* El proceso de paz en Colombia, Iván Duque y su ideologización: El impacto de la guerra fría en la política exterior colombiana.

Por John Mario Pineda Ospina^[1]

Resumen: El presente trabajo propone revisar los efectos en el tiempo que la “guerra fría” dejó sobre la política exterior colombiana, y la forma en que las estructuras ideológicas heredadas de aquel proceso histórico pudieron permear las acciones de Iván Duque como jefe de Estado, específicamente sobre los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Lo anterior se desarrolla bajo el entendimiento de que Colombia al igual que muchos otros países del mundo, quedó inmersa en la guerra ideológica disputada por Estados Unidos y la URSS durante este lapso de tiempo de la historia. Se pretende explicar, su alineamiento al bando occidental, y la posterior repercusión de esta acción en la construcción de una política exterior colombiana anti-izquierdista, que culmina a su vez, con la premeditada obstaculización de los acuerdos de paz por parte Iván Duque, como hecho ápice de una política perjudicialmente ideologizada.

Palabras clave: Política exterior, “guerra fría”, ideologización, acuerdo de paz, FARC, Iván Duque, Colombia.

Asbtract: This paper proposes to review the effects of the “cold war” on Colombian foreign policy over time, and the way in which the ideological structures inherited from that historical process could permeate the actions of Iván Duque as head of state, specifically on the peace agreements signed with the FARC in 2016. The above is developed under the understanding that Colombia, like many other countries in the world, was immersed in the ideological war disputed by the United States and the USSR during this period of time in history. It is intended to explain its alignment to the Western side, and the subsequent repercussion of this action in the construction of an anti-left Colombian foreign policy, which culminates in turn, with the premeditated obstruction of the peace agreements by Iván Duque, as the apex of a detrimentally ideologized policy.

Key words: Foreign policy, “cold war”, ideoligization, peace agreement, FARC, Ivan Duque, Colombia

El acuerdo de paz firmado en 2016, entre Juan Manuel Santos como representante del Estado colombiano y el extinto movimiento armado de las FARC, puso fin a un conflicto que sumergió a la sociedad colombiana en la violencia durante décadas. El pacto firmado aquel jueves 24 de noviembre del 2016, en el teatro Colón de Bogotá, entró a los anales de la historia como la culminación de diferentes procesos de negociación iniciados y reiniciados desde finales del siglo pasado^[2], los cuales consumieron varios periodos presidenciales, dejando momentos que pasaron a la historia con nombre propio, como lo acontecido con la “silla vacía”, aquel 7 de enero de 1999 en San Vicente del Caguán^[3].

Refriéndose al avance en materia de implementación del acuerdo, y entendiendo que este se posiciona prácticamente a poco más de la mitad del tiempo establecido para su ejecución, la evidencia indica que su progreso no atiende a los pronósticos esperados en principio, siendo también necesario añadir que el problema de la violencia sigue siendo una constante para la sociedad colombiana. Según el reporte de 2023 del instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, a noviembre del año 2022 apenas se había completado el 31% de lo estipulado en el acuerdo (Laurel, Q. y Gómez, M., 2023, p.2)

El anterior dato posiciona al lector en un panorama general en cuanto al avance en la ejecución de las 578 disposiciones que allí se plasmaron. A esto se puede añadir que el acuerdo contempla 6 puntos desagregados, los cuales se erigen como pilares en la construcción de una paz duradera. Dichos componentes fueron negociados en la Habana, bajo la unanimidad en cuanto a su naturaleza como fuentes del conflicto histórico en Colombia. Los puntos pactados, fueron: 1. reforma rural integral; 2. participación política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución al problema de las drogas ilícitas; 5. Víctimas; 6. Implementación, verificación y refrendación.

Nótese que la “reforma rural integral”, fue tomada como el primer eje a desarrollar. Esto debido a que el problema de la tierra ya era reconocido por la sociedad académica y civil, tanto nacional e internacional, como la principal causa del conflicto en Colombia. Como lo indica el profesor Segrelles (2018). “La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia y la consiguiente pobreza rural es la causa principal del conflicto armado que ha vivido el país durante más de cincuenta años” (p.408).

En contraposición a la importancia demostrada, el instituto Kroc encuentra que el punto de “reforma rural integral”, ha sido el de menor avance en comparación a los demás, evidenciando la ejecución de solo el 4% de las disposiciones acordadas para tal fin a noviembre del 2022. Los investigadores convergen al argumentar que este punto ha experimentado un importante retraso en la adjudicación y asignación de tierras, con sólo un 1% del total de tres millones de hectáreas adjudicadas (Laurel, Q. y Gómez, M., 2023, p.4).

Basándose en la importancia que diferentes organizaciones internacionales, académicos y analistas daban al acuerdo, entendiéndolo como el principal propulsor del mejoramiento social y económico de Colombia^[4]; una vez revisados a forma general los datos en materia de implementación, la pregunta que surge hasta este momento es: ¿Cuál ha sido el desencadenante del pobre rendimiento en la ejecución de lo pactado?. A lo anterior es necesario acotar lo siguiente: Entendiendo que fue el Estado colombiano quien se obligó jurídicamente a la implementación de los acuerdos y que desde el inicio de la ejecución hasta el día de hoy han pasado por la casa de Nariño tres presidentes, es particularmente importante dar un repaso breve por la implicancia que cada uno tuvo durante su periodo correspondiente.

