*  Colombia ante las elecciones presidenciales: Dos visiones de seguridad, defensa y política exterior

Juan Camilo Mesa Bedoya[1]

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 dejaron a Colombia ante una segunda vuelta que va mucho más allá de una competencia ordinaria, es una disputa de fondo sobre el modelo de Estado, la arquitectura de seguridad, la relación con Estados Unidos y el lugar del país en América Latina. Abelardo de la Espriella, candidato de Extrema Derecha, encabezó la primera vuelta con el 43,74 % de los votos; Iván Cepeda, de Izquierda y candidato oficialista vinculado al proyecto de Gustavo Petro, obtuvo el 40,90 %. La diferencia de apenas tres puntos convierte al balotaje del 21 de junio en una definición ajustada con implicaciones regionales de primer orden.

El país que recibirá el próximo gobierno arrastra un problema estructural que condiciona cualquier agenda de gobierno: el narcotráfico y la violencia organizada. Según la UNODC, en 2023 Colombia alcanzó 253.000 hectáreas de cultivos de coca, el nivel más alto en más de dos décadas, con una producción potencial estimada en 2.644 toneladas métricas de cocaína. A ello se suma una realidad interna alarmante, y es que más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados, presencia en cerca de 600 municipios, al menos 14 zonas de disputa activa y el uso creciente de tecnología como drones (más de 500 ataques ofensivos en tres años según el Ministerio de Defensa). Las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y redes criminales transnacionales controlan amplias zonas de Nariño, Cauca, Putumayo, el Catatumbo y el litoral Pacífico.

Es en este escenario donde las propuestas de ambos candidatos adquieren su verdadero peso estratégico.

Perfiles y orientaciones estratégicas

Iván Cepeda Castro es senador y figura central de la izquierda colombiana, con una larga trayectoria en derechos humanos, facilitación de procesos de paz con las FARC y el ELN, y control político. Su programa representa la continuidad, y en algunos aspectos, la profundización del gobierno de Gustavo Petro, articulado en tres ejes que él denomina «revoluciones»: ética, social-económica y política.

En materia de seguridad y defensa, Cepeda parte de una premisa fundamental: la coerción estatal sola no puede resolver el conflicto colombiano. Su propuesta apuesta por la seguridad humana, la transformación territorial y la implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016. Propone retomar los diálogos con grupos armados, incluyendo las disidencias de las FARC y el ELN, pero condicionados al cese efectivo de hostilidades contra la población civil. Frente al narcotráfico, promueve la sustitución voluntaria de cultivos, una ofensiva centrada en las grandes estructuras del crimen organizado (no en los campesinos cocaleros) y una redefinición concertada de la política antidrogas que haga corresponsable a Estados Unidos por su rol en el consumo.

En política exterior, Cepeda propone una reorientación soberanista y multilateral bajo la lógica del respice similia, mirar hacia América Latina, fortalecer CELAC y la integración regional, normalizar la relación con Venezuela, rechazar la instalación de bases militares extranjeras en la región y abandonar el modelo prohibicionista de drogas. Concibe la política exterior como continuidad del giro autonómico iniciado por Petro.

Abelardo de la Espriella es abogado penalista y empresario cordobés, un outsider político que canalizó el descontento de amplios sectores frente a la inseguridad, la percepción de impunidad y el deterioro del orden público bajo el gobierno de Petro. Su fórmula vicepresidencial es el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. El programa de gobierno (con una extensión de tres páginas), identifica cuatro amenazas centrales: el autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción política y la penetración del narcotráfico en las instituciones.

Su propuesta de seguridad apuesta por una política de «mano dura», fortalecimiento militar y policial, combate frontal al crimen organizado, revisión y eventual abandono de las negociaciones con los grupos armados que no demuestren voluntad real de paz, eradicación forzada de cultivos ilícitos y tolerancia cero con las economías ilegales. Propone reconstruir la autoridad estatal en los territorios donde el Estado perdió control bajo la lógica de la «Paz Total».

En política exterior, De la Espriella representa un retorno al respice polum: reorientar la política exterior hacia Estados Unidos, recuperar el alineamiento securitario con Washington, apoyar la estrategia antidrogas tradicional y reconstruir la imagen de Colombia como socio estratégico confiable en el hemisferio. Detrás de su candidatura confluyen apoyos empresariales, sectores conservadores, la derecha religiosa y buena parte del espacio político del uribismo, incluyendo el respaldo explícito del expresidente Álvaro Uribe.

Implicaciones regionales: narcotráfico, seguridad y relaciones internacionales

Colombia no es únicamente el principal productor de cocaína del mundo, es el origen del 84 % de las muestras analizadas por la DEA en 2024, sino también el nodo articulador de rutas, redes y estructuras que operan a escala transnacional. Lo que suceda en Bogotá después del 21 de junio tendrá consecuencias directas sobre Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Centroamérica y México, así como sobre los vínculos entre los grupos armados colombianos y organizaciones criminales en toda la región. Cualquier cambio en la política antidrogas colombiana reordena las cadenas de producción, tráfico y lavado de activos que atraviesan la cuenca amazónica, el Pacífico y el Caribe.

