En las últimas semanas la Comisión Interamericana (CIDH) anunció una grave crisis financiera que venía advirtiendo desde hace años ante el Consejo Permanente de la OEA. La crisis actual es consecuencia de la escasez y de la inestabilidad de los fondos que los Estados miembros de la OEA destinan, no sólo a la CIDH, sino a todo el Sistema de Protección de Derechos Humanos (SIDH).

Los datos aportados por la Comisión son alarmantes. El continente tiene aproximadamente 1.000 millones de habitantes, y el presupuesto anual de la Comisión en el año 2015 – entre presupuesto ordinario, donaciones y contribuciones voluntarias – fue de 9 millones de dólares, lo cual significa que por cada habitante, la CIDH contó con 0,009 dólares. Muchos de los ingresos con los que se cuenta son inestables e impredecibles porque provienen de donaciones y contribuciones financieras voluntarias.

Además, si lo comparamos con otros sistemas de Derechos Humanos del mundo, tenemos el sistema más pobre del mundo. El Sistema africano cuenta con 13 millones de dólares anuales y el Sistema Europeo dispone de un promedio de 100 millones de euros por año. Es decir que, mientras que el Consejo de Europa destina el 41.5 por ciento de su presupuesto para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la OEA destina tan sólo 6 por ciento de su presupuesto a la Comisión.

Otro dato significativo es que en 2015, los países latinoamericanos y caribeños aportaron aproximadamente 13 millones de dólares a la Corte Penal Internacional mientras que los mismos países destinaron menos de 200.000 dólares en aportes voluntarios a la CIDH. Esto denota claramente que el problema no es una cuestión de ausencia de fondos, sino de falta de voluntad política para que esos fondos lleguen al SIDH.

Como consecuencia de esta situación, la CIDH informó que para el 31 de julio de éste año, los contratos del 40 % de su personal vencen y no cuenta con fondos para renovarlos. Además, se vio obligada a suspender las visitas previstas para lo que resta del año y las audiencias programadas para julio y octubre del corriente.

Estas circunstancias se traducen en el hecho de que la Comisión no podrá desplegartareas esenciales para cumplir con su principal mandato, la promoción y protección de los derechos humanos en la región, mandato dado por los mismos Estados que hoy están incumpliendo su obligación de sostenerla. Si la Comisión no obtiene los fondos necesarios, miles devíctimas de violaciones de derechos humanos quedarán desprotegidas y la falta de personal generará demoras incompatibles con el derecho de acceso a la justicia.

Nunca debe perderse de vista que los actores principales del SIDH son fundamentalmente las sociedades y las víctimas que acuden al sistema en busca de la justicia que no han encontrado en sus países. El fin último del Sistema Interamericano es la tutela de los derechos y debe lucharse por el fortalecimiento de los mismos. Ni el fortalecimiento de los Estados, ni el fortalecimiento del Sistema van a ser suficientes si no existe una sociedad fortalecida, que comprenda cabalmente sus derechos y haga cumplir al Estado con sus obligaciones.

Por ello, como sociedad, debemos unirnos al llamado de la Comisión Interamericana y Organizaciones de Derechos Humanos del continente e intimar a los Estados miembros principalmente, a los países observadores y a los donantes a brindar apoyo financieroy atender de manera inmediata la solicitud de fondos específicos. Sin perjuicio de ello, la acción no debe quedarse en la emergencia. Es necesario instar a los Estados a reafirmar su compromiso efectivo con los derechos humanos, promoviendo un cambio estructural para modificar el sistema de financiamiento del SIDH a fin de que se garantice su sostenibilidad en el tiempo.

Macarena L. Riva
Secretaria Departamento de DDHH y DIH
IRI-UNLP