Juan Manuel Santos tuvo un año y medio para desarrollar lo propuesto en materia de ejecución; por lo que no sería coherente adjudicar grandes responsabilidades al expresidente, después de haber sido el encargado de encarar todo el proceso de negociación, siendo capaz de realizarlo bajo grandes dificultades sociales, y la marcada polarización política que las negociaciones con las FARC iniciaron^[5]. Además, fue el encargado de la puesta en marcha de la implementación, confiriéndosele en el camino un premio nobel de la paz; lo anterior sin dejar de lado errores cometidos durante las negociaciones y durante el inicio de la implementación del acuerdo.

Por otro lado, refiriéndose al actual presidente Petro, y sabiendo que todavía falta un poco menos de la mitad de su mandato, sería demasiado pronto emitir una calificación acerca de su gobierno, en referencia al cumplimiento de los acuerdos de paz. Sin embargo, la opinión nacional e internacional, y organismos internacionales de vigilancia, evidencian que la dinámica ha encontrado un respiro con la llegada de un presidente autodenominado “progresista”.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó a inicio del mes de octubre del 2023 un informe sobre el avance en la implementación del acuerdo ante el consejo de seguridad de la ONU. Si bien se emitieron recomendaciones en materia de asuntos clave, como la implementación de la reforma agraria y en cuanto a la necesidad de aumentar la presencia del Estado en todos los territorios; se celebró el anuncio del cese al fuego bilateral entre el gobierno colombiano y la disidencia de las FARC, y en palabras del Secretario General de la ONU Antonio Guterres, el primer año del gobierno de Gustavo Petro “brindó la oportunidad de renovar los compromisos adquiridos en el Acuerdo y de emprender acciones decisivas para cumplir esas promesas” (ONU, 2023).

En referencia a los datos aportados en los casos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, una conclusión prematura, podría encontrar una similitud entre ambos, y esta es una genuina intención de cumplir con lo pactado en la Habana. Por otro lado, es necesario recordar que en medio de la implementación de los acuerdos y durante el mandato de Iván Duque, la pandemia del coronavirus estalló en Colombia, convirtiéndose en un evento mundial, capaz de paralizar el normal ejercicio interno de los Estados en relación a lo presupuestal y la ejecución de los planes de desarrollo nacional.

Sin embargo, la evidencia indica, que a pesar de los shocks externos que pudieran afectar el normal desarrollo del mandato de Duque, es constatable el hecho que pone de manifiesto una posición apática frente a los acuerdos desde el inicio de su campaña presidencial incluso, desde la cual aprovechó todos los espacios para hacer mención a su intención de modificar lo pactado en la Habana. En su discurso emitido desde el bunker de campaña una vez conocidos los resultados favorables en las votaciones de segunda vuelta anunciaba lo siguiente, (Iván Duque, 2018). “La paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición”.

En consonancia con lo anterior, el ex director ejecutivo del fondo Colombia en paz, Camilo Cetina, en un artículo escrito para El Espectador a principios de este año, puso énfasis en el ritmo al que se había dado desarrollo a la implementación del acuerdo durante el gobierno Duque, indicando que en materia de ejecución, sería necesario realizar en 4 años lo que en condiciones normales de compromiso con el acuerdo habría tomado 8 (Cetina, C., 2023). Lo cual evidencia que su intención de modificar los acuerdos, determinó un atraso y un estancamiento en un proceso que de por sí ya enfrentaba retos importantes.

De igual manera, en el libro “El Acuerdo de paz en Colombia Entre la perfidia y la potencia transformadora”, en el capítulo 1, Jairo Estrada Alvares, resume desde una perspectiva general, lo que la mayoría de la opinión académica y periodística sostuvo una vez terminado el mandato Duque referente al acuerdo de paz:

Se sostiene, que la solución que ha encontrado el Gobierno para el “sí, pero no así” ha sido la de la simulación de la implementación. Simular es “representar una cosa fingiendo o imitando lo que no es”. Se trata en ese sentido de mostrar que ejecutorias gubernamentales, con las que se pueda construir alguna relación con la implementación, deben ser consideradas como ejecutorias del Acuerdo de paz y la implementación, aunque en sentido estricto no lo sean. (Estrada et al, 2019)

Se infiere de lo anterior, una marcada disposición de Iván Duque a demostrar hacia el exterior una genuina, pero al final falsa intención de avanzar en la implementación de los acuerdos, la cual se puede explicar en la dificultad de dar retroceso a un proceso que ya había sido ratificado por el Estado colombiano, y que contaba con la observación de la comunidad internacional.

Resumiendo hasta este punto, la evidencia indica a grandes rasgos, que aunque existieron y existen problemas en la ejecución de los acuerdos durante los mandatos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, se puede demostrar voluntad política hacia la plena implementación de lo acordado en la Habana. Para el caso de Iván Duque, se refleja lo contrario, siendo su mandato contraproducente, y determinador del estancamiento en la ejecución de los acuerdos de paz con las FARC, como lo indican los datos hasta este momento revisados.

