La crisis política y social que atraviesa Bolivia en las últimas semanas vuelve a poner en evidencia una característica estructural de numerosos procesos latinoamericanos contemporáneos: la enorme dificultad de transformar modelos económicos y políticos cuando los sectores que pierden capacidad de poder conservan todavía una fuerte presencia territorial, sindical y corporativa. Los bloqueos de rutas, paros, protestas y episodios de tensión registrados en distintas regiones del país durante los últimos quince días no pueden interpretarse únicamente como expresiones espontáneas de malestar social. Detrás de ellos aparece una disputa más profunda vinculada al reordenamiento del poder político tras el agotamiento del ciclo dominante del Movimiento al Socialismo (MAS) y, particularmente, del liderazgo construido alrededor de Evo Morales.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta un escenario extremadamente complejo. Cuando asumió en noviembre de 2025, Bolivia ya atravesaba una situación económica y social profundamente deteriorada, con una combinación extremadamente delicada de déficit fiscal, reducción de reservas internacionales, presión cambiaria y creciente pérdida de confianza de inversores y sectores productivos. Las reservas internacionales netas cerraron 2025 por debajo de los 2.000 millones de dólares, muy lejos de los más de 15.000 millones alcanzados durante el auge gasífero. La deuda pública total ronda actualmente el 85% del Producto Bruto Interno si se considera deuda interna y externa consolidada, mientras que la deuda externa supera los 14.000 millones de dólares.
La crisis actual debe analizarse precisamente como consecuencia de los desajustes heredados del último tramo del gobierno de Arce y del agotamiento progresivo del modelo económico construido durante los años de hegemonía del MAS. Durante la etapa de bonanza hidrocarburífera, Bolivia logró sostener elevados niveles de gasto público, subsidios y expansión estatal gracias a la renta del gas natural. Sin embargo, la falta de nuevas exploraciones energéticas, la caída de reservas gasíferas y la ausencia de diversificación productiva comenzaron a erosionar progresivamente ese esquema. Luis Arce intentó parcialmente corregir algunos desequilibrios estructurales, particularmente en relación con la necesidad de atraer inversiones en hidrocarburos, minería e infraestructura, pero esos intentos chocaron permanentemente con el núcleo duro del evismo, que veía cualquier flexibilización económica como una amenaza política.
La disputa interna dentro del MAS terminó paralizando buena parte de las reformas necesarias y agravando el deterioro macroeconómico.
A este cuadro se suma un problema estructural central: el altísimo nivel de informalidad de la economía boliviana. Diversos estudios estiman que entre el 70% y el 80% de la población económicamente activa trabaja en condiciones de informalidad, convirtiendo a Bolivia en una de las economías informales más grandes de América Latina. Este fenómeno genera una enorme vulnerabilidad social y limita la capacidad del Estado para sostener políticas fiscales de largo plazo. Al mismo tiempo, cualquier alteración de precios, subsidios o costos de transporte impacta inmediatamente sobre millones de personas que dependen del trabajo diario y de circuitos económicos precarios.
La pobreza continúa siendo otro factor estructural de presión social. Aunque durante los años de auge económico Bolivia logró reducir parcialmente los índices de pobreza, el deterioro económico reciente volvió a agravar la situación. Actualmente, más del 35% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y cerca del 12% en situación de pobreza extrema, con mayores niveles de vulnerabilidad en áreas rurales e indígenas. En este contexto, el aumento del costo de vida generado por la suba internacional del petróleo y de los combustibles repercute directamente sobre alimentos, transporte y bienes básicos, amplificando el malestar cotidiano.
Hoy, bajo la nueva administración, la tensión parece reproducirse en un escenario todavía más delicado. Las medidas impulsadas por el nuevo gobierno —orientadas a estabilizar variables macroeconómicas, recuperar credibilidad financiera, atraer inversiones y reactivar proyectos de infraestructura— comenzaron rápidamente a afectar intereses concretos de sectores vinculados al antiguo esquema de poder político y corporativo. En este sentido, buena parte de los bloqueos recientes adquieren un fuerte contenido político. Más que simples protestas sociales, se observa una articulación de organizaciones vinculadas al MAS y al evismo que buscan impedir la consolidación de un nuevo rumbo económico y político.
