Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo
Artículos
El «pragmatismo» de Meloni y su Plan Mattei: ¿respuesta para la transición o la seguridad energética?
Marco Morresi[1]
Introducción
El 22 de octubre de 2022 Italia vivenció un hecho histórico: por primera vez en la historia del país una mujer logró convertirse en la Presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, esta no fue la única novedad. El triunfo electoral de la coalición de centroderecha liderada por Giorgia Meloni significó también la conformación del primer gobierno en la historia de la Italia de posguerra cuyo partido mayoritario, Fratelli d´Italia (de aquí en adelante FdI), tiene sus raíces en la tradición posfascista (Tocci y Goretti, 2023). FdI, abrazando las ideas del nacionalismo, nació de una escisión política en 2012, y desde 2013, es liderado por Meloni. Con su victoria electoral, los interrogantes acerca de cuáles serían los principales lineamientos del nuevo gobierno, enraizado en ideales fascistas, fueron in crescendo.
Dicha incógnita se extendió hacia la postura que adoptaría el país ante la crisis energética europea, agravada tras el inicio de la guerra ruso-ucraniana en febrero de 2022. No obstante, la respuesta fue inmediata. Durante su discurso de investidura, Meloni anunció el lanzamiento del “Plan Mattei para África” con el objetivo de establecer alianzas en condiciones de igualdad y de forma no depredadora con el continente, estructuradas en torno a cinco sectores prioritarios: educación, salud, agua, agricultura y energía (Jaldi y Cercaci, 2025).
En lo que respecta al sector energético, el Plan plasma la ambición italiana de convertirse en un hub energético que conecte las importaciones de energía del Mediterráneo con la demanda energética europea (Raimondi, 2024). A su vez, el Marco Estratégico del Plan establece que las intervenciones de cooperación en el sector tendrán como objetivo la lucha, adaptación y mitigación del cambio climático (Presidencia del Consejo de Ministros, 2024). No obstante, algunos analistas advierten sobre la contradicción latente entre el relato oficial del Plan y una práctica supeditada a las prioridades de seguridad nacional (Núñez Vázquez, 2026).
En este sentido, el presente artículo apunta a describir el acervo ideacional del gobierno de FdI con respecto al cambio climático aunado a la “cuestión energética” e indagar si el diseño del Plan Mattei se forjó a la luz de la transición o de la seguridad energética italiana.
El “pragmatismo” de Meloni en torno el cambio climático
Giorgia Meloni arribó al Palacio Chigi en un contexto donde el cambio climático y la cuestión energética ganaban, nuevamente, centralidad en el discurso público (Campolongo et al., 2024). Las razones detrás de ello fueron diversas: desde fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones en Marcas, Emilia-Romaña y Toscana entre 2022 y 2023; hasta la aparición de nuevos movimientos ambientalistas con amplio respaldo (Biancalana et al., 2024), y la guerra ruso-ucraniana, que afectó profundamente a las democracias europeas que dependían del suministro de gas ruso (Von Hoymer et al., 2021 como se citó en Campolongo et al., 2024).
Frente a tales cuestiones, el discurso y accionar de la mandataria italiana destacaron por su ambigüedad. En efecto, Raimondi (2024) resaltó la dicotomía existente entre la retórica esgrimida por Meloni dentro de las fronteras nacionales y la conducta asumida ante las instituciones europeas. De este modo, el gobierno italiano parecía tener dos audiencias claramente diferenciadas al momento de disertar sobre el cambio climático: la doméstica y la regional/internacional (Di Donfrancesco, 2023).
