Las imágenes de miles de personas cruzando a nado la frontera entre Marruecos y Ceuta dieron la vuelta al mundo con la misma rapidez con que se simplificaron las explicaciones que las acompañaban. El foco se concentró en la emergencia humanitaria, en el número de víctimas y en la presión migratoria sobre España. Sin embargo, esos acontecimientos solo pueden comprenderse si se inscriben en un proceso histórico mucho más amplio, en el que convergen la descolonización inconclusa del Sáhara Occidental, la relación entre España y Marruecos, el papel estratégico de Argelia y las disputas por los recursos naturales en el norte de África.

La dimensión humanitaria resulta ineludible. Miles de personas intentaron ingresar a Ceuta empujadas por condiciones sociales extremadamente adversas. Los elevados índices de informalidad laboral, pobreza y analfabetismo que afectan a amplios sectores de la población marroquí generan un escenario en el que cualquier posibilidad de movilidad hacia Europa aparece como una oportunidad de futuro. Detrás de cada intento de cruce hay una historia individual marcada por la precariedad, pero también un contexto estructural que excede las decisiones personales.

La crisis, sin embargo, no puede analizarse solo desde esa perspectiva. España y Marruecos mantienen desde hace décadas una relación atravesada por tensiones periódicas que se originan en la historia colonial de la región. El antiguo Sáhara Español sigue siendo un caso de descolonización inconclusa, reconocido como tal por las Naciones Unidas. La retirada española de 1975 no resolvió el estatus jurídico del territorio y dio paso a una ocupación marroquí que continúa hasta la actualidad. Ese conflicto sigue proyectando sus efectos sobre la política exterior española y sobre el equilibrio regional del Magreb.

Los acontecimientos recientes permiten advertir la superposición de varios factores. La visita oficial del presidente Pedro Sánchez a Argelia y el fortalecimiento de la cooperación energética entre ambos países son parte de ese cuadro. A esto se suman la media sanción, por parte del Congreso español, de una ley que amplía el acceso a la ciudadanía para determinados saharauis y sus descendientes; la sentencia del Tribunal Supremo de España que rechaza las “devoluciones en caliente” —prohibidas por el derecho internacional—; y las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los recursos provenientes del Sáhara Occidental incluidos en los acuerdos con Marruecos. En conjunto, estos hechos configuran un escenario político particularmente sensible.

A esto se suma la alianza entre Marruecos y Trump: de hecho, se anunció la construcción de una autopista que atravesaría el territorio del Sáhara Occidental y que llevaría el nombre del actual presidente estadounidense. Cabe entonces preguntarse qué pensará ahora Pedro Sánchez, después de haber declarado públicamente, hace poco tiempo, su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Las traiciones se pagan, y al poder parece no importarle que esas actitudes cuesten vidas inocentes.

Esta suma de hechos, en apariencia aislados, ofrece —considerada en conjunto— una explicación más compleja de la coyuntura que la que brindan las lecturas centradas únicamente en el fenómeno migratorio.

En este contexto adquiere también relevancia el vínculo entre Marruecos y Argelia. La rivalidad histórica entre ambos Estados forma parte de la arquitectura política del Magreb desde los procesos de independencia y sigue condicionando la dinámica regional. Argelia ocupa un lugar estratégico por su peso energético y por el respaldo histórico que brinda a la causa saharaui. Cualquier cambio en las relaciones entre Madrid y Argel —basta un dato: el 90 % del gas que consume España proviene de Argelia— repercute inevitablemente en la relación entre España y Marruecos y, por extensión, en la cuestión del Sáhara Occidental.

La persistencia del conflicto saharaui obliga también a observar el papel que desempeñan los recursos naturales. Las decisiones judiciales europeas que excluyen al Sáhara Occidental de determinados acuerdos comerciales con Marruecos confirman que el territorio conserva una identidad jurídica diferenciada. La explotación de esos recursos constituye uno de los ejes centrales de una disputa que trasciende el plano diplomático y se proyecta sobre el derecho internacional, la economía política y los procesos contemporáneos de descolonización.

La coyuntura de Ceuta pone de manifiesto que las migraciones internacionales difícilmente puedan explicarse a partir de factores aislados. Las desigualdades socioeconómicas, las decisiones de política exterior, las herencias coloniales y los intereses estratégicos convergen en un mismo espacio geográfico. La lectura fragmentada de estos procesos empobrece la comprensión del problema y termina invisibilizando las causas profundas que sostienen las crisis recurrentes en la región.

Comprender lo sucedido en Ceuta exige recuperar esa perspectiva histórica. En memoria de quienes murieron y por respeto a los derechos humanos, es necesario entender que el colonialismo dejó huellas que —también en su faceta de colonialidad— siguen organizando relaciones de poder, condicionando disputas territoriales y moldeando las estrategias de los actores involucrados. La crisis humanitaria es la expresión más visible de una trama geopolítica mucho más amplia, cuya resolución sigue pendiente mientras persistan los conflictos derivados de una descolonización aún inconclusa.

Luz Marina Mateo
Secretaria
Departamento de África
IRI-UNLP