Nicolás Santiago Cordini[1]

Introducción

La República Argentina concluyó de manera satisfactoria la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), proceso que constituye el estándar global para medir la solidez de los sistemas nacionales de prevención del lavado de activos (LA), del financiamiento del terrorismo (FT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).

El resultado positivo marca un hito institucional para el país, no solo por la validación internacional obtenida, sino también porque consolida la seguridad jurídica necesaria para favorecer la inversión extranjera, fortalecer la confianza del sistema financiero y profundizar la integración en los mercados globales. La evaluación, conducida sobre estándares técnicos y de efectividad, analizó la situación argentina a partir de la visita in situ realizada en marzo de 2024.

Desarrollo

En los últimos años, el país desplegó un proceso de adecuación normativa e institucional que el GAFI valoró de manera significativa. Entre los avances más relevantes se destacan:

1. Reforma de la Ley 25.246 y modificaciones al Código Penal, orientadas a robustecer el régimen administrativo-preventivo y la persecución penal del LA y el FT.
2. Incorporación de nuevos sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), incluyendo abogados y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
3. Actualización de regímenes normativos para contadores, corredores inmobiliarios matriculados y operadores de arte, antigüedades y joyas, sectores históricamente sensibles al riesgo.
4. Revisión del sistema de Reportes de Operación Sospechosa (ROS), que incorporó ajustes en plazos, tipologías y la inclusión del ROS por proliferación de armas de destrucción masiva.
5. Creación de registros clave para la transparencia, entre ellos el Registro Único de Beneficiarios Finales (ex AFIP) y el Registro de PSAV (CNV).

Estas reformas reflejan un alineamiento estructural con las 40 Recomendaciones del GAFI y anticipan una profundización de los controles en sectores tradicionalmente expuestos.

El informe destaca que Argentina ha mejorado de forma significativa su entendimiento de los riesgos de LA y FT a través de sus Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR). Existe una apreciación creciente de los riesgos geográficos, en particular en zonas críticas como la Triple Frontera, y una mayor articulación interinstitucional.

No obstante, el GAFI señala déficits persistentes, especialmente en:

1. La falta de una comprensión exhaustiva del impacto de la informalidad y la corrupción como motores del LA.
2. Diferencias importantes entre sectores respecto del entendimiento de los riesgos de FT.
3. Limitada incorporación de riesgos emergentes vinculados a activos virtuales y estructuras societarias complejas.

El sistema argentino presenta mecanismos de coordinación nacional adecuados, articulados en torno al Comité de Coordinación Nacional ALA/CFT/CFP. La UIF desempeña un rol central tanto en supervisión como en articulación operativa, apoyada por mesas de trabajo ad hoc que reúnen a distintos organismos.

Sin embargo, el informe señala que aún no existen procedimientos operativos estándar que regulen la cooperación en situaciones complejas o de alto riesgo, lo que genera respuestas dispares entre organismos.

Asimismo, aunque se observa coherencia general entre políticas, objetivos y riesgos nacionales, el país enfrenta desafíos para consolidar mecanismos estables de carácter federal.

Las autoridades de orden público (fiscales, jueces e investigadores) utilizan de manera creciente la información provista por la UIF y otras fuentes nacionales e internacionales. La PROCELAC cumple un rol clave en la investigación económica y financiera.

El GAFI reconoce mejoras en la cantidad y calidad de investigaciones, pero advierte:

1. Bajo nivel de ROS provenientes de sectores de alto riesgo (inmobiliarias, valores, PSAV, abogados).
2. Problemas de calidad en los ROS y uso limitado de información de movimientos transfronterizos.
3. Sólo 91 condenas por LA en el período evaluado, cifra considerada baja para el tamaño y perfil de riesgo del país.
4. Aplicación dispar del concepto de investigación financiera paralela.
5. Duración prolongada de los procesos judiciales, lo cual reduce la efectividad del sistema penal.

En algunos casos, el equipo evaluador manifestó preocupación respecto a la independencia funcional de la UIF en asuntos vinculados a corrupción, aunque ello se limita a episodios puntuales.