Expuesto lo anterior, se llega a una de las interrogantes más importantes del trabajo, la cual propone entender el por qué de una evidente hostilidad de Iván Duque hacia el acuerdo. La tesis que se presenta aquí, plantea que Iván Duque desarrolló una política perjudicialmente ideologizada frente a los acuerdos de paz con las FARC, basado en los sentimientos antisubversivos y anti-izquierdista presentes en su círculo social y su partido (centro democrático), los cuales a su vez hacen parte de todo un ideario político acrecentado durante la guerra fría, y extendido en el tiempo por la clase política conservadora colombiana alineada al bando estadounidense.

Para desarrollar el análisis, se pretende inicialmente brindar un breve marco conceptual, utilizando el constructivismo como la aproximación teórica capaz de explicar este fenómeno, intentando realizar un abordaje que permita conectar la teoría con las lógicas presentes en el sistema internacional posterior al inicio de la guerra fría, y su determinante influencia en la política colombiana. Seguidamente, se realizará una revisión de la política exterior de los presidentes colombianos desde el comienzo de la guerra fría, con el fin de analizar su posición frente al paradigma mundial y con la intención de demostrar su repetitiva postura a lo largo de los mandatos. Por último, se realizará una observación del discurso, las acciones y decisiones de Iván Duque en referencia al acuerdo de paz, y la influencia que estas pudieron tener en el estancamiento de su implementación.

El constructivismo en la formación de un imaginario social

La utilización del soft y el hard power^[6], como mecanismos de persuasión a los que recurrieron los hegemones durante la guerra fría, fue crucial para que estos mantuvieran su poder de influencia en dicho periodo. Sin embargo, la caída del muro de Berlín como acontecimiento visibilizador del fin del conflicto este-oeste, daría paso a eventos del sistema internacional donde las discusiones proporcionadas desde el campo ideológico del neorrealismo o el neoliberalismo, como las teorías más recurrentemente utilizadas, no serían capaces de explicar, como lo indica (Ibáñez, 2015, p.191).

Aparecería el constructivismo como una aproximación teórica congruente con lo que el sistema internacional pos guerra fría proponía. Según el mismo (Ibáñez, 2015) “Las ideas son determinantes y por ello suele destacarse el carácter idealista o ideacionista del constructivismo… suelen utilizarse algunas categorías relevantes: cosmovisiones, creencias normativas, creencias causales, ideologías y prescripciones políticas” (p.192). Lo anterior atiende a ver la “guerra fría” de una forma más profunda, entendiendo su naturaleza ideológica, más que militar o económica. Así lo menciona (Wallerstein, 1991, p.7, como se cita en Lozano, 2007)

Cada discurso ideológico reforzaba al otro, y ninguno se podía mantener sin el contrario. La guerra fría permitió a cada bando, en el nombre del americanismo o del leninismo, mantener bien sujetos sus respectivos campos, “limpiar sus casas” si lo consideraban necesario y reorientar las mentalidades de generaciones futuras. (p.16)

De igual manera, es importante poder conceptualizar el término “ideología”, con el fin de que no sea un todo abstracto, sino que se pueda entender en el contexto. Según Valdivieso, A., Pardo, A., y García, R. (2021)

La ideología se entiende como un elemento de la vida social de los individuos (individuo en el sistema presidencialista propio de América Latina) que conforman el discurso narrativo del gobierno, como un espacio de representación simbólico que se refleja en el policy making del Estado.

Durante la “guerra fría” la Unión Soviética creó todo un entramado idealista que ensalzaba al trabajador como el sujeto más importante del Estado. Además, se buscaba en todo momento priorizar el bien colectivo, con el fin de impregnar a la sociedad de un sentido colectivista y desde su visión, solidario. Desde esta esquina se veía al rival, como la representación de lo superfluo y lo banal, satanizando el sistema capitalista, tildándolo de egoísta y propulsor de desigualdad. Por otro lado, Estados Unidos intentó visibilizar el lado autoritario de su rival, mostrándolo como un Estado con nulas libertades para la población, donde todos los ámbitos de la persona, hasta los espacios más íntimos, estaban controlados por el gobierno.

A grandes rasgos, era la libertad, democracia, y libre mercado (occidente), en contra de la igualdad, justicia social, y antiimperialismo (este). Ambos hegemones influenciaron de forma exitosa su entorno geográfico e impulsaron y apoyaron directamente revoluciones alrededor del mundo, siendo la cubana de 1959 la más relevante. Claramente, el enfrentamiento ideológico llevó en ciertos casos a la confrontación armada, con la particularidad de nunca tornarse en declaraciones de guerra directa entre ambos hegemones. Conflictos como los de Corea en 1950, Vietnam en 1955, Afganistán en 1979, El Salvador en 1980, Nicaragua en 1978, entre otros; tuvieron una fuerte participación de ambos Estados dominantes, tanto con apoyo directo con la participación de tropas nacionales, como indirecto, con el suministro de inteligencia y armamento.

