La decisión reciente del gobierno laborista de Keir Starmer de implementar la mayor reforma del sistema de asilo británico de las últimas décadas -endurecimiento del acceso al estatus de refugiado, revisión periódica cada 30 meses, límites estrictos a la reunificación familiar y una relectura del Convenio Europeo de Derechos Humanos para agilizar las deportaciones- expone mucho más que una corrección técnica del asunto migratorio. Esta propuesta visibiliza la encrucijada estratégica por la que está atravesando el laborismo británico: un partido que llegó al poder con el firme compromiso por la reconstrucción económica, la estabilidad social y la modernización institucional, pero que hoy encuentra en la inmigración el sustituto simbólico de una agenda redistributiva que o bien, ha quedado en suspenso o ha pasado a un segundo plano.

El trasfondo es llamativo. Después de años de austeridad conservadora, el deterioro del NHS, la crisis habitacional y la desaceleración del crecimiento, el electorado británico esperaba que la nueva administración laborista diera comienzo a una etapa de reparación estatal enfocada en la expansión del bienestar colectivo. Sin embargo, los compromisos fiscales autoimpuestos por el Tesoro, la prudencia presupuestaria y la voluntad de “recuperar una supuesta credibilidad económica” estrecharon el margen político para impulsar un conjunto de políticas transformadoras. Frente al desencanto social por la ausencia de políticas, la inmigración reaparece nuevamente como un terreno fértil donde el Gobierno puede salir a mostrar una acción rápida y capacidad de control, a pesar de que esto no constituya la raíz material de los problemas estructurales que afectan al Reino Unido post-Brexit.

El giro de Starmer revela un patrón clásico en la política británica contemporánea: cuando los gobiernos carecen de la voluntad política y no desean destinar los recursos materiales necesarios para intentar mejorar las condiciones de vida de la sociedad en el corto plazo -los salarios reales estancados, la infraestructura deteriorada, los servicios públicos desbordados- la agenda se desplaza con velocidad hacia la identidad y la seguridad. La inmigración, al igual que en el gobierno de Trump, esta operando como una válvula de escape discursiva, que posibilita canalizar las frustraciones sociales sin requerir de grandes erogaciones fiscales. Pero este movimiento también implica un costo político mayor: la creciente convergencia del laborismo con los marcos narrativos conservadores y, especialmente, con la retórica antiinmigración que ha permitido a figuras como el populista Nigel Farage capitalizar el malestar social.

Lejos de fortalecer la gobernabilidad, esta derivación esta erosionando la coherencia interna del partido. Numerosos diputados laboristas están oponiéndose a la reforma porque esta contradice abiertamente el espíritu de inclusión y justicia social que definió la última campaña electoral. El riesgo es evidente: el intento de Starmer de neutralizar a Reform UK con medidas restrictivas, está erosionando rápidamente su propia identidad y alimentando la sensación de que el país continúa atrapado en un ciclo político dominado por el temor, la excepcionalidad y la búsqueda permanente de “control” iniciada con el Brexit.

El giro de Starmer hacia la derecha en materia migratoria, más que una estrategia pragmática, parece más el síntoma de una precoz crisis de identidad y gobernabilidad. Crisis porque el laborismo está enfrentando una tensión entre su mandato electoral redistributivo y la restricción fiscal que adoptó voluntariamente; crisis porque la política británica continúa girando incesantemente alrededor de las ansiedades culturales y las promesas incumplidas del Brexit; y crisis, finalmente, porque el Gobierno laborista está corriendo el riesgo de sacrificar su proyecto de renovación nacional en el altar de las soluciones simbólicas que no resuelven en nada los problemas estructurales del país.

La paradoja es clara: un partido que llegó al poder con el compromiso firme de reconstruir el contrato social termina redoblando las lógicas identitarias que buscaba superar. El desafío del laborismo no es solo económico; es, sobre todo, identitario. Definir qué significa gobernar en el Reino Unido post-Brexit exige algo más que responder a las presiones electorales coyunturales. Exige recuperar una visión clara de la justicia social, la inclusión y el futuro. Sin esa brújula, el riesgo es que los gobiernos británicos continúen pendulando entre la austeridad y el resentimiento con la finalidad de esconder las demandas sociales y sin encontrar además una narrativa que les permita ordenar el destino de una nación multicultural en el siglo XXI.

Federico Vaccarezza
Secretario
Departamento de Europa
IRI-UNLP