Argentina ha adoptado un enfoque estratégico sobre el recupero de activos ilícitos, ampliando sus herramientas legales y consolidando unidades especializadas. El país registra avances en decomisos relacionados con delitos económicos y lavado.

Sin embargo, persisten desafíos:

1. Resultados modestos en decomiso de activos trasladados al exterior.
2. Detección limitada del transporte transfronterizo de efectivo ilícito.
3. Problemas en la calidad y disponibilidad de estadísticas, que afectan la toma de decisiones.
4. Internalización aún parcial del nuevo paradigma en fiscalías y juzgados de todo el país.

El marco regulatorio argentino  contra el financiamiento del terrorismo es considerado adecuado, con unidades fiscales especializadas destinadas a investigaciones de FT. El país inició seis investigaciones durante el período evaluado, cifra razonable para su nivel de riesgo.

No obstante:

1. La ausencia de condenas por FT impide evaluar la efectividad sancionatoria.
2. La identificación de casos depende fuertemente de los ROS de FT, que son escasos y de calidad irregular.
3. El acercamiento a sujetos obligados y el trabajo proactivo para detectar señales de FT son todavía limitados.

Argentina ha aplicado medidas alternativas y ejecutado congelamientos conforme a las Resoluciones ONU 1267 y 1373, pero persisten deficiencias técnicas que restringen la eficacia del sistema.

Uno de los señalamientos más relevantes se vincula a la ausencia, durante el período evaluado, de obligaciones específicas para prevenir el financiamiento de la proliferación, tanto para instituciones financieras como para APNFD y PSAV.

Esta brecha afecta severamente la capacidad del Estado para:

1. Detectar e impedir flujos vinculados a armas de destrucción masiva.
2. Implementar sanciones financieras dirigidas.
3. Contar con una autoridad competente para supervisar y sancionar el incumplimiento.

El país ha comenzado a diseñar un marco correctivo, pero su implementación plena es todavía incipiente.

Argentina cuenta con supervisores especializados (BCRA, CNV, UIF y organismos de control estatales) que aplican matrices de riesgo y realizan controles de acceso al mercado. El BCRA y la CNV exhiben una cobertura robusta, mientras que la UIF enfrenta limitaciones por el gran volumen de sujetos obligados.

Persisten brechas importantes:

1. Supervisión insuficiente de PSAV, abogados y proveedores de servicios societarios hasta la visita in situ.
2. Régimen sancionatorio poco disuasivo.
3. Escasa detección y sanción de operadores informales de transferencia de dinero.
4. Información sobre beneficiarios finales incompleta o no verificada.

Argentina mantiene un nivel adecuado de cooperación jurídica internacional, tanto en asistencia legal mutua como en extradición. La AFIP destaca por su intercambio de información tributaria y aduanera.

Sin embargo:

1. Las solicitudes vinculadas con recupero de activos aún no son consistentes con el perfil de riesgo.
2. La cooperación en movimientos transfronterizos de dinero es limitada.
3. Los supervisores prudenciales dependen excesivamente de la UIF para canalizar pedidos, mecanismo considerado poco eficiente.

Conclusión

El cierre favorable de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua representa un reconocimiento al proceso de reformas normativas, institucionales y operativas desarrollado por Argentina. El país ha logrado mejoras sustanciales en su comprensión del riesgo, en la coordinación interinstitucional y en la adecuación a los estándares internacionales.

No obstante, el GAFI identifica desafíos críticos que deberán ser priorizados:

1. Incrementar la calidad y cantidad de ROS en sectores de alto riesgo.
2. Acelerar y profundizar el régimen de financiamiento de la proliferación.
3. Mejorar las capacidades federales para investigaciones complejas de LA y FT.
4. Fortalecer el recupero de activos como política de Estado.
5. Optimizar la calidad de la información sobre beneficiarios finales.
6. Asegurar la independencia y la consistencia en el accionar de las instituciones clave.

Para Argentina, el cumplimiento sostenido de los estándares ALA/CFT no constituye solo una obligación internacional, sino una política estratégica para fortalecer el Estado de derecho, reducir la economía criminal y consolidar la confianza en su sistema financiero.

[1] Doctor en Derecho, Magister en Derecho y Especialista en Derecho Penal.