Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).                                           

Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC).

Elaborado por: Herrera, Luisa Fernanda^[1]

Introducción

El presente análisis aborda la situación actual de Argentina respecto a la transparencia en las compras públicas, la identificación del beneficiario final, la recuperación de activos y la integridad en la administración pública. El objetivo de esta nota es identificar los avances logrados, los desafíos persistentes y las áreas que requieren mayor atención y reforma legislativa e institucional.

I. Compras Públicas y Transparencia

La gestión de las compras públicas en Argentina, que incluye la adquisición de bienes, servicios y el desarrollo de obras públicas, aún opera con grandes márgenes de discrecionalidad debido a la inexistencia de una ley nacional que unifique su regulación. Esta falta de un marco normativo integral, a nivel nacional, constituye un desafío estructural para la transparencia y la uniformidad de los procedimientos.

No obstante, se han registrado avances significativos, principalmente a través de la implementación de herramientas digitales que fomentan la publicidad de los procesos en el sector público. Los principales hitos en este ámbito han sido:

• Los Sistemas de Compras Electrónicas y Portales Digitales: Se ha establecido un sistema de compras electrónicas y se han creado portales digitales donde se publicitan los procesos de adquisiciones estatales.
• El portal AR (comprar.gob.ar) se utiliza para la adquisición de bienes y servicios.
• El portal AR (contrat.ar) está destinado a las contrataciones de obras públicas.

El Sistema de Proveedores (SIPRO): Existe un Sistema de Proveedores que registra a todos los oferentes y beneficiarios de las contrataciones realizadas por la Administración Pública Nacional, incluyendo también a aquellos que estuvieron excluidos o presentan problemas para contratar con el Estado.

A pesar de estos avances y teniendo en cuenta que estos portales aglutinan información, estos datos no están organizados de forma integral, aunque sí están disponibles para el público en general. La clave entonces para una mayor transparencia reside en consolidar toda la información de manera completa y accesible, minimizando así los espacios para la opacidad y la discrecionalidad.

II. Transparencia del Beneficiario Final

El ámbito de la transparencia del beneficiario final en Argentina presenta notorias deficiencias y barreras de acceso a la información como se describe a continuación:

• Ausencia de Registro Público en Línea: Actualmente, no hay un registro en un sitio en línea que consolide la información de los beneficiarios finales.
• Barreras de Acceso y Costos: Para acceder a la información de los beneficiarios finales, cualquier sujeto obligado debe presentar un requerimiento formal a la Inspección General de Justicia (IGJ), lo cual implica un costo dinerario establecido por dicho organismo.
• Cambio en la Custodia de la Información: Se está trabajando en un cambio sustancial que consiste en que la información de los beneficiarios finales pase a estar bajo el poder de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), lo que permitiría a la Unidad de Información Financiera (UIF) acceder a ella.

El principal desafío a futuro, y una pieza fundamental para la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, es la creación del Registro Nacional Centralizado de personas jurídicas, garantizando el acceso público y gratuito a cualquier persona. Adicionalmente, queda pendiente definir con claridad los organismos públicos responsables de vigilar, monitorear y sancionar estas obligaciones, así como sus competencias y la articulación de sus acciones en un sistema integral.

III. Recuperación de Activos

La recuperación de activos provenientes de delitos es un pilar fundamental en la lucha contra la criminalidad económica y la corrupción. En Argentina, se han dado pasos importantes, pero persisten obstáculos significativos como se delinean a continuación:

• El Decomiso sin Condena: La legislación actual permite el decomiso de bienes sin necesidad de una condena firme en casos de delitos de narcotráfico y contra el orden económico y financiero.
• El Requisito de Condena Firme: Sin embargo, para otros casos (según la Ley 20.785 de 1974), se requiere una condena firme antes de proceder al decomiso de activos y/o bienes.

La tarea de recuperar los bienes sustraídos del patrimonio público se ve dificultada por varios factores:

• La Falta de Registros: No existe un registro completo e histórico de bienes secuestrados y decomisados durante los procesos penales.
• La Falta de Diferenciación de Delitos: Se complica la recuperación por la falta de diferenciación entre los delitos contra la Administración Pública y los delitos comunes.
• Los Obstáculos Administrativos: Los activos recuperados enfrentan obstáculos para ingresar al patrimonio del Poder Judicial. La desorganización administrativa es tan grande que cada juez debe gestionar los bienes decomisados de forma individualizada.

Sin embargo, existen distintas Instituciones que sirven de apoyo a la tarea del Ministerio Público Fiscal, como por ejemplo:

• La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC): Colabora con los Fiscales en las investigaciones o realiza investigaciones preliminares que pueden derivar en denuncias formales.
• La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA): Cumple un rol similar al de la PROCELAC, pero se enfoca específicamente en los delitos contra la Administración Pública.
• Las Direcciones Generales: Existen la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.

IV. Integridad en la Administración Pública

La integridad en la función pública se rige por la Ley de Ética Pública (Ley 25.188, sancionada en 1999), una normativa que se encuentra en proceso de modificación pero que ha tenido avances en materia de prevención de ilícitos por Corrupción, además del proceso de modificación de la ley misma:

• El Registro de Obsequios y Viajes: En 2017 se crearon registros de obsequios y de viajes financiados por terceros para garantizar la transparencia de estos beneficios.
• Las Declaraciones Juradas Integrales: Las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios públicos son integrales, conteniendo datos patrimoniales, información sobre situación laboral, incompatibilidades y conflictos de interés.

Debilidades de la Ley 25.188:

La Ley de Ética de la Función Pública presenta debilidades que reducen la efectividad del control de gestión como por ejemplo:

• La falta de independencia orgánica de la Autoridad de Aplicación (Oficina Anticorrupción – OA).
• El bajo cumplimiento de la norma por parte del Poder Legislativo y Judicial.

Proceso de Modificación de la Ley:

La Oficina Anticorrupción (OA) inició un proceso de modificación de la norma como se había mencionado anteriormente y desde febrero de 2022, la OA habilitó la participación ciudadana en la modificación de la ley. Una vez definido el texto, deberá contar con el aval del Ejecutivo y el Congreso.

Conclusión

Argentina ha mostrado voluntad de avanzar en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, materializada en la creación de portales de compras públicas, organismos especializados como PROCELAC y PIA, y la reforma en curso de la Ley de Ética Pública. Sin embargo, los desafíos persisten en la necesidad de consolidar un nuevo marco legal nacional para las compras públicas, crear el Registro Nacional Centralizado de Beneficiarios Finales con acceso público y gratuito, y superar la desorganización administrativa y la falta de registros completos que dificultan la recuperación efectiva de activos.

Fortalecer la independencia de la Autoridad de Aplicación en materia de ética pública y asegurar el cumplimiento de la norma en todos los poderes del Estado son tareas pendientes que determinarán la efectividad de las reformas en curso.

Es necesario promover las articulaciones necesarias entre los organismos de control (UIF, AFIP, OA, Ministerio Público Fiscal) para lograr un sistema de integridad y prevención más robusto.

[1] Magíster en Políticas Públicas por FLACSO, Argentina, obteniendo la calificación de Distinguida (2021).

Lic. en Antropología & Lic. en Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales por la Universidad Icesi de Colombia (2015).

Actualmente es Coordinadora Académica y Docente Universitaria de la Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2018.

Miembro. Observatorio de Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC). Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). Universidad Nacional de La Plata (UNLP). (Diciembre de 2021-Actualidad). Mail: lfherrera.consultancy@gmail.com