La Guerra fría y su influencia en la política exterior colombiana

El mencionado apoyo por parte de los hegemones desde cada esquina de la confrontación, propulsó a favor de bando soviético, el nacimiento de distintas guerrillas alrededor del mundo, las cuales buscaban en cada una de sus geografías, desarrollar revoluciones de tinte comunista. Colombia no quedaría al margen de estas iniciativas, creándose en 1964, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La creación de dicho grupo, se daría en base al histórico conservadurismo reinante en Colombia, como lo afirmaba ya (Villar, 1979).

La estructura política tradicional de Colombia se ha conservado sin grandes modificaciones formales desde los días de la independencia del poder español, o sea, en el transcurso de más de 150 años… caracterizada económicamente por el predominio de un capitalismo dependiente, el imperio de las transnacionales y el capital financiero y la supervivencia de formaciones económico-sociales retrógradas. (p.70 y 83)

Lo anterior entendiendo que si bien Colombia ha tenido periodos dominados por el partido conservador y el partido liberal en distintos momentos de la historia, las visiones políticas y económicas no han sido completamente disimiles entre ambos, siendo el capitalismo, el sistema económico adoptado transversalmente, agudizando cada vez más una desigualdad que todavía a día de hoy no puede escapar el país.

Con la oleada comunista e izquierdista en la que nació las FARC, entrarían al campo de batalla otras guerrillas contemporáneas, como el ELN surgido en 1964, el EPL fundado en 1967, y el M-19 originado en 1970. La irrupción de tantos grupos insurgentes en Colombia, traería a este territorio toda la retórica implantada de la “guerra fría”, configurándose los bandos en derecha e izquierda, enarbolando los mismos principios ideológicos expresados por los hegemones y representados principalmente por el partido conservador y liberal, del lado occidental, y claramente las guerrillas, y los partidos políticos nacidos de ellas como la Unión Patriótica, entre otros, del lado oriental de la disputa.

En la composición social de la población colombiana, se evidenciaría una adopción de las ideas conservadoras y de derecha por parte de las clases altas, las cuales han sido plenas dominadoras de los dos partidos políticos más importantes de Colombia (conservador y liberal). Mientras tanto, las ideas izquierdistas calarían en los grupos poblacionales de bajo poder adquisitivo, los grupos sindicales y alguna parte de la academia, sobre todo representada por las universidades públicas.

La filiación ideológica y el desarrollo de la política exterior de los presidentes colombianos, junto con su alineación al hegemón, desde el inicio de la guerra fría, se daría de la siguiente manera resumidamente.

• Laureano Gómez (1950-1951): Durante su breve mandato, Gómez mantuvo una política de marcado conservadurismo, que era contraria a las ideologías izquierdistas. Colombia mantuvo una relación cercana con los Estados Unidos durante este período.
• Roberto Urdaneta Arbeláez (1951): Urdaneta Arbeláez asumió la presidencia tras un golpe de Estado. Su gobierno continuó con una postura anticomunista y mantuvo relaciones estrechas con los Estados Unidos.
• Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957): Rojas Pinilla, un militar, asumió la presidencia tras un golpe militar. Su régimen mantuvo un equilibrio entre las ideologías izquierdistas y derechistas, y buscó cierta independencia en la política exterior. Sin embargo, Colombia mantuvo relaciones con los Estados Unidos.
• Alberto Lleras Camargo (1958-1962): Lleras Camargo presidió el Frente Nacional, un período de coalición política entre liberales y conservadores. Su gobierno mantuvo una postura anticomunista y mantuvo relaciones con los Estados Unidos.
• Guillermo León Valencia (1962-1966): Valencia presidió el Frente Nacional después de Lleras Camargo. Su gobierno continuó con una política anticomunista y mantuvo relaciones con los Estados Unidos.
• Carlos Lleras Restrepo (1966-1970): Durante su presidencia, Colombia mantuvo relaciones con Estados Unidos y continuó con una política anticomunista. Sin embargo, Lleras Restrepo también buscó mejorar las relaciones con otros países latinoamericanos.
• Misael Pastrana Borrero (1970-1974): El gobierno de Pastrana Borrero mantuvo una política anticomunista, pero también buscó una mayor independencia en la política exterior, incluyendo acercamientos a países socialistas en América Latina.
• Alfonso López Michelsen (1974-1978): López Michelsen adoptó una política de no alineación durante su presidencia y buscó una mayor autonomía en la política exterior. Mantuvo relaciones con Estados Unidos pero también exploró relaciones con gobiernos de izquierda en América Latina.
• Julio César Turbay Ayala (1978-1982): Turbay Ayala presidió un gobierno que mantuvo una política anticomunista y relaciones cercanas con los Estados Unidos.
• Belisario Betancur (1982-1986): Betancur adoptó una política de distensión y buscó negociar con grupos guerrilleros de izquierda. Su gobierno fue menos anticomunista que sus predecesores y mantuvo relaciones con Estados Unidos.
• Virgilio Barco (1986-1990): Barco mantuvo una política anticomunista pero también buscó negociar con grupos guerrilleros. Colombia mantuvo relaciones con los Estados Unidos.
• César Gaviria (1990-1994): Gaviria continuó con una política anticomunista y mantuvo relaciones con Estados Unidos.
• Ernesto Samper (1994-1998): Samper presidió durante un período en el que se desató un escándalo relacionado con el narcotráfico. Mantuvo relaciones con Estados Unidos pero enfrentó tensiones debido a este escándalo.
• Andrés Pastrana (1998-2002): Pastrana presidió durante un período en el que se intentaron negociaciones de paz con las FARC. Mantuvo relaciones con Estados Unidos y buscó su apoyo en el proceso de paz.
• Álvaro Uribe (2002-2010): Uribe mantuvo una política anticomunista y estrechas relaciones con Estados Unidos. Su gobierno fue crítico con las FARC y buscó combatirlas militarmente.
• Juan Manuel Santos (2010-2018): Santos presidió durante un período en el que se logró el acuerdo de paz con las FARC. Su gobierno buscó una política de reconciliación y mantuvo relaciones con Estados Unidos.