Entre los actores más activos en la resistencia al nuevo gobierno aparecen sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas e indígenas vinculadas al denominado Pacto de Unidad, federaciones cocaleras del Chapare y estructuras territoriales cercanas al ex presidente cocalero. Estas organizaciones mantienen todavía una importante capacidad de movilización y control territorial, especialmente en regiones rurales y periurbanas. La disputa ya no es únicamente ideológica: también involucra la preservación de espacios de poder político, influencia sindical y control sobre recursos y estructuras construidas durante el largo ciclo del MAS.
Lo cierto es que, en medio de esta escalada de conflictividad, también aparece un elemento político difícil de ignorar: para el núcleo duro del evismo, la profundización de la crisis social y la presión sobre el gobierno de Rodrigo Paz resultan funcionales para desplazar del centro de la escena pública las causas judiciales y cuestionamientos que pesan sobre Morales. La conflictividad territorial y la movilización permanente operan así no sólo como herramientas de resistencia frente a las reformas económicas, sino también como mecanismos de reposicionamiento político de un liderazgo que busca conservar centralidad dentro del escenario boliviano.
El vínculo económico con Brasil ilustra claramente las limitaciones estructurales del modelo boliviano. Brasil continúa siendo el principal socio comercial del país, concentrando alrededor del 14% de su comercio exterior. En 2024, el intercambio bilateral superó los 2.900 millones de dólares, aunque fuertemente concentrado en gas natural, que representa aproximadamente el 86% de las exportaciones bolivianas hacia el mercado brasileño. Esta dependencia de un único recurso energético refleja la escasa diversificación exportadora y la insuficiente capacidad de generación de nuevas cadenas de valor.
En este contexto, los proyectos de integración física y corredores bioceánicos adquieren una relevancia estratégica creciente. El gobierno actual intenta retomar iniciativas de infraestructura orientadas a mejorar conectividad, logística y acceso a mercados internacionales, particularmente a través de la integración al Corredor Bioceánico de Capricornio y la articulación con Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Sin embargo, varios de estos proyectos encuentran resistencia en sectores indígenas y organizaciones sociales vinculadas históricamente a estructuras políticas de izquierda, que observan estas iniciativas con desconfianza o las consideran funcionales a intereses externos.
La dimensión económica de la crisis comenzó además a generar preocupación creciente en el sector empresarial boliviano. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estimó que las pérdidas derivadas de los bloqueos y protestas ya superan los 500 millones de dólares en poco más de diez días, afectando particularmente al comercio exterior, el transporte, el turismo y la agroindustria. Las entidades empresariales sostienen que la conflictividad permanente deteriora la seguridad jurídica, afecta la imagen internacional del país y desalienta inversiones en momentos donde Bolivia necesita precisamente recuperar confianza y capitales.
En paralelo a la crisis interna, también se observa una redefinición de la política exterior boliviana. Durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, Bolivia consolidó vínculos estratégicos con Irán y Rusia dentro de un esquema diplomático fuertemente ideologizado y alineado con posiciones antiestadounidenses. Sin embargo, la administración de Rodrigo Paz y la conducción del canciller Fernando Aramayo comenzaron a reorientar la inserción internacional del país hacia un enfoque más pragmático y orientado a la apertura económica, la integración regional y la normalización diplomática con Occidente. Desde las Relaciones Internacionales, esta nueva orientación puede definirse como una política exterior de “pragmatismo estratégico periférico”: una lógica que intenta abandonar los alineamientos rígidamente ideológicos para priorizar estabilidad macroeconómica, atracción de inversiones, infraestructura e inserción competitiva dentro de un sistema internacional crecientemente multipolar.
China ocupa un lugar central dentro de esta reconfiguración diplomática y constituye probablemente el vínculo internacional más delicado que debe administrar el nuevo gobierno. Durante los años del MAS, Beijing consolidó una fuerte presencia económica en Bolivia mediante financiamiento de infraestructura, cooperación tecnológica, inversiones mineras y participación creciente en proyectos vinculados al litio y a recursos estratégicos. Actualmente, la administración Paz intenta mantener esa relación sin romper los puentes construidos en los últimos años, consciente de que China continúa siendo un actor clave para el financiamiento y la infraestructura regional.
