Departamento de América del Norte
Artículos
Securitización arancelaria y regímenes alternativos: las estrategias de diversificación comercial de Canadá y México frente al unilateralismo de Trump 2.0
Alan Paro[1]
Durante décadas, países como Canadá prosperaron bajo lo que llamábamos el orden internacional basado en reglas. […] Este acuerdo ya no funciona. Seré directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición. […] Pero cuando solo negociamos bilateralmente con un hegemón, negociamos desde una posición de debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece. […] Y la diversificación internacional no es solo prudencia económica, es la base material de una política exterior honesta, porque los países se ganan el derecho a posiciones de principios reduciendo su vulnerabilidad a las represalias. (Carney, citado en World Economic Forum, 2026)
Robert Gilpin (2001) argumenta, en el marco de la teoría de la estabilidad hegemónica, que el hegemón es aquel actor que facilita la cooperación internacional y previene la deserción de sus socios mediante diversas herramientas, incluida la coerción, con el fin de mantener el orden. A su vez, los incentivos que llevan a un Estado de tales características a sostener un orden internacional liberal se vinculan, fundamentalmente, con la promoción de sus propios intereses en materia de política exterior y seguridad (Gilpin, 2001, pp. 97-99).
Estas palabras de Carney permiten, entonces, formular una pregunta central: ¿En qué medida la utilización de instrumentos coercitivos por parte de Estados Unidos continúa reforzando el orden comercial que lidera o, por el contrario, incentiva estrategias de diversificación entre sus principales socios? Al menos en el plano discursivo canadiense, según se desprende de su discurso en Davos ,dicho orden se ha quebrado, y la búsqueda de regímenes comerciales alternativos aparece como respuesta a la retirada del hegemón del orden internacional liberal.
Que la administración Trump sea señalada como fuente de la crisis de ese orden no resulta sorprendente, y la literatura académica sobre política exterior estadounidense —tanto para el primer como para el segundo mandato— así lo ha registrado. Sin embargo, Gilpin anticipó esta tendencia con notable claridad: «hay un cambio de mentalidad que está ocurriendo en los Estados Unidos hacia una perspectiva más proteccionista […] la tendencia se está alejando de la globalización» (Gilpin, 2005, p. 369).
A partir de este diagnóstico, el presente artículo analiza si la política comercial de la administración Trump 2.0 ha incentivado la adopción de estrategias de diversificación comercial por parte de Canadá y México. Se sostiene que dichas estrategias no buscan reemplazar al T-MEC, sino reducir la vulnerabilidad derivada de una creciente securitización[2] de la política comercial estadounidense.
De los aranceles a la Doctrina Donroe: el nuevo tablero trilateral
Las tensiones entre los países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés) durante ambas administraciones de Donald Trump han sido considerables. Como breve antecedente de su primera administración, resulta pertinente señalar que, durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el propio mandatario lo calificó como «el peor acuerdo jamás hecho» (Trump, 2017), visión que justificó un proceso de renegociación entre los tres países, el cual culminó con la adopción del esquema comercial vigente desde 2020.
Con su regreso a la Casa Blanca, México y Canadá han sufrido múltiples afectaciones como consecuencia del nuevo periodo de unilateralismo transaccional que Washington plantea en su política exterior desde el América First Trade Policy[3] publicado a inicios de su gestión, donde el déficit comercial habilita la revisión de las políticas comerciales hacia los socios del T-MEC (Federal Register, 2025a). Desde entonces, ambos países han sido objeto de un sinfín de medidas proteccionistas de alcance global, como las proclamaciones presidenciales sobre el acero[4] (Federal Register, 2025b) y el aluminio[5] (Federal Register, 2025c), o los aranceles recíprocos producto del “Liberation day”[6] (Federal Register, 2025d). Incluso, de manera individual, ambos países han sido destinatarios de aranceles derivados de la evaluación que Washington realizó sobre el tráfico de fentanilo[7] proveniente de Canadá (Federal Register, 2025e, 2025f, 2025g) y Mexico (Federal Register, 2025h, 2025i).
Sin pretender enumerar todas las medidas arancelarias y no arancelarias impuestas al comercio de ambos países durante 2025, resulta necesario señalar que estas continuaron en 2026. Entre las más relevantes se encuentran el incremento de aranceles al 50% ad valorem[8] para Canadá en julio (The White House, 2026), así como los aranceles más recientes en los que México[9] y Canadá[10] se ven nuevamente involucrados (Federal Register, 2026).
Sin embargo, la inestabilidad entre los tres países no se ha limitado al plano comercial, sino que también se ha manifestado en el terreno diplomático y simbólico. Para México, esto se evidenció en el cambio de denominación del golfo de México a golfo de América[11] a inicios de 2025 (Federal Register, 2025j). Para Canadá, en cambio, la ofensiva fue considerablemente mayor, al manifestar Trump en reiteradas ocasiones su intención de integrar al país como el estado número 51 de la Unión (Trump, 2026a; ABC News, 2025).
Estas acciones adquieren pleno sentido a la luz de la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en 2025, popularmente conocida como la «Doctrina Donroe» (Oliva, 2025). En dicho documento se enuncia lo que se ha denominado el corolario Trump a la doctrina Monroe, según el cual Estados Unidos buscará impedir que potencias ajenas al hemisferio posicionen fuerzas militares o capacidades de otro tipo que representen una amenaza, o que posean o controlen activos de importancia estratégica dentro de la región; este corolario se presenta como una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses, en línea con los intereses de seguridad del país (The White House, 2025). En consonancia con este planteamiento, el secretario de Guerra introdujo el concepto de «la gran Norteamérica»[12], el cual cubriría desde Groenlandia a Ecuador y de Alaska hasta Guyana (U.S. Department of War, 2026).
Figura 1. Publicación del mapa continental con Groenlandia, Canadá y otros países con los colores estadounidenses.
Fuente: Trump (2026b).
Este escenario, en el que los aranceles no siempre obedecen a propósitos de política industrial, sino que encuentran su justificación en la securitización de otros aspectos —como el tráfico de drogas o los déficits de la balanza comercial—, valida desde el propio Poder Ejecutivo la utilización de instrumentos comerciales para preservar la seguridad nacional. A esto se suman los actos justificados a partir de la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025 y, sin adentrarnos en el apartado migratorio, el cual merecería un análisis individual propio, el conjunto de estos factores conduce a una creciente inestabilidad regional, en la que los vecinos al norte y al sur de Estados Unidos deben analizar de manera constante las pretensiones de Washington para la región y el hemisferio.
Frente a esta ofensiva, ambos países no han permanecido pasivos, sino que han desplegado estrategias propias de respuesta, con matices y alcances distintos según sus respectivas capacidades de negociación y sus prioridades en la relación bilateral con Estados Unidos. En los siguientes apartados se analizará, en primer lugar, la respuesta canadiense y, posteriormente, la respuesta mexicana ante este nuevo escenario de presión comercial y simbólica.
Canadá y la doctrina Carney: reconfigurando el mapa comercial más allá de Estados Unidos.
El período de Mark Carney en el poder llegó a definirse como la «doctrina Carney», la cual, siguiendo a Ciuriak (2026, p. 3), se sostiene sobre tres pilares: (1) una apuesta decidida por el comercio, diversificando sus mercados mediante una sucesión de nuevos acuerdos de libre comercio y profundizando sus redes de asociación económica y de seguridad internacional; (2) el desarrollo de capacidades domésticas a través de una misión de construcción nacional que evoca episodios previos de desarrollo de infraestructura en la historia de Canadá; y (3) la gestión de su relación continental con Estados Unidos desde una posición fortalecida por las redes de asociación internacional y el programa de construcción nacional descritos en los dos pilares anteriores, sin ceder terreno frente a Washington.
Con esta premisa, resulta necesario volver al discurso de Carney en el Foro Económico de Davos de 2026 como eje disparador del análisis. En él, el primer ministro anunció la estrategia de Canadá frente al diagnóstico sobre el actual sistema internacional, mediante una actualización de la asociación estratégica con la Unión Europea —que incluye la Acción por la Seguridad de Europa (SAFE, por sus siglas en inglés)— además de doce acuerdos de comercio y seguridad con países como China, Catar, India, la ASEAN, Tailandia, Filipinas y el Mercosur (World Economic Forum, 2026). De todos ellos, se analizarán tres: (1) los acuerdos con la Unión Europea, (2) los acuerdos con China y (3) los acuerdos con el Mercosur.
Canadá y Mercosur: la reactivación de un vínculo postergado.
Las negociaciones entre Ottawa y el bloque Mercosur comenzaron en la primera década del nuevo milenio; sin embargo, tras múltiples rondas de conversaciones, estas quedaron paralizadas en 2019 (OEA, 2026). Recién en 2025, en un comunicado conjunto con el gobierno de Brasil, ambos países señalaron que la reanudación de las negociaciones comerciales reflejaba su compromiso compartido de profundizar los lazos económicos mutuamente beneficiosos entre ambas partes (Global Affairs Canada, 2025).
En términos del flujo comercial actual, esto implica para Canadá discutir una relación que, si bien no es comparable en magnitud a la sostenida con Estados Unidos, no deja de ser significativa: según datos del 2025, las exportaciones canadienses hacia el esquema de integración regional alcanzaron los US$3.912 millones y las importaciones canadienses los US$8.702 millones, lo que representa un incremento del 11,0% y el 15,6% respectivamente respecto del período anterior (MERCOSUR, 2026).
Los motivos subyacentes a esta reactivación de las negociaciones son multicausales. En primer lugar, el Financial Times (2025) atribuye el motivo a la política comercial mercantilista de «América First» impulsada por Trump, que —según dos funcionarios con conocimiento de las conversaciones— habría sido un factor determinante en el resurgimiento del acuerdo entre Canadá y Mercosur.
Esta lectura mercantilista se ve reforzada, además, al analizar el documento de evaluación de impacto sobre el acuerdo de libre comercio, particularmente en dos aspectos centrales. En primer lugar, se contempla la eliminación completa de todas las protecciones agrícolas y no agrícolas entre Canadá y los cuatro países de Mercosur, sin excepciones para los denominados «productos sensibles» (Global Affairs Canada, 2019). En segundo lugar, el propio gobierno canadiense reconoce que la reducción de aranceles beneficiaría a los exportadores canadienses en numerosos sectores industriales, entre ellos automóviles y autopartes, químicos y plásticos, productos farmacéuticos, aluminio, maquinaria y equipos, tecnología de la información y telecomunicaciones, y el sector forestal (Global Affairs Canada, 2019). Este nivel de detalle sectorial no es menor ya que muchos de estos productos fueron objeto de la política arancelaria de los Estados Unidos en el último año y medio, representando un alto impacto a las cadenas de valor canadienses.
Un segundo motivo, en consonancia con el primero, puede observarse en las consultas realizadas por el gobierno canadiense entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en las que diversos sectores de la sociedad identificaron beneficios potenciales de un eventual acuerdo en áreas como agricultura y agroindustria, manufactura y procesamiento de alimentos, gestión de la oferta (supply management), negocios e industria, provincias y territorios, economía digital, minería y energía, servicios, medio ambiente, comercio inclusivo, y trabajo y derechos humanos (Global Affairs Canada, 2026a).
De esta manera, se espera que el acuerdo se firme este mismo año, según medios periodísticos (Infobae, 2026a), en línea con lo expresado por la ministra de Asuntos Exteriores Anita Anand, quien sostuvo que Canadá se propone duplicar sus acuerdos comerciales fuera de Estados Unidos en las próximas décadas (Buenos Aires Times, 2026).
Más allá del CETA: la agenda digital y estratégica entre Canadá y la UE.
Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Canadá se han intensificado desde la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) en 2016 y su aplicación provisional en 2017. Desde entonces, el intercambio comercial de bienes y servicios entre ambos bloques creció un 81% entre 2016 y 2025 (Consejo de la Unión Europea, 2026a). Según los datos de la Organización Mundial del Comercio (2024), la Unión Europea representa actualmente el tercer destino de las importaciones canadienses y el segundo destino de sus exportaciones.
En lo que respecta a las negociaciones iniciadas en 2026 entre ambos bloques, cabe destacar dos cuestiones. La primera son las tres rondas de negociación celebradas en abril, junio y julio en torno a un futuro acuerdo dedicado al comercio digital (European Commission, 2026a), el cual contempla capítulos específicos sobre flujos de datos, facilitación del comercio digital, seguridad informática, y transparencia y cooperación regulatoria, entre otros (CIRCABC, 2026). La rapidez con la que se sucedieron estas tres rondas en apenas cuatro meses sugiere una voluntad política de avanzar con celeridad, coherente con el pilar de la «doctrina Carney» orientado a multiplicar y profundizar los acuerdos comerciales de Canadá más allá de Estados Unidos.
A su vez, un detalle relevante puede rescatarse del comunicado conjunto emitido por ambas partes, el cual marca un punto de inflexión en la actual estrategia de Carney: allí se señala que las partes conversaron sobre nuevas áreas de cooperación futura entre el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)[13] y la Unión Europea además de celebrar el ingreso canadiense al Acción por la Seguridad de Europa[14] (European Commission, 2026b; Global Affairs Canada, 2026b). En consonancia con esta lectura, fuentes periodísticas recogen declaraciones del ministro de comercio internacional canadiense Maninder Sidhu, quien sostuvo que este objetivo no responde únicamente a una meta económica, sino que constituye una estrategia orientada a reducir la vulnerabilidad de Canadá, proteger a los trabajadores canadienses frente a shocks externos fuera de su control, y construir resiliencia a largo plazo, remarcando que Europa constituye un socio clave para avanzar hacia ese objetivo (Global Banking & Finance Review, 2026).
Beijing como socio: tensionando los límites de la cláusula 32.10.
Antes de adentrarnos en el análisis del reciente acuerdo entre Ottawa y Beijing, resulta pertinente realizar un comentario clave sobre el T-MEC, tanto para Canadá como para México. La cláusula 32.10[15] del acuerdo firmado en 2020 limita potencialmente a ambas economías la posibilidad de establecer acuerdos comerciales con economías de no mercado, en clara alusión a China. Habiendo dicho esto, pareciera que la propia política comercial de Washington terminó impulsando, de manera paradójica, el acercamiento sino-canadiense.
En el marco de la visita oficial del primer ministro Mark Carney a China del 14 al 17 de enero de 2026 —que incluyó un encuentro con el presidente Xi Jinping—, ambos gobiernos alcanzaron un amplio consenso en materia de cooperación económica y comercial, suscribiendo la China-Canada Economic and Trade Cooperation Roadmap y un arreglo conjunto preliminar sobre temas económicos y comerciales bilaterales (Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, 2026a).
Si se realiza una lectura del comunicado conjunto resultante de dicho encuentro, allí se señala que, ante este momento bisagra de la historia y las transformaciones fundamentales que atraviesan las redes comerciales del mundo, Canadá debe sostener una relación seria, focalizada y pragmática con China (Global Affairs Canada, 2026d). Adentrándonos en las áreas abordadas por el comunicado conjunto, estas resultan incluso más críticas que las trabajadas con el Mercosur, e incluyen vehículos eléctricos, semillas y harina de canola, langostas, arvejas, cangrejos y otros productos marinos, acero y aluminio, y productos solares y semiconductores (Global Affairs Canada, 2026d).»
Además de la reducción arancelaria en ciertos productos, el gobierno chino informó, a su vez, que otorgará a Canadá una cuota anual de 49.000 vehículos eléctricos (Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, 2026b). De la misma manera, fuentes oficiales canadienses ponen en primer plano el objetivo de incrementar las exportaciones hacia China en un 50% para el año 2030, en sintonía con la agenda más amplia de diversificación comercial de Canadá (Global Affairs Canada, 2026e). Este objetivo cuantificado no solo confirma la magnitud de las ambiciones de Ottawa respecto del mercado chino, sino que también permite dimensionar el acuerdo con Beijing dentro de la misma lógica estratégica que guía los acercamientos con Mercosur y la Unión Europea: la construcción deliberada de una arquitectura comercial alternativa que reduzca, en el mediano plazo, la dependencia estructural de Canadá respecto de Estados Unidos, incluso al costo de tensionar los límites impuestos por el propio T-MEC.
Balance: diversificación como estrategia de reducción de riesgo.
El diagnóstico canadiense sobre su propia situación y condiciones frente al actual escenario regional es sumamente claro. En efecto, el primer ministro de Canadá reconoció que la creciente participación de su país en el mercado estadounidense, que durante décadas había sido uno de los pilares de su fortaleza económica, se convirtió hoy en una vulnerabilidad — lo cual motiva una nueva estrategia industrial orientada a reducir esa dependencia (Prime Minister of Canada, 2025).
En sintonía con este diagnóstico, los acuerdos y negociaciones recientemente desarrollados parecieran virar hacia una dirección muy clara: la diversificación y la profundización de las relaciones económicas como mecanismo de actuación y contención frente a lo que ha estado ofreciendo Washington en el último tiempo.
La amplitud y sensibilidad de estos sectores —varios de ellos vinculados a cadenas de valor estratégicas como la transición energética, los semiconductores o productos de alto valor agregado— demuestran un intento de compensar de manera concreta el impacto sobre el acero, el aluminio y la industria automotriz, aun cuando los principales destinos de importaciones y exportaciones del país siguen siendo Estados Unidos.
Esta declaración resulta sumamente relevante para el argumento central de este trabajo, ya que confirma —desde la propia voz del Ejecutivo canadiense— que la dependencia comercial respecto de Estados Unidos ya no es percibida en Ottawa como una ventaja estructural, sino como un riesgo estratégico de primer orden. En este sentido, los acuerdos con Mercosur, la Unión Europea y China no deben leerse como iniciativas aisladas o meramente oportunistas, sino como piezas de una misma estrategia deliberada de reconfiguración económica, cuyo objetivo explícito es reducir la vulnerabilidad estructural de Canadá frente a las decisiones unilaterales de Washington.
México y la agenda comercial de Trump 2.0: la apuesta por la resiliencia doméstica.