A grandes rasgos se puede concluir que a excepción de López Michelsen, el Estado colombiano mantuvo una posición, conservadora, anti-izquierdista y antisubversiva, a lo largo de sus últimos 50 años de existencia, sin dejar de mencionar su inapelable alineación a Estados Unidos, reconociéndolo siempre como su hegemón. El punto más álgido de confrontación, se podría encontrar en los 8 años de mandato de Uribe Vélez, el cual centró todo su eje programático de gobierno en el enfrentamiento directo a las guerrillas, en especial a las FARC. Siendo esto anterior, la principal causa de un acontecimiento nefasto para la historia Colombia, los llamados “falsos positivos”^[7].

3. Iván Duque y el acuerdo de paz con las FARC

Iván Duque Márquez es hijo de Iván Duque Escobar, quien en su tiempo fuera gobernador de Antioquia, registrador nacional y ministro de minas y energía del gobierno de Belisario Betancur. Además, el expresidente fue educado en una de las instituciones más prestigiosas durante su temprana edad, el colegio Rochester, reconocido por ser cuna educativa de la elite colombiana. Después obtendría su título de abogado en la universidad Sergio Arboleda, fundada por el reconocido político conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo a su vez, del expresidente Laureano Gómez, conocido popularmente como el “monstruo”, y señalado por los historiadores como uno de los principales instigadores de la violencia bipartidista en Colombia.

Gracias a su entorno, Iván Duque desarrollaría una visión política que se caracterizaría por combinar lo liberal en lo económico, y lo conservador en lo religioso y social; siendo particularmente importante su discurso antipático hacia los movimientos de izquierda, y específicamente hacia las guerrillas, rasgo distintivo de quien sería su líder político, el señor Álvaro Uribe Vélez, creador y jefe del partido “centro democrático”, plataforma mediante la cual Duque llegaría a la presidencia.

Su vedación a las ideas izquierdistas, lo llevó a empecinarse en la iniciativa de aislar política y económicamente a Venezuela, demostrando torpeza en la realización de acciones que a la postre serian perjudiciales para Colombia, y su gobierno específicamente. El reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de un país del que no tenía control, y su consiguiente desafío directo a Maduro como mandatario venezolano, determinarían el cierre de una de las fronteras más activas en cuanto a migración y economía en Latinoamérica, perjudicando económicamente a la sociedad colombiana.

Su apoyo a la operación realizada por Juan Guaidó para llevar ayuda humanitaria a Venezuela a través del Puente Internacional Simón Bolívar, y su presencia en el concierto realizado con el fin de visibilizar la crisis en Venezuela, pretendían visibilizar como un componente de su política exterior y su discurso, una genuina moralidad y preocupación por el bienestar del pueblo venezolano, que de ninguna manera se evidenciaba en las acciones que realizaba internamente en Colombia para con sus ciudadanos.

“Ver que un país cae prisionero de una dictadura que aniquila los poderes, la iniciativa privada, la prensa independiente, la persecución de la oposición, los crímenes sistemáticos y seguir manteniendo un lenguaje diplomático donde las cosas se miran de lejos a mí me parece que termina es validando o generando una complicidad con ese régimen. Es el deber moral que tenemos todos acabar esa dictadura en Venezuela”. (Duque, 2019)

El anterior extracto son las palabras que pronunciaría Iván Duque ante el BID, en Washington, acerca de la situación de Venezuela en febrero de 2019. Muestra de su perjudicial ideologización, y empecinamiento en contra de todo lo emanado desde la izquierda, es entender la naturaleza hipócrita de su actuación a nivel internacional. Lo anterior, bajo el análisis de su discurso de política exterior, el cual a simple vista dejaría ver una preocupación por temáticas de derechos humanos y protección a la población, lo cual se contradice en toda medida con los datos arrojados durante su gestión como presidente de Colombia.

Según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz), durante el gobierno de Iván Duque, y teniendo en cuenta que se implementaron medidas de confinamiento durante 5 meses para contener la pandemia de coronavirus, se registraron 957 asesinatos de líderes, lideresas y defensores/as de DDHH; 220 casos de desaparición forzada; 261 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz; y 313 masacres, con un saldo de 1.192 víctimas en el territorio colombiano (Indepaz, 2022).