En este escenario, Argentina ocupa un lugar particularmente sensible dentro de la política exterior boliviana. Ambos países mantienen una relación de interdependencia fronteriza, energética, migratoria y comercial difícil de disociar de la estabilidad regional. Argentina alberga la colectividad boliviana más numerosa del exterior y provincias como Jujuy y Salta poseen una integración cotidiana con Bolivia que trasciende lo estrictamente estatal. La evolución de la crisis boliviana impacta directamente sobre flujos migratorios, comercio fronterizo, abastecimiento energético y dinámicas sociales del norte argentino. Por ello, el vínculo bilateral puede caracterizarse como una relación de “interdependencia fronteriza asimétrica”, donde la estabilidad interna de Bolivia tiene consecuencias inmediatas sobre el territorio argentino.
La administración de Javier Milei observa esta situación desde una lógica dual: por un lado, reforzando controles fronterizos y priorizando seguridad, migraciones y lucha contra economías ilegales; por otro, comprendiendo que una desestabilización profunda de Bolivia afectaría directamente los intereses argentinos en materia comercial, energética y logística. No casualmente, el gobierno argentino dispuso recientemente el envío de dos aeronaves de asistencia y apoyo hacia Bolivia, en una señal política y humanitaria que refleja la importancia estratégica que Buenos Aires asigna a la estabilidad del país vecino. Más allá de las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos, comienza a consolidarse un vínculo más pragmático, centrado menos en afinidades políticas y más en la necesidad compartida de estabilidad regional, integración física y funcionamiento de corredores estratégicos como el Bioceánico de Capricornio.
La fragilidad del escenario político boliviano se profundiza además por las propias tensiones internas dentro de la coalición gobernante. El presidente Paz llegó al Palacio Quemado al frente de la alianza Unidad por la Patria, conocida políticamente como Alianza Patria o Patria-Unidos, un espacio heterogéneo construido alrededor de sectores moderados, regionales, empresariales y dirigentes que buscaban poner fin al ciclo dominante del MAS. Sin embargo, esa amplitud política que permitió construir una mayoría electoral también se traduce hoy en dificultades para consolidar cohesión interna y gobernabilidad. Dentro del propio oficialismo comienzan a observarse disputas estratégicas sobre la velocidad y profundidad de las reformas económicas y del proceso de apertura impulsado por el Ejecutivo.
A ello se suma un elemento particularmente sensible: distintos sectores políticos y analistas bolivianos señalan que el vicepresidente Edmand Lara mantiene vínculos de negociación y articulación con sectores opositores, incluidos espacios cercanos al evismo y antiguos actores del MAS, lo que introduce un factor adicional de inestabilidad dentro del gobierno. Esta situación alimenta sospechas sobre una posible estrategia de acumulación interna de poder y debilita la capacidad del presidente para consolidar una conducción política unificada en medio de la crisis. En términos institucionales, Bolivia enfrenta así un doble frente de tensión: por un lado, la presión territorial y corporativa impulsada desde afuera del gobierno; por otro, las disputas internas dentro de la propia coalición oficialista. El resultado es una administración obligada a gestionar simultáneamente conflictividad social, deterioro económico y fragmentación política, en un contexto donde cualquier señal de debilidad puede ser rápidamente aprovechada por los sectores que buscan bloquear el nuevo ciclo político abierto tras el predominio del MAS.
En definitiva, Bolivia atraviesa hoy mucho más que una crisis coyuntural. Lo que está ocurriendo es una disputa por el control del nuevo ciclo político posterior al predominio del MAS. El gobierno de Paz intenta avanzar hacia un esquema más pragmático y orientado a la estabilización económica, mientras los sectores desplazados del antiguo núcleo de poder buscan reorganizarse utilizando el conflicto social y territorial como herramienta de presión política. El resultado de esta tensión no sólo definirá el rumbo político y económico boliviano, sino también el lugar que el país ocupará dentro de la nueva arquitectura de integración y competencia regional en América del Sur.
Alejandro Safarov
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP
