de la resistencia coordinada se debía a la denuncia de fraude e irregularidades por parte del gobierno nacional, entre las cuáles se destacaban la inhabilitación de candidatos opositores y la imposibilidad logística de garantizar una cobertura nacional efectiva del acto comicial. Estos móviles fueron disparadores de una ofensiva político-militar que rápidamente devino en amenaza directa al poder central. La CPC logró, en sus inicios, capturar localidades estratégicas en el norte y avanzar sobre rutas que comunican Bangui con los principales centros logísticos, comprometiendo seriamente el control territorial del Estado y reinstalando el riesgo de una regresión al conflicto abierto.
La respuesta del gobierno de Faustin-Archange Touadéra se respaldó en una coalición operativa de carácter excepcional. Dado el desgaste y la insuficiencia de las Fuerzas Armadas Centroafricanas para contener por sí solas el avance rebelde, el Ejecutivo solicitó asistencia a sus principales aliados internacionales. En este marco, se desplegó una contraofensiva coordinada que involucró a las tropas gubernamentales, soldados ruandeses bajo colaboración con el gobierno nacional y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSCA). Sin embargo, a estas dos unidades de asistencia se sumó otro actor que despertó la preocupación a nivel internacional. Este fue el caso del Grupo Wagner, una empresa militar privada rusa (PMC, por sus siglas en inglés) con presencia en el país africano desde el año 2018, aproximadamente (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2021).
La articulación permitió garantizar la defensa de Bangui, retomar el control de múltiples regiones donde el gobierno no lograba extender su ejercicio de poder estatal y asegurar, aunque de forma cuestionable, la realización del proceso electoral. Aún así, esta cooperación de actores desató polémica dada la participación de esta empresa militar privada por su controvertida relación dependiente con el gobierno ruso, su historial de violaciones de derechos humanos y su vinculación con actividades ilícitas consensuadas con el gobierno de Touaderá.
El Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la República Centroafricana denunció la proximidad y la interoperabilidad entre la MINUSCA y las fuerzas del Grupo Wagner ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La denuncia apuntó a la erosión del principio de neutralidad de las misiones de paz, particularmente en contextos donde el Estado nacional delega funciones sensibles en actores externos sin mecanismos eficaces de supervisión o rendición de cuentas. La situación expuso una zona gris del régimen internacional de asistencia, en la que los principios de soberanía, seguridad y derechos humanos entran en tensión directa (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2021).
El espiral de conflictividad afectó, por supuesto, a los comicios electorales de diciembre que fueron ampliamente condenados y denunciados por múltiples sectores de la oposición. Como consecuencia, la finalización del proceso electoral no trajo aparejada una estabilización relativa de la situación centroafricana, sino que por el contrario, agravó la fragilidad institucional y empeoró las condiciones de inseguridad del estado africano.
Nuevas elecciones, nuevos acuerdos: la apuesta personal de Touadéra
En la segunda mitad del presente año 2025 se prevén celebrar dos comicios electorales, primeramente divididos temporalmente pero finalmente unificados en el calendario electoral en el mes de diciembre. El arribo a esta instancia fue por demás de complejo, ya que será la primera elección celebrada a la luz de la nueva constitución nacional aprobada en el mes de julio del año 2023 tras el referéndum constitucional. Dentro de los cambios que establece la nueva constitución se encuentran: la eliminación del límite de los mandatos presidenciales, la extensión de la duración del mandato de cinco a siete años, la creación de la figura del vicepresidente, la reconfiguración de la Corte Constitucional y la reorientación del control de los contratos mineros hacia la presidencia (Valade, 2023 & Mudge, 2023).
De cara a ambos comicios se llevaron adelante los nuevos acuerdos de N’Djamena en calidad de nueva ronda de negociaciones entre el gobierno nacional y la oposición armada. En estos acuerdos se negoció frente a dos grupos paramilitares importantes: la Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) y Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R). La firma de estos llamados Acuerdos de N’Djamena representó un giro importante en la estrategia del Ejecutivo, que buscó desarticular el poder de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) a la luz de la experiencia del 2020, a la vez que incentivó acuerdos bilaterales con facciones dispuestas a reincorporarse al proceso de paz de 2019 (Estürk, 2025 & Unión Africana, 2025).
Estos acuerdos se dan a la luz de múltiples cambios políticos en el estado africano. Uno de ellos es resultado de la reforma constitucional, que habilita la continuidad de Touadéra en la presidencia. El otro, remite al mismo Grupo Wagner, el cuál mutó en términos de funcionamientos territoriales y vinculación política. A saber, tras la muerte de Yevgeny Viktorovich Prigozhin el 23 de agosto del 2023, esta empresa militar privada pasó a transformarse en la African Corps, unidad que se presentó oficialmente como un cuerpo articulado dentro del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Si bien este cambio comenzó a principios del año 2024, lo cierto es que la “transición” aún sigue atravesando un proceso incierto y poco claro. Esta mutación no es menor ya que la PMC rusa participó intensivamente en territorio centroafricano para garantizar control territorial, lograron ser uno de los soportes que garantizó el desarrollo de los comicios electorales del 2020 y también los comicios para la reforma electoral del 2023 (Estürk, 2025).