Este desdoblamiento se debe a la naturaleza de los actores en cada arena. Dentro de la arena doméstica, Meloni debe complacer a su propio gobierno, el cual está constituido por partidos políticos que históricamente se mostraron escépticos con respecto al cambio climático, al punto de caracterizar a la transición verde como ideológicamente sesgada (Di Donfrascesco, 2023). Dentro de su gabinete también se encuentran personalidades como Matteo Salvini, ministro de infraestructura, quien afirmó que el derretimiento de los glaciares es un fenómeno natural y recurrente, a pesar de que los datos demuestran lo contrario[2] (Di Donfrancesco, 2023). Sin embargo, igual de cierto fue el compromiso de reducir las emisiones de carbono que Meloni asumió en la COP27, celebrada a los pocos días de su investidura (Di Donfrascesco, 2023). Esto se explica porque la Unión Europea (de aquí en adelante UE) constituye el espacio natural de inserción internacional de Italia. Por ello, si la primera ministra quiere lograr su objetivo de que Italia “vuelva a ser protagonista de Europa” (Tocci y Goretti, 2023), el país debe ajustarse a las prioridades del bloque regional. E indudablemente, el cambio climático es una de ellas.
Sin embargo, mientras algunos tildan de ambiguo el proceder de Meloni con respecto al cambio climático, ella misma describe su accionar como “pragmático”. Así, durante la 80ª Reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Meloni hizo un llamamiento a detener los planes ecológicos insostenibles en Europa y Occidente, que, a su parecer, no estaban conduciendo a la descarbonización, sino a la desindustrialización (Meloni, 2025). En esta misma línea, Meloni (2025) se refirió al ecologismo insostenible como uno de los principales destructores del sector automotriz en Europa y como promotor de la pérdida de empleos y competitividad. Según la visión de la mandataria italiana “afirmar esto no es negar el cambio climático, […], sino afirmar la razón, lo que significa “reformas graduales en lugar del extremismo ideológico”, y mantener a la humanidad en el centro” (Meloni, 2025, párr. 34).
La cuestión energética a través del marco eco-nacionalista
El pragmatismo de la primera ministra con respecto al cambio climático surtió efectos sobre el tratamiento dispensado hacia la cuestión energética. Como se mencionó, Meloni asumió en un contexto regional atravesado por el agravamiento de la crisis energética debido a la guerra ruso-ucraniana y a la decisión de Moscú de recurrir a una de sus tradicionales tácticas de presión: la conversión del gas natural en arma política. De este modo, Rusia redujo deliberadamente el suministro de gas al mercado europeo (Raimondi, 2024) y Roma, debido a la particularidad de su matriz energética, fue uno de los principales damnificados.
Las características del mix energético italiano que afectaron al país durante la crisis del 2021/22 fueron diversas. En primer lugar, cabe destacar que Italia no sólo es uno de los países con mayor consumo energético de la UE, sino que, además, su matriz se caracteriza por la alta participación de combustibles fósiles y la gran dependencia para con las importaciones, llegando a importar más del 90% de su energía (Raimondi, 2024). En segundo lugar, el gas natural es el principal responsable de la generación eléctrica del país. Mientras que, en el 2000, el 37% de la energía provenía del gas natural, en el año 2021 dicho porcentaje aumentó al 50% (Raimondi, 2024). Por último, la dependencia italiana al gas natural es doblemente reforzada por el hecho de que el 40% de las importaciones provienen de Rusia (Raimondi, 2024).
En un escenario con tales características, la cuestión energética cobró relevancia en el debate público italiano, siendo ejemplo de ello sus reiteradas menciones en los manifiestos de los partidos políticos para las elecciones del 2022. De este modo, Campolongo et al. (2024) analizaron cómo dichos partidos enmarcaron la cuestión energética, y más específicamente, la transición energética. Observar el manifiesto de FdI resulta de gran utilidad para comprender cómo el ahora partido oficialista entiende la crisis y la transición energética, y qué soluciones posibles propone. 3
En este sentido, FdI circunscribió la cuestión energética dentro del marco eco-nacionalista[3], concibiéndola como un problema de seguridad nacional (Campolongo et al., 2024). Por su parte, la transición energética fue vista como un obstáculo potencial u opción estratégica a explotar siempre y cuando estuviese alineada con los intereses nacionales (Campolongo et al., 2024). Así, FdI “considera que el impacto de la transición energética tal como es concebida por la UE debe ser investigado con mayor profundidad a través de una comisión destinada a diseñar una estrategia sostenible para “nuestro sistema productivo” y a “prevenir posibles crisis” (FdI 2022, 26-27) […] Las políticas energéticas deben perseguir la “máxima diversificación de las fuentes de suministro externas” (FdI 2022, 27) para garantizar una mayor seguridad energética nacional” (Campolongo et al., 2024: 224).