El expresidente Duque también utilizó la palabra “represión”, para hacer alusión a los mecanismos de intervención utilizados por el gobierno venezolano durante aquella ocasión en la que pretendían hacer entrar en territorio venezolano ayudas humanitarias cargadas en camiones a través de la frontera.

“Hemos visto como esa represión ha buscado impedir por todos los mecanismos posibles que llegue esa ayuda humanitaria y esta debe ser la oportunidad para que el mundo entero se una y le diga a la dictadura de Venezuela ya basta y fomente y propicie en Venezuela un gran sentimiento de unidad para que todos le digan al dictador que llegó el final de la opresión”. (Duque, 2019)

En referencia a la represión durante el gobierno Duque, es necesario recordar que durante las protestas en contra de una reforma tributaria que este pretendía se aprobara en el congreso, las cuales estallaron en abril del 2021 en Colombia, según datos de la ONG Temblores, se registraron 313 víctimas de violencia física, 44 caso de violencia homicida ejercida presuntamente por la fuerza pública, 2.005 detenciones arbitrarias, y 228 casos de disparo de armas de fuego ejercidos por las autoridades (Temblores, 2021); demostrando una vez más el doble discurso, y la no aplicación interna de los principios que el exmandatario pregonaba hacia el exterior.

En consonancia con lo evidenciado referente a la actitud de Duque frente al gobierno de Maduro, se puede enmarcar su disposición frente a la relación con las FARC y el proceso de paz en específico. A grosso modo, la relación de Duque frente al proceso de paz, se podría denominar como una simulación. Desde el inicio de su campaña, se encontró implícita una actitud de “sí, pero no así”, la cual siempre supuso un margen amplio a la especulación, en relación a lo que Iván Duque pretendía del acuerdo de paz.

Siguiendo esta línea, el expresidente Duque a inicios del 2019 objetaba una ley estatutaria promulgada con el fin de regular Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual ya había sido aprobada por la Corte Constitucional. En una clara muestra de obstaculización ideologizada, torpemente pretendió objetar 6 puntos del acuerdo que ya habían sido ratificados por la Corte Constitucional, creando un retraso innecesario para la consolidación de la JEP, ente fundamental del acuerdo.

Además de los datos aportados en la introducción de este trabajo en materia de implementación por parte del Instituto Kroc, también se puede encontrar el informe sobre implementación realizado por el congreso de la república en su tarea de control político. Los registros fueron realizados por senadores y representantes de ambas cámaras del poder legislativo, los cuales realizaron los siguientes hallazgos en materia de seguridad: Entre 2017 y 2021 se experimentó un incremento del 5,5% en la tasa de homicidios a nivel nacional, siendo los municipios PDET^[8] los principales afectados, evidenciándose un aumento entre 2016 y 2021 del 38,9%; entre 2017 y 2020 se evidenció un incremento del 44,4% en homicidios de líderes sociales y entre 2016 y 2021 del 278,9% en el número de masacres; entre 2017 y 2021 las víctimas de desplazamiento masivo aumentaron en un 478,7%, las de minas antipersonal en un 157,6%, y los homicidios de miembros de la Fuerza Pública en un 78,3%.

En cuanto al componente legislativo, se encontró que el 33,6% de las 107 normas necesarias para la implementación todavía estaban pendientes; se evidenció también un enorme déficit en cuanto a lo presupuestal entendiendo que solo se ha ejecutado el 3,2% de los 5,3 billones que el Gobierno tendría que destinar al año para la implementación de los PDET según el Plan Marco de Implementación, siendo especialmente importante lo encontrado en la subregión Pacífico Medio, en la que se habia invertido solo el 2,3% de lo establecido. En cuanto al avance especifico por punto, para el punto 1. Reforma Rural Integral, se encuentra que del total de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras (1.912.868), solo el 25,37% fueron distribuidas, y solo el 2,57% se entregaron a los campesinos. Por otro lado, se evidenció que del total de hectáreas formalizadas (2.612.983,78), solo el 50,56% se formalizó a campesinos sin tierra. Entrando al punto 2. Participación Política, se encontró que a 2022, y entendiendo que la implementación de este punto es sobre todo normativa, estaban pendientes el 50% de las leyes requeridas.

Siguiendo con el punto 3. Fin del conflicto, se supo que del total de excombatientes de las FARC que dejaron las armas, el 36,3% aún no contaba con un proyecto productivo financiado por el gobierno. Pasando al punto 4. Solución al problema de las drogas de uso ilícito, se encontraron graves problemas, evidenciándose que aunque entre 2017 y 2020 se redujeron las hectáreas de coca en un 16,7%, entre 2019 y 2020 el rendimiento promedio de la cocaína fue al alza en un 18%. Lo que podría tener explicación, en que el 44,6% de las familias aún no tiene proyecto un productivo de ciclo corto y el 97,6% no tiene proyecto productivo de ciclo largo, lo que hace completamente imposible que los campesinos encuentren rentabilidad en otras actividades diferentes al cultivo de hoja de coca. Por último, el punto 5. Víctimas, concluyó que de las 9.263.826 víctimas registradas, solo el 16,5% habían sido indemnizadas, encontrándose que a ese ritmo, tomaría 61 años atenderlas a todas.