De manera contextual, la economía mexicana tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial, tanto por el grado de integración productiva como por el volumen de importaciones y exportaciones, representando estas últimas el 81,9% del volumen comercial total del país (World Trade Organization, 2025). En este sentido, cualquier imposición de medidas arancelarias y no arancelarias al comercio afecta de manera profunda la matriz productiva mexicana. Siguiendo el análisis de Ayala Gaytán (2026, p. 238) sobre el impacto de los aranceles en la industria automotriz —desarrollado en un working paper preparado en atención a la Secretaría de Economía, aún sin revisión por pares—, enfrentar esta situación requeriría fortalecer el vínculo bilateral con Canadá, aprovechar de manera más plena el acuerdo comercial con la Unión Europea, y negociar la apertura de los mercados asiáticos a cambio del acceso de estos al mercado mexicano.
A pesar de este diagnóstico, la presidenta Claudia Sheinbaum parece adoptar una postura mucho más mesurada que la canadiense. En sus propias palabras, el objetivo de México es lograr una condición preferencial frente al resto del mundo, subrayando que el 80% de las exportaciones mexicanas ya ingresan a Estados Unidos libres de aranceles, con excepción de los gravámenes que Washington aplica a los automóviles, el acero, el aluminio y aquello no contemplado por el tratado comercial vigente; en ese marco, su gobierno buscaría reducir los aranceles restantes y alcanzar un acuerdo de largo plazo (Infobae, 2026b). En esta misma línea, el Subsecretario de Comercio Exterior comentó que los productos mexicanos cuentan con la mayor ventaja arancelaria relativa frente al resto de los países en la medida que Estados Unidos siga imponiendo aranceles a terceros países (Rosendo Gutiérrez, 2026). Esta búsqueda de un trato preferencial, antes que de una ruptura o diversificación agresiva, contrasta claramente con la estrategia de Ottawa analizada en el apartado anterior.
En sintonía con el primer punto señalado por la propia presidenta —el fortalecimiento de vínculos por fuera de Estados Unidos—, Bellefontaine (2025, p. 15) sostiene que México ha firmado catorce acuerdos de libre comercio con cerca de cincuenta países, sin contar el nuevo Acuerdo Global Modernizado suscrito con la Unión Europea. A continuación, se analizarán brevemente tanto el Plan México 2030 como, en segundo lugar, la renovación del acuerdo con la Unión Europea.
Plan México 2030: hacia la soberanía industrial y energética.
Siguiendo la línea de Liu (2026, p. 84), el Plan México se inscribe dentro del último apartado del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030[16] (PND 2025-2030). Anunciado a principios de 2025, sus metas y objetivos resultan sumamente ambiciosos: entre ellos se destacan la promoción de la relocalización industrial, la elevación del contenido nacional y regional, y la sustitución de importaciones (Gobierno de México, 2025a, p. 2), con la meta puntual de alcanzar un 15% de contenido nacional en las cadenas globales de valor de sectores como el automotriz, aeroespacial, electrónico, de semiconductores, farmacéutico y químico, entre otros, además de impulsar la producción de vacunas hechas en México (Gobierno de México, 2025a, p. 3). Según sostiene Liu (2026, p. 85), el relanzamiento del Plan México en abril de 2025 tuvo, a su vez, el propósito explícito de hacer frente a los aranceles impulsados por Donald Trump, siendo presentado por el propio gobierno mexicano como una suerte de antídoto frente a las amenazas arancelarias.
Quizás el aspecto más relevante de esta política dentro de la estrategia comercial mexicana —y que además se convirtió en un nuevo eje del acuerdo de modernización con la Unión Europea— es su apartado energético. Este eje no constituye, en sí mismo, una innovación radical de la agenda mexicana, ya que desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador se vienen impulsando reformas en esta temática, como las relativas al estatus de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual cobró creciente relevancia para los intereses de los funcionarios estadounidenses y escaló en la agenda bilateral (Dithurbide et al., 2023; Dithurbide, 2024).
El plan contempla inversiones destinadas a la modernización y ampliación de la producción energética del país (Gobierno de México, 2025a, p. 6). Esta dimensión, sin embargo, no está exenta de tensiones dentro del propio T-MEC, en virtud de lo establecido por el artículo 32.11[17] del tratado: según señala Thrasher, tanto Estados Unidos como Canadá sostienen que los cambios introducidos en la Ley del Sector Eléctrico mexicano[18] —que prioriza a la CFE por sobre los generadores privados de energía renovable en materia de acceso a la red, además de retrasar o negar permisos— dificultan la operación de sus empresas en el país (Woodford, 2023; MBN Staff, 2025, citado en Thrasher, 2026, p. 11).
Veintiséis años después: la actualización del vínculo con la Unión Europea
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el gobierno mexicano fue firmado en el año 2000. Tras 26 años de vigencia y diez de negociaciones, finalmente se concretó una modernización del tratado, cuyos motivos pueden inferirse a partir de los sitios oficiales mexicanos, que identifican principalmente cuatro ejes: (1) la resiliencia de las cadenas de suministro, (2) la modernización tecnológica y la economía digital, (3) el desarrollo sostenible, y (4) los beneficios para las PyMES y el desarrollo incluyente (Gobierno de México, 2026a). De la misma manera, un análisis más sectorial puede observarse al consultar los sitios oficiales europeos, donde se destacan como principales beneficiarios los sectores de la agroindustria, las cadenas de suministro, las materias primas y los servicios digitales, entre otros (European Commission, 2026c).
Adentrándonos en el propio acuerdo de modernización, firmado en mayo de 2026, este contempla la revisión de diversos capítulos, entre ellos los referidos a cuotas arancelarias, materias primas, comercio y desarrollo sostenible, reglas de origen —tanto generales como específicas por producto— y los anexos sobre servicios e inversión (European Commission, 2026d). A su vez, incorpora tres áreas completamente nuevas: el derecho a regular el sector energético, una cláusula de revisión, y una declaración conjunta sobre comercio e igualdad de género (European Commission, 2026d).
En lo que respecta específicamente a los aranceles, el acuerdo establece un cuadro arancelario que abarca una veintena de productos agropecuarios, además del etanol (CIRCABC, 2025a). Sin embargo, las disposiciones más relevantes del nuevo acuerdo se encuentran en la sección dedicada a la energía, en la cual México se reserva el derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna en materia energética —incluyendo hidrocarburos y electricidad—, así como de adoptar o mantener las medidas que considere pertinentes en ese sector (CIRCABC, 2025b).
Esta reserva, sin embargo, no está exenta de matices importantes si se observa el apartado dedicado a las revisiones futuras del acuerdo, el cual establece que el Consejo Comercial podrá reunirse a los tres años de la entrada en vigor del tratado para discutir, entre otros puntos, eventuales modificaciones al capítulo sobre el reconocimiento del derecho de las partes a regular el sector energético (CIRCABC, 2025c). Es decir, aquello que hoy se presenta como una reserva soberana plena podría, en la práctica, quedar sujeto a revisión y renegociación en el mediano plazo.
Aun así, y considerando estos matices, para el Gobierno de México (2026b) el acuerdo posee múltiples beneficios, entre los cuales se destaca, dada la coyuntura regional actual, que prohíbe la adopción de nuevos aranceles aduaneros o impuestos a la exportación que excedan los aplicados al consumo interno (Gobierno de México, 2026b).
Moderación como estrategia: balance del caso mexicano.
El gobierno de Claudia Sheinbaum pareciera sostener un enfoque discursivo de suma moderación frente a Washington y una explícita voluntad de sostener el T-MEC. Por un lado, defiende activamente la vigencia del T-MEC, reconociendo su importancia estructural para las tres economías de América del Norte (Varela, 2026); por otro, opta deliberadamente por no confrontar a la administración de Donald Trump, una postura que ha sostenido de manera consistente a lo largo de más de un año y medio de gestión estadounidense, incluso frente a medidas arancelarias que afectaron directamente a sectores clave de la economía mexicana.
Sin embargo, esta moderación y mesura discursiva no debe confundirse con la ausencia de una estrategia de diversificación económica frente al escenario actual planteado por la Casa Blanca. Por el contrario, el Plan México 2030 es sumamente claro respecto de la búsqueda de una mayor soberanía industrial y energética, apuesta central de la política económica mexicana para los próximos años, y que fue incorporada también, de manera explícita, en la reciente modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea.
Asimismo, esta búsqueda de reducción de la dependencia externa no debe interpretarse como una estrategia de autonomía respecto de Estados Unidos, sino de mayor integración regional con este y con Canadá frente a terceros mercados. Así lo ha planteado explícitamente el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para quien la reducción de la dependencia mexicana —y norteamericana en su conjunto— respecto de Asia demanda, precisamente, una mayor relocalización productiva y una política más coordinada entre los tres socios del T-MEC (Secretaría de Economía, 2025). Consecuentemente, esta misma integración conlleva un costo: Zelicovich (2026, p. 14) sostiene que el éxito mexicano en la complementariedad económica hace que, para Washington, sea un socio indispensable, pero ese mismo activo se traduce en una pérdida de autonomía política cuando el contexto internacional se vuelve más adverso.
Finalmente, el caso mexicano presenta una estrategia de fondo con una doble lógica. En el plano discursivo, se privilegia la cautela y la búsqueda de continuidad del vínculo estratégico con Estados Unidos y la región frente a los embates externos cuya herramienta predilecta parecería ser la diplomacia y la negociación constante. En el plano estructural, sin embargo, la situación es más compleja: por un lado, las apuestas de preservar las cadenas de valor con Washington a una lógica de profundización de la integración regional norteamericana frente a terceros mercados, particularmente Asia (Secretaría de Economía, 2025).
Por otro lado, el apartado energético del Plan México y el acuerdo de modernización con la Unión Europea sí representan una apuesta más autónoma estratégica de México, orientada a diversificar mercados y afirmar su soberanía sobre sectores estratégicos como Pemex y la CFE, sin que ello implique una ruptura con el vínculo estadounidense. En conjunto, ambas dimensiones —integración regional profundizada y diversificación selectiva— constituyen la respuesta mexicana frente al unilateralismo comercial de Washington, claramente diferenciada de la estrategia canadiense de diversificación extra-regional.
Reflexiones finales:
A lo largo de este artículo se ha analizado tanto la política exterior estadounidense hacia la región de América del Norte como las respuestas mexicana y canadiense frente al unilateralismo transaccional que caracteriza a la segunda administración de Trump en Washington. El recorrido realizado —desde las tensiones arancelarias y la ofensiva simbólica del «corolario Trump» hasta las estrategias de diversificación desplegadas por Ottawa y la moderación discursiva sostenida por la Ciudad de México— permite reconstruir un cuadro complejo de la relación trilateral en la actualidad, atravesado por lógicas de poder, negociación y adaptación asimétrica.
De esta manera, podría argumentarse que el hegemón —en este caso, Estados Unidos— ha optado por una estrategia de coerción sostenida hacia sus aliados más cercanos, apoyada en instrumentos tanto comerciales como securitizados y simbólicos. Sin embargo, y de manera paradójica, esta presión no ha derivado en una subordinación lineal de sus dos vecinos, sino que tanto Canadá como México han desplegado, cada uno a su manera, una estrategia orientada a reducir su vulnerabilidad estructural frente a terceros mercados y frente a las políticas arancelarias de Washington, aunque con lógicas de fondo distintas entre ambos países.
En el caso de Carney, esta estrategia se ha traducido en una postura discursiva de confrontación explícita: ante la percepción de que el hegemón ha optado por romper definitivamente con el orden comercial preexistente, Canadá ha respondido diversificando su economía a través de la profundización de alianzas comerciales y de seguridad a escala global. Para Sheinbaum, en cambio, la táctica discursiva difiere sustancialmente —privilegiando la moderación, el diálogo técnico y la defensa pública del T-MEC por sobre la confrontación abierta—. En el plano estructural, sin embargo, la estrategia mexicana combina dos lógicas sumamente tensionadas: por un lado, la apuesta por la integración productiva con Estados Unidos y Canadá para reducir la dependencia regional de terceros mercados, particularmente Asia; por otro, una búsqueda más autónoma en los sectores energético y la apuesta por el mercado europeo. En este último punto sí converge con Canadá: Europa parecería constituirse, para ambas economías, en un destino compartido hacia el cual reorientar parte de su comercio exterior.
En definitiva, dichos avances presentan al menos dos límites potenciales que merecen ser señalados. En primer lugar, existe el riesgo de que la administración Trump interprete estas estrategias de diversificación como una amenaza directa a su propia doctrina de seguridad nacional, lo cual podría derivar en un cálculo costo-beneficio desfavorable para Washington y, en consecuencia, en una intensificación de las medidas coercitivas hacia ambos países. En segundo lugar, tanto la estrategia mexicana como la canadiense enfrentan límites estructurales propios: su efectividad depende en gran medida de un apoyo recíproco y sostenido por parte de sus nuevos socios comerciales —la Unión Europea, Mercosur, China— a lo largo del tiempo, algo que no está garantizado y que podría verse comprometido por las propias dinámicas internas de esos bloques o por eventuales presiones adicionales ejercidas por Estados Unidos sobre terceros países para desincentivar dichos acercamientos.
Referencias
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Bellefontaine, S. (2025). México – Un modelo económico a prueba de Trump 2.0 (pp. 1-19). Éditions AFD. https://shs.cairn.info/mexico-un-modelo-economico-a-prueba-de-trump-20–4202387821477-page-1?lang=es
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[1] Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Miembro del Observatorio de Política Exterior Argentina (OPEA-UNR), del Grupo de Estudio sobre Política Internacional de América del Norte (GEPIAN-UNR) y del Departamento de América del Norte del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI-UNLP). Mail: Alanparo0210@gmail.com
[2] Buzan et al. (1998, p. 25) definen securitización el proceso mediante el cual un tema es sacado del ámbito de la política ordinaria y presentado como una cuestión excepcional o de máxima prioridad, por encima de las reglas habituales del juego político. La securitización puede entenderse, así, como una forma extrema de politización.