En la práctica, el acervo ideacional de FdI y su líder se tradujo en que “comparado con el gobierno anterior, el liderado por Giorgia Meloni priorizó la seguridad energética por encima de la descarbonización” (Raimondi, 2024: 7). Ello pudo observarse, por más nimio que parezca el detalle, en la decisión de renombrar el Ministerio de Transición Energética como Ministerio de Ambiente y Seguridad Energética (Raimondi, 2024). Asimismo, Meloni estableció el objetivo de eliminar las importaciones de gas ruso para el año 2025 a través de una diversa batería de medidas (Raimondi, 2024).
Sin embargo, muchas de éstas fueron polémicas, ya que ilustraron la dicotomía entre seguridad y transición energética, abriendo el interrogante si los planes para alcanzar la primera descarrilarían el objetivo de lograr la segunda. Una de estas medidas fue la decisión de pausar temporalmente los planes de desmantelamiento de las centrales de carbón[4] (Raimondi, 2024). Otra de ellas fue el lanzamiento del Plan Mattei.
Plan Mattei, entre la seguridad y transición energética
El Piano Mattei evolucionó de forma gradual: inició como una declaración política carente de un marco programático, luego se formalizó a través del Decreto N.º 161 en noviembre de 2023, se convirtió en ley en enero del 2024 y fue lanzado, oficialmente, en la Conferencia Italia-África celebrada el mismo mes (Jaldi y Cercaci, 2025).
Al momento de presentar el Plan, la narrativa utilizada giró en torno a la redefinición de las relaciones Norte-Sur. Según la primera ministra, el Plan propone la construcción de asociaciones entre iguales, positivas y de beneficio mutuo vis-à-vis el continente africano (Raimondi, 2024). De este modo, se busca reemplazar el tradicional esquema de relaciones asistencialistas, paternalistas y unilaterales por uno basado en relaciones-alianzas que prioricen el desarrollo mutuo, la coinversión y la transferencia de competencias (Euronews, 2025). En este sentido, el Plan Mattei busca diferenciarse de otras iniciativas de cooperación internacional mediante la combinación de los principios de co-creación (habilitar la participación de los países africanos al momento de seleccionar los proyectos a realizar) y concreción (enfocarse sólo en áreas donde las empresas italianas y la República de Italia pueden ofrecer resultados efectivos) (Jaldi y Cercaci, 2025).
Sobre estas ideas, durante la Conferencia Italia-África, el gobierno de Meloni se comprometió a asignar unos 5.500 millones de euros en un plazo de cuatro años hacia los sectores de energía, educación, agua, agricultura y salud (e infraestructura física y digital como sexto sector transversal) (Foglia et al., 2024).
A su vez, para robustecer la legitimidad y eficacia del Plan, Meloni impulsó su “europeización” e “internacionalización”. Así, durante la cumbre celebrada en junio del 2025 en Villa Doria Pamphilj, Italia y la UE forjaron una alianza estratégica con el fin de armonizar las trayectorias del Plan Mattei y la Pasarela Mundial (Euronews, 2025). Esta sinergia implicó, por un lado, la alienación de la UE al nuevo esquema de relaciones Norte-Sur impulsado por el Plan Mattei y, por otro, la adaptación del Plan a los principios rectores de la Pasarela. Cabe mencionar que esta última se encuentra en explícita consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo de París (Consejo Europeo, 2026).