Un gobierno de Cepeda daría continuidad al giro autonómico de Petro e intentaría consolidar a Colombia como actor activo en la construcción de paz global. Esto implicaría sostener la relación con Venezuela, socio clave para controlar los flujos migratorios y el ELN binacional, profundizar la integración amazónica, y promover en foros multilaterales una reforma del régimen internacional de drogas. Para la región, esto podría facilitar esquemas de cooperación más flexibles y una mayor coordinación entre países productores para presionar por políticas de reducción de la demanda en los mercados del norte.

Sin embargo, el escenario Cepeda también plantea interrogantes: ¿puede sostenerse una política de negociación simultánea con múltiples grupos armados sin que estos usen las treguas para fortalecerse? ¿Tiene Colombia la capacidad institucional para implementar la transformación territorial prometida en zonas donde el Estado sigue siendo una ficción? La viabilidad fiscal de las reformas y la fragmentación del conflicto representan los límites más severos de esta agenda.

Un gobierno de De la Espriella significaría el regreso al respice polum y la posible reconstrucción de la alianza estratégica con Washington. En el corto plazo, esto podría traducirse en mayor cooperación militar, retorno a la fumigación aérea con glifosato, extradición acelerada de narcotraficantes y eventual participación en iniciativas hemisféricas de seguridad lideradas por Estados Unidos. Para la administración Trump, o cualquier gobierno republicano en Washington, este realineamiento sería bienvenido y podría desbloquear recursos de cooperación suspendidos.

El riesgo estratégico de este escenario radica, sin embargo, en la historia, dado que las experiencias del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática de Uribe mostraron que la presión militar reduce temporalmente la violencia, pero no desmantela las estructuras económicas del narcotráfico ni resuelve las causas sociales del conflicto. La erradicación forzada sin sustitución sostenible tiende a desplazar los cultivos, no a eliminarlos. Y el abandono abrupto de los procesos de paz puede reactivar ciclos de violencia en territorios donde los grupos armados ya anticiparon el cambio de gobierno.

Más allá del narcotráfico, las elecciones colombianas afectan la dinámica hemisférica en varias dimensiones. La normalización o ruptura de la relación con Venezuela cambia las condiciones de operación del ELN, los flujos migratorios y la coordinación regional en materia de seguridad. La política amazónica colombiana tiene impacto directo sobre Brasil, Perú y Ecuador, donde las redes del crimen organizado transnacional (incluyendo carteles mexicanos y brasileños) han profundizado su penetración en los últimos años.

En este sentido, ninguno de los dos candidatos propone una arquitectura regional de seguridad articulada y cooperativa en sentido pleno. Cepeda ofrece multilateralismo y autonomía, pero sin mecanismos concretos de coordinación regional para el combate al crimen organizado. De la Espriella ofrece alineamiento con Washington, pero sin una estrategia clara para los actores armados que operan más allá de las fronteras colombianas.

Conclusiones

El balotaje del 21 de junio de 2026 no decidirá únicamente el rumbo interno de Colombia, sino que definirá el posicionamiento regional del país más estratégico de América del Sur y la orientación de su política de seguridad en un momento en que el crimen organizado transnacional se ha sofisticado tecnológica y financieramente más que en cualquier período anterior.

Desde mi perspectiva, pueden identificarse cuatro grandes tensiones que ninguno de los dos candidatos ha resuelto plenamente en sus propuestas:

1. La tensión entre presión militar y transformación territorial, dado que, la historia colombiana muestra que ambas son necesarias pero insuficientes por separado. El desafío es combinarlas con capacidad institucional real.
2. La tensión entre soberanía y cooperación, puesto que, el autonomismo de Cepeda como el alineamiento de De la Espriella tienen límites. Colombia necesita cooperación internacional para enfrentar el crimen transnacional, pero esa cooperación no puede ser incondicional ni subordi-nada.
3. La tensión entre negociación y coerción frente a los grupos armados, ya que la experiencia de la región sugiere que los procesos de paz exitosos combinan incentivos y presión; ningún enfoque unilateral ha funcionado de manera sostenible.
4. La tensión entre la agenda regional y las presiones externas, puesto que la relación con Estados Unidos, la crisis venezolana y el avance del crimen transnacional en la Amazonía generan demandas que ningún gobierno colombiano puede ignorar, independientemente de su orientación ideológica.

Lo que está claro es que el ganador enfrentará, desde el primer día, un Estado cuya presencia territorial sigue siendo fragmentaria, un conflicto que no admite soluciones de una sola variable y una inserción internacional que ningún gobierno puede redefinir de manera unilateral y sin costos. Colombia sigue siendo el laboratorio más complejo de América Latina en materia de seguridad, narcotráfico y construcción estatal. El resultado del 21 de junio marcará el rumbo de ese laboratorio y sus efectos se sentirán en toda la región.

[1] Doctor en Relaciones Internacionales IRI-UNLP, miembro de la Comisión Asesora del Doctorado en Relaciones Internacionales del IRI-UNLP.