Luego de la caída de la Unión Soviética a fines de 1991, el panorama de Japón en cuestiones de seguridad sufrió un doble cambio: por un lado, desaparecía la amenaza soviética que habían soportado durante largo tiempo y, por otro, se abría la posibilidad de que surgieran en su lugar múltiples conflictos regionales que antes quedaban subyacentes a la propia dinámica de la Guerra Fría. Dentro de este marco, y con el antecedente de la “Iniciativa de Cooperación Internacional” del primer ministro Takeshita Noboru en 1988, Japón pudo establecer un marco legal que le permitió finalmente contribuir con sus Fuerzas de Autodefensa en las misiones de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU u OMP (Peacekeeping Operations, PKO). Para ello, la Dieta (el parlamento japonés) aprobó la Ley de Cooperación para la Paz Internacional, autorizando por primera vez el envío de tropas en misiones de las Naciones Unidas y legalizando su accionar dentro del marco de la Constitución, estableciendo así los llamados “cinco principios” para la participación de Japón en dichas actividades.

Este hecho marca un gran impacto en las políticas de seguridad del país, ya que necesitaban poder encuadrar su apoyo a las PKO dentro de un marco legal cuyo argumento principal tensionaba el Artículo 9 de la Constitución sancionada en 1946. Dicho artículo suponía, por parte del pueblo japonés, la renuncia formal a la guerra como derecho soberano y el compromiso de no mantener fuerzas del ejército, armada o aviación con potencial bélico, así como a la desmilitarización del aparato de guerra imperial y el repudio a la beligerancia. El argumento detrás de dicha construcción era crear una “Constitución pacifista”, impuesta por el ideal de la ocupación aliada del territorio, así como por el propio sentimiento antiimperialista y antibelicista del pueblo japonés debido a los profundos traumas que habían dejado en la población ambas bombas atómicas, la gestión del gobierno imperial y las consecuencias del desgaste en la guerra.

Con la llegada de la década de 1950 y la intensificación de conflictos cercanos, como la Guerra de Corea y el triunfo de la Revolución China liderada por el Partido Comunista en el continente, Japón pasó a ser una zona clave para Estados Unidos, obligando a un viraje en la política que se venía llevando a cabo. Comenzaron a surgir diferentes interpretaciones sobre cómo entender el Artículo 9 y si este conllevaba una neutralidad perpetua frente a los conflictos, en sintonía con la propia intención de Washington de reorientar su apoyo económico para fortalecer al país y favorecer su rearme como aliado en la zona asiática. Es por esta razón que, ante el envío de las tropas estadounidenses estacionadas en el territorio hacia Corea y la consecuente desprotección del archipiélago, Estados Unidos solicitó al primer ministro Shigeru Yoshida la creación de una fuerza de autodefensa. Esta quedó establecida inicialmente como una Reserva Nacional de Policía de 75.000 hombres para garantizar la seguridad interna sin violar de frente la Carta Magna, con el objetivo de fungir como una fuerza puramente de carácter defensivo territorial. Posteriormente, este proceso de militarización continuó bajo la necesidad de una política de defensa mutua frente a la amenaza comunista, consolidándose en el Tratado de Seguridad de 1951 (en vigor en 1952).

Ya para los años 1990-1991, las exigencias del orden internacional volvieron a sacudir la política exterior de Tokio a raíz de la primera Guerra del Golfo, originada por la invasión de Irak a Kuwait. Frente a este escenario, Japón optó por realizar una enorme contribución económica de 13.000 millones de dólares para costear los gastos de la coalición internacional en contra del régimen de Saddam Hussein. Sin embargo, esta decisión de no enviar personal al terreno, por los límites que imponía la Constitución, generó fuerte críticas en el bloque occidental, que acusó al gobierno de realizar una «diplomacia de chequera». Esta reacción y la consiguiente sensación de humillación calaron muy hondo en la dirigencia política, forzando a replantear el rol del país y la urgencia de tener una participación física en la seguridad colectiva.

De esta manera, la aprobación de la Ley PKO en 1992 funcionó como la respuesta institucional a esta problemática, materializándose ese mismo año con el envío de miembros de las Fuerzas de Autodefensa a Camboya para colaborar en las tareas de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas (UNTAC). Si bien esta primera experiencia significó un fuerte impacto social, particularmente tras el asesinato en el terreno de un oficial de la policía civil japonesa en 1993, el despliegue sentó las bases de una nueva modalidad diplomática. Esta vía alternativa permitió a Japón enfocarse en la mediación, la asistencia humanitaria y la reconstrucción, logrando con el tiempo un notable respaldo interno que llegó a superar el 70% de aprobación en la opinión pública respecto a la participación en misiones de paz. En la actualidad, este hito legislativo se mantiene en el centro de los debates contemporáneos de la política nipona, sirviendo como antecedente directo para las reformas de reinterpretación de la legítima defensa colectiva impulsadas por el ex primer ministro Shinzo Abe, en una constante tensión sobre si Japón debe asumir un rol militar tradicional o preservar su histórico principio pacifista.

Por Aimé Rojas Petruccelli
Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales
IRI-UNLP