Por ello no sorprende que, en pos de convertir a la UE en un socio estructural del Piano Mattei, el Marco Estratégico del Plan haya establecido los siguientes objetivos en materia energética: ampliar el acceso a la energía, promover cadenas energéticas sostenibles, enfrentar el cambio climático, fomentar las energías renovables, mejorar el acceso a tecnologías de cocción limpia y fortalecer la economía circular (Presidencia del Consejo de Ministros, 2024).
No obstante, hay quienes identifican una tensión existente entre la narrativa del Plan y su práctica, enfocada ésta última en las prioridades de seguridad nacional (Núnez Vázquez, 2026). El Plan Mattei apunta, en último término, a combatir las causas fundamentales de la migración irregular (Jaldi y Cercaci, 2025) y a convertir a la República de Italia en un hub energético (Raimondi, 2024).
Retomando el problema de la “cuestión energética”, Italia convirtió el desafiante contexto de posguerra ruso-ucraniana en una fuente de oportunidades. Con la reconfiguración de los flujos de gas, las interconexiones energéticas ya existentes y la ubicación geográfica de la península itálica, el país se convirtió en un potencial centro de tránsito y puente entre las importaciones energéticas provenientes del Mediterráneo y la demanda energética del continente europeo (Raimondi, 2024). De este modo, el Plan Mattei plasmó las ambiciones italianas de convertirse en un hub y desempeñar un rol protagonista dentro de la cadena de suministro energético (Raimondi, 2024).
Por ello, la decisión de nombrar a la iniciativa tras Enrico Mattei y rendirle homenaje a su legado no fue casual. Mattei, antiguo director de Eni[5], fue quien logró posicionar a la compañía como actor global (Foglia et al., 2024). Esto deja entrever el diseño geopolítico y la adhesión del Plan al marco eco-nacionalista. En efecto, éste no sólo presentó la estrategia italiana para prescindir del gas ruso, sino que también estableció objetivos más ambiciosos: recuperar el protagonismo italiano dentro de Europa y afianzar las relaciones con los países del Mediterráneo y del África Subsahariana (Raimondi, 2024).
En pos de satisfacer sus ambiciones en materia energética, el gobierno italiano, a través del Marco Estratégico del Plan, planteó que la transición energética debe abordarse de manera pragmática y tecnológicamente neutral (Presidencia del Consejo de Ministros, 2024). Además, resaltó que “el gas natural puede desempeñar un papel clave como fuente de transición, al ser el combustible fósil con menor impacto en emisiones para la generación eléctrica, facilitando la sustitución del carbón y acompañando el desarrollo de energías renovables. Asimismo, en el corto plazo, representa una solución eficaz para la industrialización, mientras tecnologías como el hidrógeno verde o el biogás continúan madurando” (Presidencia del Consejo de Ministros, 2024: 23). Tales declaraciones reactivaron la dicotomía seguridad-transición energética, abriendo el interrogante si el Plan Mattei no es más que otro paso del gobierno italiano en la “carrera por el gas”.
Pragmatismo y neutralidad tecnológica[6]: sus implicancias sobre la transición energética
La neutralidad tecnológica podría configurarse como un potencial obstáculo en la transición energética italiana. Al presentar su nuevo enfoque en la COP29, Meloni indicó que la descarbonización bajo “un enfoque excesivamente ideológico y carente de pragmatismo […] corre el riesgo de desviarnos del camino hacia el éxito” (Meloni, 2024, párr. 5). Por ello, para la mandataria italiana “la neutralidad tecnológica constituye el enfoque adecuado, dado que en la actualidad no existe una única alternativa capaz de sustituir el suministro de combustibles fósiles” (Meloni, 2024, párr. 5). En otras palabras, a través de la neutralidad tecnológica, Meloni explicitó sus intenciones de continuar con la explotación de hidrocarburos.
