Ataque contra la prensa en Gaza: un desafío inédito al sistema internacional

El pasado domingo, el ejército de Israel llevó a cabo un ataque selectivo cuyo objetivo principal fue el asesinato de cinco periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera. Los corresponsales Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh, junto con los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa —los últimos periodistas activos en la zona norte de la Franja de Gaza[1]— murieron en el bombardeo.

Tras el ataque, el ejército israelí difundió un escueto mensaje en redes sociales[2]en el que acusó a Anas al-Sharif de pertenecer a una célula del grupo terrorista Hamás. “Una placa de prensa no es un escudo para el terrorismo”, concluía la publicación. Posteriormente, el gobierno de Israel divulgó una serie de documentos[3]que supuestamente probarían la participación de al-Sharif en actividades terroristas. Sin embargo, se trata de capturas de pantalla de documentos atribuidos a Hamás cuya autenticidad resulta imposible de verificar. No es la primera vez que se recurre a esta narrativa: entre 2004 y 2018, Israel ya había sostenido argumentos similares para vincular a periodistas palestinos con organizaciones terroristas y convertirlos así en objetivos militares[4].

El blanco principal del ataque era, efectivamente, Anas al-Sharif, colaborador de Al Jazeera en la Franja desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque terrorista de Hamás contra el sur de Israel. Licenciado en Periodismo por la Universidad de al-Aqsa, trabajó durante años en medios locales. Tras el inicio de la ofensiva israelí y la decisión —sin precedentes— del gobierno de Netanyahu de prohibir el ingreso de prensa internacional a territorio palestino, se convirtió en una de las voces más relevantes del periodismo árabe para informar sobre la situación en Gaza. En mayo de 2024, recibió junto con el equipo de Reuters con el que colaboraba el Premio Pulitzer[5] a la mejor cobertura fotográfica, por documentar los crímenes cometidos por soldados israelíes durante su incursión en Gaza.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) había alertado reiteradamente sobre la situación de riesgo que enfrentaba al-Sharif[6]. Según numerosas asociaciones de prensa internacionales, fue víctima de una campaña de deslegitimación[7] por parte del gobierno israelí, destinada a justificar su eliminación como objetivo militar. Recibía de forma constante mensajes intimidatorios en los que se detallaban sus movimientos en el norte de Gaza y fue acusado públicamente por el portavoz árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, de “trabajar en el canal más criminal y ofensivo para el pueblo de Gaza, ya que intenta convertir la derrota en victoria a costa de la población y encubrir crímenes de lesa humanidad cometidos por sus colegas de Hamás”[8].

Estos ataques directos a la libertad de prensa forman parte de una estrategia más amplia para desacreditar y neutralizar la información documentada por periodistas palestinos y difundida en medios internacionales. El gobierno de Benjamin Netanyahu incluso ha llegado a negar la existencia de hambruna y de una catástrofe humanitaria en curso[9], generadas a partir de operación militar desatada por su ejército. A ello debe agregarse la imposición de un cerco militar que impide el ingreso de medios de comunicación internacional para documentar las acciones de las fuerzas armadas israelíes. Más de 200 entidades, entre empresas de comunicación, asociaciones de periodistas y sindicatos del sector han pedido el fin del cerco mediático sobre Gaza, y la organización Reportes sin Fronteras presentó una demanda[10] ante la Corte Penal Internacional al respecto.

La situación de la prensa en Gaza es dramática. Según Naciones Unidas, desde el inicio de la invasión israelí han muerto 242 periodistas —una cifra sin precedentes—. Un estudio reciente del Watson Institute for International & Public Affairs de la Brown University[11], señala que el conflicto actual es el más mortífero del que se tiene registro para el periodismo. Solo la guerra de Irak, con 282 periodistas asesinados a lo largo de 20 años, supera esta cifra. En comparación, en la Segunda Guerra Mundial se registraron 67 periodistas muertos en cinco años, y durante la guerra de Vietnam, 63 en dos décadas. La magnitud de las pérdidas en Gaza en apenas dos años resulta estremecedora.

Existen normas internacionales que protegen explícitamente la labor periodística en zonas de conflicto. El artículo 79 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra – que refleja a la costumbre internacional de igual sentido – establece que los periodistas deben ser considerados civiles y estar protegidos como tales, siempre que no participen directamente en las hostilidades. Las obligaciones de los Estados en este sentido fueron reforzadas por la Resolución 2222 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU, que amplía la Resolución 1738 (2006), y por resoluciones de la Asamblea General como la 68/163 (2013) y la 69/185 (2014). Asimismo, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran el derecho a la libertad de expresión y de información.

A nivel institucional, desde 2012 funciona el Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, impulsado por la UNESCO, y en el marco de la Agenda 2030 se adoptó el indicador ODS 16.10.1 para monitorear la seguridad de los trabajadores de prensa. La UNESCO también creó el Observatorio de Periodistas Asesinados.

Sin embargo, lo que ocurre hoy en Gaza constituye un ejemplo claro de cómo los grandes poderes globales pueden ignorar y vulnerar, por la fuerza, principios y derechos consagrados en el derecho internacional. El cerco mediático impuesto sobre el territorio palestino y el asesinato sistemático de los trabajadores de prensa locales son funcionales a la imposición de una narrativa sesgada acerca de lo que ocurre en Gaza.

Federico Larsen
Magister en Relaciones Internacionales
IRI – UNLP