§ El Sahel, una década de una agenda de seguridad sin resultados
Sebastián Osorio Bunster[1]
El viernes 30 de junio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció el fin del mandato en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), tras 10 años de un funcionamiento que abre dudas sobre la efectividad del sistema de mantenimiento de la paz y que invita a pensar si estas operaciones son la mejor herramienta para hacer frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el Sahel. Aquí se vierten algunas reflexiones sobre la situación general de esta región y los efectos que podría tener este cierre en el sistema de operaciones de paz.
La historia post colonial de la región del Sahel evidencia Estados frágiles y/o fallidos, con gobiernos que colapsan ante distintas amenazas externas, con altos grados de corrupción y una falta de desarrollo sistémico. Como ha señalado el PNUD (2019), “la región del Sahel enfrenta una crisis multidimensional de inseguridad, acentuada por el terrorismo y el extremismo violento, una crisis humanitaria con miles de personas que huyen de sus hogares y desafíos ambientales caracterizados por fuertes variaciones climáticas y lluvias irregulares, que representan dos de los mayores obstáculos para la seguridad alimentaria y la pobreza. reducción en la región. Estas desigualdades socavan la vida comunitaria y dan lugar a tensiones y violencia reiteradas”. A lo anterior se suma el tráfico de drogas que ha acentuado el nexo entre droga y terrorismo, ya sea porque las organizaciones terroristas transportan y venden, o bien porque cobran tributos a quienes trafican. El movimiento de drogas es tanto desde el oeste hacía el este, con cocaína latinoamericana, como de este a oeste, con heroína afgana; pero también de norte a sur con cannabis y derivados.
El cierre de la Misión resultaba previsible debido al giro político de las autoridades malienses tras los golpes de agosto 2020 y mayo de 2021, las que mantienen un marcado carácter anti occidental (particularmente anti francés), llevándolos a un acercamiento a otras potencias y a la utilización de otros métodos para hacer frente a los grupos armados separatistas y terroristas que operan en la región. En esa línea, Francia puso fin durante el año pasado a la Operación Barkhane que operaba en conjunto a tropas del Ejército de Mali en el norte del país desde 2014, lo que supuso la salida de casi 6.000 soldados. Asimismo, las misiones de la UE en el país han sido criticadas por el gobierno de Bamako (EUCAP Sahel Mali y EUTM Mali), pero, pese a esto, se han mantenido en el país.
La política adoptada por EE.UU. y la Unión Europea para abordar las problemáticas de la región se ha basado en la securitización de la agenda, lo que en la práctica ha implicada la imposición de la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo a través de la Reforma al Sector de Seguridad (RSS) de los países del Sahel. En la práctica, desde la instauración del Comando Africano de EE.UU. (AFRICOM) en 2008 y de la Estrategia para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel de la UE (Estrategia Sahel) de 2011, la situación de seguridad de la región ha empeorado significativamente (principalmente como efecto colateral del desmoronamiento de Libia), el retroceso económico ha sido evidente y la fragilidad de los gobiernos ha quedado de manifiesto. Cambiar el foco de cómo abordar las problemáticas de la región parece más necesario que nunca.
Lo anterior parece urgente a la luz de los recientes sucesos en la región. Tras el inicio de la pandemia se han sucedido distintos conflictos armados y golpes de Estado que han imposibilitado la estabilización y desarrollo de la región. Ejemplo de esto son los recientes golpes en Mali (agosto 2020 y mayo de 2021), el fallido golpe en Níger (marzo 2021), la sucesión dictatorial en Chad (abril 2021), el fin de la transición democrática en Sudán (octubre 2021) seguido del recrudecimiento del conflicto (abril 2023) y el golpe de Estado de enero del 2022 en Burkina Faso. A los anteriores hay que sumar el exitoso golpe de Estado en Guinea (septiembre 2021) y el fallido golpe en Guinea-Bissau el 1 de febrero de 2022, países que no son parte del Sahel, pero que se ven influidos por las acciones que en esta ocurren, como el tráfico de personas y armas. El SG de la ONU ha llamado a esta seguidilla de acciones antidemocráticas una “epidemia de golpes de Estado”.
Las políticas de formación y entrenamiento militar, que han sido el foco de la UE y EE.UU., no han tenido un mayor efecto en el desarrollo de una autonomía estratégica de las fuerzas locales ni en el control del crimen organizado en el Sahel. Pese a esto y debido probablemente a las inmensas sumas de dinero puestas en esta estrategia, parece no haber marcha atrás ni existen alternativas para mejorar la situación de seguridad en la región. Más aún, parece ser que la política europea para el Sahel solo tiende a profundizarse, sin ampliar la mirada a otras alternativas. La seguidilla de golpes de estados ocurridas en los últimos años en la región son otro ejemplo de los pocos avances en la consolidación de la paz y la democracia en la región. Cabe destacar que los militares golpistas son parte de las generaciones entrenadas por fuerzas occidentales en la última década, lo que hace más cuestionable la estrategia occidental.
El Sahel se ha transformado en un laboratorio de experimentación de las políticas de seguridad de los países occidentales tras el fracaso de estos en Libia, sin embargo, las acciones emprendidas hasta ahora más bien dan cuenta de lo que se ha dado llamar como “entrampamiento de la política exterior” (Plank y Bergmann, 2021). Asimismo, se debe cuestionar el enfoque preferentemente centrado desde la seguridad para abordar las problemáticas de la región, en particular la extensión e imposición de la mirada de “guerra contra”, la que en el caso de la “guerra contra las drogas” a demostrado ser un fracaso en sus 50 años de existencia. De hecho, los 22 años de guerra sostenida “contra el terrorismo” encuentran opiniones disimiles sobre su efectividad.
Respecto a esto último, en la región operan diversos grupos beligerantes, dentro de los que destacan el Estado Islámico (EI) y Al Qaeda, pero no son los únicos en operación. Este último formó su propia ramificación en la región en 2006, cuando se estableció Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM por su sigla en inglés), tras el renombramiento del Grupo Salafista de Predicación y Combate (GSPC), formado en 1998 como fuerza beligerante en la Guerra Civil de Argelia. AQIM es reconocido por secuestrar a occidentales a cambio de rescate en todo el norte de África y participa activamente en el tráfico de drogas, armas y personas. Solo en la primera década del siglo XXI la organización recaudó más de USD 50 millones en secuestros y en la actualidad es el principal transportista de cocaína sudamericana a Europa a través de África.
En la actualidad, una suma de grupos terroristas, separatistas y fuerzas beligerantes agrupadas en el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin – JNIM) lideran los combates contra las autoridades de la Región. Se añaden a esta mega organización criminal como actores relevantes en el Sahel el grupo terrorista Ansarul Islam, los separatistas de la Coordinación de los Movimientos del Azawad (CMA) y el Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados (GATIA) y, por último, el grupo Dan Na Ambassagou, combatiendo entre ellos y a favor o en contra de los gobiernos locales según el momento político imperante.
El cierre de la MINUSMA a fin de año supondrá una reducción de casi un 20% en el personal militar y policial desplegado en misiones a nivel global, lo que implicará el menor aporte de personal al sistema en más de una década. Lo anterior no supone que estemos ante un momento de mayor estabilidad o una paz generalizada, sino más bien responde a la propagación de políticas identitarias que cuestionan el actuar internacional como una imposición e intervención extranjera en los asuntos internos, cuestionando el sistema multilateral y la construcción de soluciones comunes. Cabe señalar que el cierre de esta misión fue requerido por las autoridades malienses, acusando una “crisis de confianza” (documento S/2023/463 del Consejo de Seguridad) entre la población y la Misión, lo que forzó el cierre al no contar con el respaldo del país anfitrión.
Si bien en otros países donde existen misiones de paz no hay una animadversión generalizada a estas, se debe pensar en cómo evitar que lo ocurrido en Mali no lleve a otros gobernantes a solicitar el cierre de misiones en curso debido a posibles crisis de confianza. Ya existen alarmas sobre el cuestionamiento a las misiones en República Democrática del Congo y Sudán, las que deben ser miradas con atención.
Respecto a la Misión en sí –salvo algunas medidas de seguridad y la protección de civiles impuestas en el mandato–, esta no ha sido exitosa, siendo incapaz de una restauración efectiva de la autoridad estatal y la construcción del estado de derecho, fracasando en el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción, no logrando resultados a través de sus buenos oficios para apoyar el diálogo con y entre todas las partes interesadas hacia la reconciliación y la cohesión social y, por último, no generando un entorno seguro para la asistencia humanitaria y el retorno voluntario de la población que ha sido desplazada por el conflicto. En resumen, la MINUSMA no fue capaz de responder a los desafíos de seguridad que enfrenta el país, aunque las misiones de Naciones Unidas no estén diseñadas para hacer frente al conjunto de problemáticas actuales y emergentes. Una evaluación completa del porqué no se ha dado cumplimiento al mandato o porqué las acciones emprendidas han fracasado resultará imperativo como mecanismo para entender las complejidades detrás de las misiones y el rol de terceros actores en la desestabilización de la paz y seguridad internacionales.
Por último, cabrá la preguntarse qué hacer con los USD 1.344.105.600 de presupuesto de la Misión. Si bien el mismo no sale del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y está destinado específicamente para el mantenimiento de la paz, el ejercicio lúdico de pensar en obras de infraestructura y desarrollo, en programas agrícolas y de regadío o en la formación y educación para la paz podrían llevarnos a pensar en enfoques alternativos para dar respuesta a las problemáticas de seguridad del Sahel, invirtiendo el proceso y desecuritizando la agenda en la región.
[1] Profesor de Historia y Geografía (UMCE) y Magíster en Política Comercial y Estrategia Internacional (Universidad de Chile).