Previo a describir las implicancias prácticas de este enfoque, vale aclarar que, pese a la consideración italiana del gas natural como “fuente de transición”, recientes investigaciones han cuestionado la tradicional percepción del gas natural licuado (GNL) como una fuente de energía alternativa más limpia en la transición energética global. Así, un estudio de la Universidad de Cornell demostró que la huella de carbono[7] del GNL es un 33% mayor que la del carbón cuando se contemplan factores como el procesamiento, el transporte y la licuefacción del gas natural (Howarth, 2024). Ello se debe a que estos procesos liberan grandes cantidades de metano, un GEI ochenta veces más potente que el CO2 en el corto plazo) (Howarth, 2024).
Con la neutralidad tecnológica como principio orientador de sus acciones, las apuestas del gobierno italiano y de Eni por explotar recursos hidrocarburíferos para satisfacer la demanda energética nacional fueron evidentes, y numerosos ejemplos así lo demuestran. Uno de ellos es el proyecto “Coral South” en Mozambique, la primera planta flotante de licuefacción de gas natural construida para el continente africano y la tercera de su tipo en el mundo. En el sitio web oficial de Eni, la embarcación Coral South es presentada como un modelo de eficiencia energética, construida con el doble objetivo de reducir las emisiones de CO2 y garantizar la seguridad del suministro energético (Eni, 2025). Si bien Coral South ha arrojado ciertos resultados positivos en materia de mitigación[8], las expectativas iniciales sobre su reducido impacto ambiental resultaron excesivamente optimistas. Mientras que las estimaciones iniciales del impacto ambiental se calcularon en 150 mil toneladas de CO2e por año[9], “las emisiones reales en 2022 alcanzaron 1.098 millones de toneladas de CO2e, lo que representó el 11,2% de las emisiones totales de Mozambique de ese año” (Semenova y Churrana, 2025: 17).
Además, en octubre del 2025, Eni y sus socios acordaron construir una segunda unidad flotante de GNL, Coral North, con la cual se duplicaría la producción en Mozambique a más de 7 millones de toneladas de GNL por año (Reuters, 2025). Así, las emisiones combinadas proyectadas del Coral South y Coral North “se estiman en 1.000 millones de toneladas de CO2e a lo largo de 25 años de operación, lo que equivale a tres veces las emisiones anuales de Italia” (Semenova y Churrana, 2025).
En efecto, los proyectos y acuerdos enmarcados en esta misma lógica proliferaron. Solo en el período de tres años, 2021-2023, Italia firmó 14 nuevos acuerdos para el suministro de gas con países de África y Medio Oriente (Mariotti, 2024). En 2023, las empresa italianas Eni y Snam llegaron a un acuerdo para controlar y gestionar el gasoducto Transmed que duplicará el transporte de gas natural a Italia desde Argelia y Túnez (Raimondi, 2024); también en 2023, Eni y NOC, la principal compañía petrolera nacional de Libia, acordaron una inversión de 8.000 millones de euros para la exploración y producción de gas y petróleo en el país magrebí (El Economista, 2023), y por último, en 2025, Eni y el gobierno de Egipto acordaron extender hasta 2040 la explotación de los recursos petrolíferos que ya desarrolla la compañía italiana en el Golfo de Suez y el Delta del Nilo (Servicio de Información del Estado, 2025).
Según el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, durante el período 2023-2024, Italia destinó 3.700 millones de dólares en financiamiento internacional para combustibles fósiles (IISD, 2025). De este modo, el país se posicionó como el principal violador de los compromisos de la Alianza para la Transición a la Energía Limpia, de la cual fue signatario en la COP26 (IISD, 2025). A través de ella, “los signatarios acordaron poner fin al financiamiento público internacional para los combustibles fósiles a finales de 2022 y priorizar plenamente el financiamiento público internacional para las energías limpias” (IISD, 2025: 3).