Así, los acuerdos alcanzados en N’Djamena son promovidos en una situación compleja en la que el gobierno nacional encara un proceso electoral trascendental con un actor político cuya estructura pareciera haber mutado. Los Acuerdos de N’Djamena establecieron, en primer lugar, el compromiso del Estado de reconocer formalmente a los excombatientes de UPC y 3R como interlocutores políticos legítimos, incorporándolos al proceso de desarme, desmovilización y reintegración. A cambio, ambos grupos se comprometieron a cesar sus hostilidades contra las fuerzas estatales y frente a la MINUSCA.
También se puede advertir que esta estrategia busca alcanzar la fragmentación de los actores armados, debilitando la cohesión para la conformación de nuevas coaliciones como en el año 2020. Sin embargo, este tipo de estrategias podrían generar esquemas de pactos y acuerdos sin garantizar perspectivas mayores de estabilidad a mediano plazo. Como resultado de esto, los acuerdos generan la desagregación de las fuerzas opositoras al gobierno nacional, pero sin estructurar un verdadero arco de contención que brinde sostenibilidad institucional al proyecto político de Touadera. Como consecuencia, dependerá de los resultados electorales el efectivo cumplimiento de lo allí acordado, tanto en materia de desorganización de los grupos paramilitares como para que perduren los pactos post recambio presidencial.
Finalmente, aunque la Unión Africana y la CEEAC celebraron el acuerdo como un paso hacia la estabilización del país, su implementación ha revelado múltiples desafíos (Unión Africana, 2025). Si bien en julio de 2025 se anunció oficialmente la disolución de las estructuras militares de UPC y 3R, persistieron focos de violencia en zonas como Haut-Mbomou y Nana-Mambéré, donde se registraron tensiones intercomunitarias y disputas por el control de rutas comerciales. En este contexto, los Acuerdos de N’Djamena representan tanto una oportunidad parcial de pacificación como un recordatorio de la complejidad del proceso centroafricano, donde los acuerdos formales coexisten con dinámicas de violencia localizadas que resisten las lógicas centralizadas del Estado.
A su vez, los marcos de acuerdos atañen a la dimensión rebelde y paramilitar, dejando en suspenso la diversidad de instrumentos empleados por el gobierno nacional con la intención de tercerizar la seguridad estatal y el control territorial. De esta forma, las condiciones estructurales de la violencia política centroafricana, lejos de resolverse, permanecen bajo cierta contención relativa hasta que se realicen los comicios electorales.
Conclusiones
El gobierno de Touadera articuló los nuevos Acuerdos de N’Djamena con la misma funcionalidad política de aquellos realizados en el año 2020: obtener un instrumento de legitimación previo al proceso electoral. Sin embargo, como en aquel entonces, se propuso una arquitectura que se sustenta en acuerdos, pactos y alianzas donde el presidente tiene un rol central en carácter de articulador. Las nuevas elecciones están marcadas por la carrera a un tercer mandato consecutivo, generando tensiones que pueden poner en jaque este acuerdo con los diferentes grupos rebeldes. El gobierno aún no cuenta con control territorial total, aunque algunas organizaciones rebeldes se hayan desarticulado, por lo que persisten lógicas de enfrentamiento y violencia armada con potencialidad de escalar otra vez. Como consecuencia, los próximos meses serán claves de cara al proceso electoral. De no cumplirse las expectativas de los grupos opositores podría observarse un escenario complejo donde República Centroafricana atraviese una oleada de violencia intensa, pero con respaldos internacionales inciertos dado los antecedentes de la crisis electoral del 2020. En definitiva, queda medio año en el cuál se pondrá a juego este entramado de alianzas personales y su funcionalidad para contribuir a la estabilidad del estado centroafricano.
Bibliografía
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Mudge, L. (2023). “Referendum threatens democracy in Central African Republic”. Human Rights Watch. Enlace disponible en: https://www.hrw.org/news/2023/07/31/referendum-threatens-democracy-central-african-republic
Naciones Unidas (2019). “Political Agreement for Peace and Reconciliation in the Central African Republic”. Naciones Unidas. Enlace disponible en: https://docs.un.org/en/S/2019/145
Naciones Unidas (2020). “Central African Republic: Security Council reflects on peace deal anniversary”. ONU Noticias. Enlace disponible en: https://news.un.org/en/story/2020/02/1057731
Surprenant, A. (2020). “Old faces, familiar fears: Central African Republic’s tense election”. The New Humanitarian. Enlace disponible en: https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/12/1/central-african-republic-elections-boziz%C3%A9-touad%C3%A9ra-peace-deal
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; (2021). “CAR: Experts alarmed by government’s use of ‘Russian trainers’, close contacts with UN peacekeepers”. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Enlace disponible en: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/car-experts-alarmed-governments-use-russian-trainers-close-contacts-un
Unión Africana (2025). “Chairperson of the African Union Commission Welcomes the 19 April Peace Agreement in the Central African Republic and the Dissolution of the UPC and 3R Armed Groups”. African Union. Enlace disponible en: https://au.int/en/pressreleases/20250718/auc-chairperson-welcomes-19-april-peace-agreement-central-african-repuplic
Valade, C. (2023). “Central African Republic’s new constitution makes permanent Touadéra presidency possible”. Le Monde. Enlace disponible en: https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/08/09/central-african-republic-s-new-constitution-establishes-a-permanent-touadera-presidency_6085724_124.html
Xinhua (2025). “Central African Republic to hold general elections in December”. Xinhua Noticias. Enlace disponible en: https://english.news.cn/africa/20250712/8d83afc94d3b4d3192a05d3f60411154/c.html