Todo lo anterior, mientras el expresidente Duque era capaz de decir frente al Concejo de Seguridad de la ONU en 2022, que “Colombia tendría la menor tasa de homicidios de los últimos 40 años”, o que “ni siquiera la pandemia privó al gobierno de avanzar en la implementación de los acuerdos” (Duque, 2022). Demostrando hipocresía, y un ocultamiento premeditado de la verdadera realidad de la sociedad colombiana, la cual experimentaba en aquel entonces los peores indicadores en materia de seguridad desde la firma del acuerdo de paz con las FARC.

4. Conclusiones

A forma de conclusión, se puede argumentar que existe evidencia capaz de reafirmar una relación directa entre los rezagos ideológicos pertenecientes a la “guerra fría” y la creación de toda una costumbre de política exterior anti-izquierdista y antisubversiva en Colombia, explicada desde el constructivismo. Aunque actualmente sea Gustavo Petro el presidente, teniendo en cuenta su pasado guerrillero y su filiación izquierdista, no se puede afirmar un cambio en este paradigma, ya que la política colombiana sigue siendo controlada por las grandes elites económicas y políticas, que son predominantemente conservadoras. Esto se demostró en las últimas elecciones territoriales, donde el partido del presidente Petro no obtuvo los resultados esperados.

Por otro lado, según los datos aportados en materia de implementación, se puede concluir que se encuentra una gran responsabilidad de Iván Duque frente a las acciones realizadas en relación a la implementación del acuerdo de paz, durante su periodo como jefe de Estado. Se evidencia la existencia de un doble discurso, al cual no se le encuentra coherencia entre lo que proclama internacionalmente y lo que en realidad realizó su gobierno. Todo lo anterior enmarcado en una premeditada actitud a la modificación y al desconocimiento de varios de los puntos acordados por el anterior gobierno en el acuerdo de paz.

La mencionada postura de Duque, se asocia a un evidente desdén por las ideas izquierdistas, lo cual a su vez proviene del entramado social que lo rodea, el cual lo hizo susceptible a la adopción de ideales conservadores. A simple vista, lo anterior no seria un problema, sin embargo, la problemática evidenciada en este trabajo, se encuentra cuando se configura un actuar perjudicialmente ideologizado del expresidente Duque. Esto basado en el hecho de obstaculizar premeditadamente un acuerdo al que el Estado colombiano se había comprometido jurídicamente a cumplir según lo establecido en su negociación; con el poder que le confirió una parte de la sociedad colombiana, Iván Duque ralentizó un proceso que indudablemente erigido desde su nacimiento como el principal propulsor de un cambio en las estructuras sociales y económicas, culpables de sumir a Colombia en el subdesarrollo durante toda su historia.

Bibliografía

Cetina, C. (2023). Implementación del Acuerdo: recuperando, a marchas forzadas, el tiempo perdido. Artículo del periódico El Espectador. Bogotá, Colombia.

Del Arenal, C. y Sanahuja, J. (2015). Teorías de las relaciones internacionales. Editorial TECNOS (grupo Anaya S.A. Madrid, España.

Duque, I. (2018). Discurso emitido tras la victoria en segunda vuelta de las elecciones para presidencia. Video extraído de YouTube, Canal CityTV. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=tSAiY2knc-c

Duque, I. (2019). Palabras emitidas durante su visita al BID (Washington), en febrero del año 2019. Video extraído de YouTube, canal del medio la Voz de América. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=gRBWgXzgtSY

Duque, I. (2019). Declaraciones de Iván Duque durante rueda de prensa. Extracto tomado de YouTube, canal El Pitazo. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=GrIMc_6GRD0

Estrada, J., Gonzales, A., Mora, A., Jiménez, C., Muñoz, C., Fajardo, D., Machuca, D., Carrero, D., Romero, E., Toloza, F., Méndez, J., Silva, J., Puello, J., Torres, J., Montero, L., Naranjo, S., Nijmeijer, T. (2019). El Acuerdo de paz en Colombia, Entre la perfidia y la potencia transformadora. CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Gentes del común, Bogotá, Colombia. Centro de Pensamiento y Diálogo Político-CEPDIPO, Bogotá, Colombia.

Indepaz. (2022). Cifras durante el gobierno de Iván Duque, Balance de la violencia en cifras. Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, Bogotá, Colombia.

Instituto Kroc. (2023). Octavo informe comprensivo sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia: Avances, desafíos y oportunidades (2022-2023). Universidad de Notre Dame. Recuperado de https://kroc.nd.edu/noticias-eventos/eventos/2024/05/07/lanz-del-octavoinforme-comprensivo-del-instituto-kroc-sobre-la-imple-del-acuerdo-final-de-pazdeColombia.

Laurel, Q. y Gómez, M. (2023). Implementation of the Colombian Peace Accord Reaches its Sixth Year. Informe de política nº 16 de la Matriz de los Acuerdos de Paz. South Bend, IN: Kroc Institute for International Peace Studies, Keough School for Global Affairs, Universidad de Notre Dame. doi:10.7274/6395w666821

Lozano, A. (2007). La Guerra Fría. Editorial Melusina, España.