Lejos de cumplir con el cometido de la Alianza, “los planes de expansión de Eni en el continente africano parecen contradecir los compromisos climáticos internacionales de Italia […] y la lógica del propio Plan Mattei” (Mariotti, 2024: 22). Ello se comprueba al observar que “los hidrocarburos siguen siendo la columna vertebral” del Plan (Michelino, 2025, párr. 7). Además, en lo que respecta a las iniciativas en energías renovables, éstas se mantuvieron a una escala modesta[10] y respondieron, en parte, a las prioridades climáticas europeas (Michelino, 2025). No sólo ello, sino que el único proyecto que se resaltó en la Conferencia Italia-África con tales características (Foglia et al., 2024) se encuentra actualmente bajo investigación, ya que emergieron dudas acerca de su sostenibilidad y potencial social, industrial y climático (Transport Environment, 2026).
Proyecto de Eni en Kenia: ¿un ejemplo de greenwashing?[11]
En 2024, en el marco del Plan Mattei, la Corporación Financiera Internacional y el Fondo Italiano para el Clima anunciaron una inversión de 210 millones de dólares en la filial de Eni en Kenia para expandir la producción y el procesamiento de biocombustibles avanzados, apoyando la descarbonización del transporte y el sustento de hasta 200.000 pequeños agricultores kenianos de semillas oleaginosas (Transport Environment, 2026). Específicamente, el objetivo del proyecto consistía en cultivar plantas oleaginosas no comestibles, como el ricino, el crotón y las semillas de algodón, en tierras marginales (es decir, de baja productividad y escasa fertilidad) para no competir con el suministro de alimentos (Transport Environment, 2026). De este modo, el proyecto buscaba desarrollar una cadena de suministro de biocombustibles en Kenia y partía de una lógica sencilla: Eni incentivaba a los agricultores kenianos a cultivar semillas de ricino con la promesa de comprarlas para, finalmente, convertirlas en biocombustible para la aviación (Gros et al., 2026).
Sin embargo, el proyecto demostró ser deficiente en dos aspectos. En primer lugar, más de cuarenta agricultores fueron incentivados a cultivar ricino para luego ser abandonados por Eni, quedando ellos con un cultivo no comestible e inútil (Gros et al., 2026). En segundo lugar, “los datos comerciales sugieren que hasta el 80% del aceite vegetal exportado por Eni desde Kenia a Italia no proviene del ricino producido localmente de forma sostenible, sino de aceite de colza importado desde Sudáfrica” (Gros et al., 2026: 3). Esto no sólo violaría las normas de la UE que permiten únicamente el uso de cultivos no alimentarios para la producción de biocombustibles de aviación, sino que también plantea serias dudas sobre las adjudicaciones de sostenibilidad hechas por la propia Eni (Gros et al., 2026).
En definitiva, los impactos del proyecto italiano en Kenia no sólo abrieron el debate acerca de la viabilidad de cultivar semillas oleaginosas en tierras marginales como medio para combatir el cambio climático, sino que también plantearon serias dudas sobre la implementación del Plan Mattei por parte de Eni (Transport Environment, 2026). Ambas cuestiones resultan cruciales si se tiene en cuenta que el financiamiento de dichos proyectos proviene, generalmente, de fondos creados exclusivamente con el objetivo de mitigar el cambio climático.
Conclusiones
A lo largo de estas páginas se ha indagado el plan de acción del gobierno de FdI ante la emergencia energética que sacudió a Europa tras el desencadenamiento de la guerra ruso-ucraniana. A través del Plan Mattei, la iniciativa italiana insignia para el desarrollo del continente africano, Meloni procuró paliar las deficiencias de la matriz energética nacional.
Sin embargo, su puesta en marcha expuso la descoordinación existente entre la retórica y el accionar de la primera ministra con respecto a la “cuestión energética”. En el papel, el Plan Mattei estableció el objetivo de convertir al país en un centro de abastecimiento energético para Europa al mismo tiempo que proclamaba el objetivo combatir el cambio climático; sin embargo, en la práctica, la neutralidad tecnológica funcionó como principio orientador del accionar italiano. Y como se ha demostrado, la lucha contra el cambio climático y la neutralidad tecnológica entablaron una relación dicotómica.