[3] En la sección 2, inciso a se plantea la idea que los déficits comerciales de los Estados Unidos son problemas de seguridad nacional.
[4] En la sección 7 se señala que, según lo informado por el Secretario de Comercio, las importaciones de productos de acero provenientes de Canadá y México aumentaron de manera significativa hasta alcanzar niveles que nuevamente ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos
[5] En la sección 15 se establece que, a partir del 12 de marzo de 2025, todas las importaciones de productos de aluminio y sus derivados provenientes de Argentina, Australia, Canadá, México, los países de la Unión Europea y el Reino Unido quedarían sujetas al arancel ad valorem adicional dispuesto en la Proclamación 9704 (y sus modificaciones) para el aluminio, y en la Proclamación 9980 (y sus modificaciones) para los productos derivados de aluminio.
[6] En el Anexo I no se encuentran listados Canadá ni México en los aranceles recíprocos; sin embargo, la sección 3, inciso e, establece que, en caso de terminarse o suspenderse los elementos previstos en dicha sección, los productos de Canadá y México que califiquen como originarios bajo el T-MEC quedarían exentos de un arancel ad valorem adicional, mientras que aquellos que no califiquen como originarios estarían sujetos a un arancel del 12%.
[7] En muchos de los documentos analizados, Estados Unidos acusa a México y Canadá de permitir la creciente presencia de cárteles mexicanos vinculados a la producción de fentanilo y niticenos en territorio canadiense, lo que convierte a esta situación en un problema de seguridad nacional.
[8] Se señala que el presidente Trump busca compensar la carga y desventaja que sufre el comercio estadounidense a raíz del trato discriminatorio de Canadá, equilibrando así las condiciones para exportaciones clave de Estados Unidos como automóviles, alcohol y productos lácteos.
[9] A partir de la investigación, se determinó que México realiza prácticas y políticas no justas para los Estados Unidos, con ello justificando un arancel del 10%.
[10] La suba arancelaria del 10% corresponde a cuestiones relativas al trabajo forzado.
[11] En la sección 4, inciso b, se define la zona como el área de la plataforma continental delimitada al noreste, norte y noroeste por los estados de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, y que se extiende hasta el límite marítimo con México y Cuba en la zona anteriormente denominada golfo de México.
[12] Se argumenta que todas las naciones y territorios soberanos al norte del Ecuador —desde Groenlandia hasta Ecuador, y desde Alaska hasta Guyana— no forman parte del «Sur Global», sino que constituyen el perímetro de seguridad inmediato de un vecindario compartido, dado que cada uno de estos países limita con el Atlántico Norte o el Pacífico Norte.
[13] El CPTPP es un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) firmado por Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El Reino Unido firmó su protocolo de adhesión al tratado en julio de 2023 (Global Affairs Canada, 2026c).
[14] Según el Consejo de la Unión Europea (2026b), el SAFE es un instrumento entrado en vigor en 2025 con el objetivo de proporcionar hasta 150.000 millones de euros en sus inversiones en defensa mediante adquisiciones en común. A su vez, con la firma de Canadá al acuerdo, se convirtió en el primer país no europeo que participa en el instrumento SAFE.(Consejo de la Unión Europea, 2026c)
[15] La cláusula 32.10 define a un país de no mercado como aquel considerado como tal por alguna de las partes según sus leyes de defensa comercial y con el cual ninguna de ellas tenga un tratado de libre comercio vigente; establece además que, si una de las partes firma un acuerdo comercial con dicho país, las demás pueden dar por terminado el T-MEC con seis meses de aviso y reemplazarlo por un acuerdo bilateral entre ellas (USMCA, 2020, art. 32.10).
[16] El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 constituye el instrumento rector de la política pública del Gobierno de México, estructurado en cuatro ejes generales (gobernanza, desarrollo con bienestar, economía y sustentabilidad) y tres ejes transversales (igualdad de género, innovación tecnológica y derechos de pueblos indígenas), e incluye al Plan México como su visión de desarrollo industrial de largo plazo hacia 2030 (Gobierno de México, 2025b).
[17] El artículo 32.11 establece que, respecto de las obligaciones en materia de inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas estatales, México se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas en sectores no reservados específicamente en sus anexos al tratado, pero solo en la medida en que sean consistentes con las obligaciones paralelas menos restrictivas asumidas en otros acuerdos comerciales y de inversión ratificados previamente por México, incluyendo el Acuerdo de la OMC (USMCA, 2020, art. 32.11).
[18] Según el Diario Oficial de la Federación (2025) el Estado debe ser el principal proveedor de la energía en al menos un 54% por ciento del promedio por año calendario.