Organización de Naciones Unidas (ONU). (2023). Colombia avanza en el Acuerdo de Paz, pero debe cumplir con las víctimas. Noticias ONU Mirada global Historias humanas. Recuperado de https://news.un.org/es/story/2023/10/1524652

Pastrana, E. y Reith, E. (2021). La política exterior de Iván Duque, una mirada de sus dos primeros años. Fundación Konrad Adenauer, KAS: CRIES, Bogotá, Colombia. Obtenido de https://www.cries.org/wp-content/uploads/2021/05/IVAN-DUQUE-ID-CRIES-WEB-03-Marzo-2021-1.pdf

Segrelles, J. (2018). La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia: Obstáculo principal para una paz duradera y democrática. Anales de geografía. Univ. Complutense. 38(2) 2018: p.409-433.

Temblores. (2021). Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Bogotá, Colombia. Obtenido de https://www.temblores.org/_files/ugd/7bbd97_691330ba1e714daea53990b35ab351df.pdf

Villar, L. (1979). Perspectivas del socialismo democrático en Colombia. Revista Nueva Sociedad, edición N°44, p.70-84, Buenos Aires, Argentina.

Wallerstein, I. (1991). Geopolitics and Geoculture, Cambridge University Press.

^[1] Maestrando en Relaciones Internacionales (IRI-UNLP). Integrante del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI.

[2] El Estado entabló diálogos con las FARC en distintas ocasiones. La primera de ellas fue en los llamados “Diálogos de Tlaxcala” (1982-1984). Después se tuvo otra iniciativa de desmovilización en los “Diálogos de Caracas (1991)”, conversaciones que condujeron a la creación de la Unión Patriótica (UP). Finalizando el siglo, se desarrollaron los “Diálogos de Caguán” (1999-2002), conversaciones nuevamente infructuosas. Sin embargo, 10 años después, pasados dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, iniciarán los “Diálogos de la Habana” (2012-2016), proceso que culminaría en la desmovilización de aquel grupo armado.

[3] Se hace referencia a lo acontecido en el año 1999 durante la ceremonia de inauguración de las negociaciones de paz emprendidas por el expresidente Andrés Pastrana y el grupo de las FARC. En aquel evento el jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, tenía un asiento destinado al lado de Pastrana, sin embargo, nunca se presentó a la inauguración. Dicho momento pasaría a la historia como la “silla vacía”, convirtiéndose en el preludio de unas negociaciones que a la larga fracasarían.

[4] Véase en “Cuánto cuesta, cómo se paga y qué se puede ganar con una eventual paz en Colombia”, Cosoy, N., 2015, “Análisis de los efectos económicos en Colombia por la implementación de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC”, Ariza, E., 2018, “Beneficios económicos del Acuerdo de Paz en Colombia”, Betancur, J, Libos, S. & Ortiz, M., 2020, “Economía colombiana será la primera beneficiada por el fin del conflicto”, El País, 2016.

[5] Es necesario recordar que inicialmente se había llegado a un acuerdo final entre los negociadores del gobierno y de las FARC, el cual fue sometido a ratificación mediante mecanismo de plebiscito, con el fin de preguntarle a la población colombiana si estaba de acuerdo o no con lo acordado allí. El resultado de la consulta fue “NO”, con el 50,21%, frente al “SI” con 49,79%. El resultado obligó a Juan Manuel Santos a renegociar ciertos puntos del acuerdo, y marcaria en la sociedad colombiana el inicio de un debate público que enfrentaría dos facciones con visiones políticas muy distintas.

[6] “Soft Power”, o “poder blando” y “Hard Power” o “poder duro”, ideas proporcionadas desde el realismo para explicar el desarrollo del poder por parte de los hegemones. El “poder blando” plantea que los hegemones pueden influir en países con menos poder mediante el empleo de mecanismos no bélicos capaces de moldear y modificar la posición de un gobierno o toda una sociedad hacia sus intereses. Por otro lado, el “poder duro” propone la utilización de la fuerza como elemento capaz de salvaguardar los intereses del hegemón, siendo las intervenciones militares el principal mecanismo al que han recurrido los poderosos.

[7] Se llamó “falsos positivos” a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el ejército nacional colombiano, a lo largo del mandato de Uribe Vélez, impulsado en parte por su política de “seguridad democrática”, la cual presionaba a los militares para entregar bajas en combate guerrilleras. A lo anterior, y ante la imposibilidad del ejército de entregar bajas en las cantidades solicitadas desde el gobierno, se creó todo un entramado dentro de la fuerza militar para atraer jóvenes pertenecientes a barrios humildes de las grandes ciudades, campesinos y con enfermedades cognitivas; a los cuales les ofrecían empleos bien remunerados, con la intención de llevarlos engañados a otras latitudes del territorio colombiano, ejecutarlos y después disfrazarlos con ropas de uso guerrillero, con el fin de presentarlos como bajas en combate.

[8] La sigla PDET, hace referencia a los 170 municipios enmarcados dentro de Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial el cual pretende estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.