De este modo, la priorización de la seguridad por sobre la transición energética implicó que el Plan Mattei se configurase como un paso más en la “carrera por el gas”, ya que “los hidrocarburos siguen siendo [su] columna vertebral” (Michelino, 2025, párr. 7), es decir, su “principal motor” (Jaldi y Cercaci, 2025: 12).
Como consecuencia, el accionar de Italia, guiado por la neutralidad tecnológica, no sólo ha contradicho la lógica del propio Plan Mattei, sino que también ha violado los compromisos climáticos internacionales previamente asumidos por el país, como la Declaración de Glasgow firmada en la COP26, que buscaba eliminar la financiación pública dirigida hacia proyectos de combustibles fósiles en el extranjero antes de 2022 (Signorelli, 2024), y la mencionada Alianza para la Transición a la Energía Limpia.
En definitiva, la praxis italiana no se condijo con la narrativa ambientalista del Plan; por ende, se mantuvo intacta la participación del país en la extracción y quema de combustibles fósiles, una de las principales causas del cambio climático.
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[1] Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (UNR). Miembro del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo (IRI-UNLP). marcomorresi5@gmail.com
[2] Un estudio de Eurac, centro de investigación italiano, demostró que, entre 1920 y 2020, se ha registrado una disminución promedio del 34% de la nieve en toda la cadena de los Alpes (Euronews, 2024).
[3] La protección de la soberanía y la autodeterminación de la nación constituyen los objetivos primordiales del marco eco-nacionalista. Son características de este enfoque: la desconfianza hacia cualquier actor que amenace los recursos locales o intente arrebatarle el control de los mismos a la población nativa, y la concepción pragmática/oportunista de la transición energética (Campolongo et al., 2024).
[4] Vale aclarar que esta medida no perjudicó a la transición energética italiana ya que, después de adoptarla, las centrales de carbón funcionaron a una media del 30% de su capacidad (misma cifra que en 2021) (Raimondi, 2024).
[5] Eni es la mayor empresa de hidrocarburos de Italia y una de las siete empresas petroleras más grandes del mundo. El Estado italiano es el principal accionista de Eni (cerca del 30% del capital social de la empresa está en manos públicas). Además, el CEO es elegido por el Ministro de Finanzas cada tres años (Mariotti, 2024).
[6] En regulación ambiental, la neutralidad tecnológica “se fundamenta en la premisa de que los organismos reguladores deben limitarse a establecer objetivos de política claros (tales como la reducción de emisiones de carbono) sin prescribir […] las tecnologías específicas para alcanzarlos. En su lugar, la selección de dichas tecnologías se delega al sector privado, permitiendo que empresas y consumidores aprovechen su conocimiento descentralizado respecto a los costos y beneficios de las distintas soluciones disponibles” (Elmer y Bienati, 2024: 9).
[7] La huella de carbono es una medida que indica la cantidad de GEI emitidos por las diversas actividades humanas (WWF, 2018).
[8] Coral South logró optimizar la eficiencia energética y redujo alrededor del 33% de las emisiones de CO2 en comparación con instalaciones terrestres similares (Semenova y Churrana, 2025).
[9] CO2e significa “dióxido de carbono equivalente” y es una medida que reúne los distintos GEI en una misma unidad (ClimatePartner, s.f.).
[10] Se pueden nombrar: los proyectos solares y eólicos en Argelia y Egipto, junto con la cooperación geotérmica con Kenia (Michelino, 2025).
[11] Práctica que tiene como fin engañar al público haciéndole creer que cierta entidad está haciendo más por proteger al ambiente de lo que realmente hace. El greenwashing promueve soluciones falsas a la crisis climática, desviando la atención y retrasando las acciones concretas y creíbles (NU, s.f.).