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El proceso de paz bajo las administraciones de Donald Trump: un análisis comparado de las propuestas de 2020 y 2025
Camila Farías
Los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en la Franja de Gaza no solo reactivaron el plano militar del conflicto palestino-israelí, sino que también impulsaron la búsqueda de nuevas alternativas de resolución de la contienda. Más allá de los acuerdos de alto al fuego del 24 de noviembre de 2023 y el 19 de enero de 2025 -orientados principalmente a la suspensión temporal de las hostilidades, la liberación de rehenes israelíes y el incremento de la asistencia humanitaria, el 29 de septiembre de 2025 se dio a conocer el “Plan Integral para Poner Fin al Conflicto en Gaza” que derivó en un cese al fuego al mes siguiente.
Propuesto por la segunda administración del presidente Donald Trump, el plan de 20 puntos procuró superar la fragilidad de los acuerdos previos, cuya implementación se vio limitada por la reiterada reanudación de las hostilidades entre Hamás y el Estado de Israel. En este sentido, procuró establecer un marco institucional exclusivo para Gaza capaz de superar el estancamiento generado desde fines de 2023 mediante una serie de etapas destinadas a abordar la mayor cantidad posible de cuestiones en disputa.
No fue la primera vez que bajo el gobierno de Trump se impulsó una propuesta integral para el conflicto. En enero de 2020 se presentó “Paz para la Prosperidad” concebido como una iniciativa integral destinada a resolver el conflicto palestino-israelí mediante un conjunto de medidas territoriales, políticas y económicas. Si bien ambos documentos difieren en sus objetivos y en el contexto en el que fueron elaborados, el propósito de este trabajo es analizar sus principales similitudes y diferencias con el fin de identificar las continuidades y cambios en la política de Estados Unidos (EE.UU.) frente al conflicto palestino-israelí, particularmente el pasaje desde una propuesta orientada a una resolución integral del conflicto hacia una estrategia centrada en la administración y estabilización de Gaza.
Escenarios de partida
La comparación entre ambos documentos exige considerar los diferentes contextos políticos y estratégicos en los que fueron concebidos, ya que estos condicionaron tanto sus objetivos como el alcance efectivo de cada iniciativa. En consecuencia, los escenarios de partida delimitaron los márgenes sobre los cuales cada propuesta podía operar y las problemáticas que pretendía abordar.
La propuesta integral de 2020, presentada oficialmente el 28 de enero, poseía un alcance amplio, ya que buscaba ofrecer una solución al conflicto territorial entre Israel y Palestina respecto de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. La resolución integral del conflicto palestino-israelí era concebida como un paso necesario para facilitar el reconocimiento diplomático de Israel por parte de un mayor número de Estados árabes. En este sentido, el propio documento sostenía como objetivo la normalización y resaltaba que la resolución del conflicto eliminaría uno de los principales argumentos utilizados para justificar la radicalización en la región, contribuyendo a incrementar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad regional (White House, 2020).
El objetivo de la administración estadounidense consistía en reconfigurar la arquitectura geopolítica de Medio Oriente mediante una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación política, económica y de seguridad entre Israel y los Estados árabes frente a los principales desafíos regionales[1]. En este marco, la firma de los Acuerdos de Abraham en septiembre de 2020 constituyó la principal concreción de dicha estrategia[2].
En el plano bilateral entre EE.UU. e Israel, el plan de 2020 fue presentado pocos años después de dos decisiones que modificaron sustancialmente la política estadounidense hacia el conflicto. En diciembre de 2017, Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel y, en mayo de 2018, trasladó la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén occidental, invocando la Jerusalem Embassy Act de 1995 (U.S. Department of State, 2017). Posteriormente, en marzo de 2019, una proclama presidencial reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán (White House, 2019). Estas decisiones continúan siendo cuestionadas por la comunidad internacional al apartarse de la interpretación predominante del derecho internacional sobre el estatus jurídico de dichos territorios.
En paralelo, las relaciones con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) se encontraban en uno de sus momentos más críticos. En marzo de 2018 fue promulgada la Taylor Force Act, que restringió parte de la asistencia económica estadounidense mientras la ANP continuara otorgando pagos a personas condenadas por terrorismo (U.S Congress, 2017). Posteriormente, la administración suspendió la totalidad de su financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (U.S. Mission to International Organizations in Geneva, 2018). Finalmente, en septiembre de 2018, se ordenó el cierre de la misión diplomática de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, argumentando la negativa de la dirigencia palestina a participar en las negociaciones y sus iniciativas ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Israel (U.S. Department of State, 2018).
El contexto cambió sustancialmente a partir de los ataques terroristas perpetrados por Hamás contra civiles israelíes el 7 de octubre de 2023 y de la posterior ofensiva militar israelí sobre Gaza, que derivó en una de las mayores crisis humanitarias en el enclave palestino.
La llegada de Trump a su segunda presidencia abrió la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto al fuego de mayor alcance, concretado el 19 de enero de 2025, en un contexto en el que Egipto, Jordania y las monarquías del Golfo promovían activamente una suspensión de las hostilidades que permitiera restablecer una relativa estabilidad regional. Ello obedecía a que la guerra en Gaza favorecía la expansión de otros conflictos, en el Líbano, Yemen, Siria e Irán, ampliando considerablemente su dimensión regional.
En este contexto, la segunda administración Trump profundizó el respaldo político y militar a Israel respecto de la administración de Joe Biden. En el día de su asunción, Trump dejó sin efecto la Orden Ejecutiva 14115, que permitía sancionar a individuos y organizaciones israelíes involucrados en actos de violencia contra palestinos en Cisjordania (White House, 2025a). Desde un primer momento, el mandatario estadounidense manifestó su oposición a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y, el 6 de febrero de 2025, firmó la Orden Ejecutiva 14203, mediante la cual autorizó la imposición de sanciones económicas y restricciones migratorias contra funcionarios de la CPI involucrados en investigaciones dirigidas contra ciudadanos de Estados Unidos o de sus aliados que no hubieran reconocido la jurisdicción del tribunal[3] (White House, 2025b).
Asimismo, la relación con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) se deterioró durante 2025. El 31 de julio, el Departamento de Estado anunció sanciones migratorias contra funcionarios de la ANP y de la OLP, mientras que el 29 de agosto revocó las visas de Mahmoud Abbas y de otros funcionarios palestinos, impidiéndoles ingresar a EE.UU. para participar en la apertura del período 80.º de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (U.S. Department of State, 2025).
En el escenario de guerra abierta y elevada volatilidad regional, el plan de 20 puntos de septiembre de 2025 representó un cambio de escala respecto de la propuesta formulada en 2020. Mientras que “Paz para la Prosperidad” aspiraba a ofrecer un marco integral para la resolución del conflicto palestino-israelí, la nueva iniciativa estadounidense restringió deliberadamente su objeto a la Franja de Gaza, procurando establecer un mecanismo transitorio -aunque con vocación de permanencia- destinado a poner fin a las hostilidades, administrar el enclave durante la etapa posterior al conflicto y crear las condiciones para su reconstrucción. En consecuencia, la propuesta dejó de abordar cuestiones estructurales como el futuro de Cisjordania, Jerusalén o una solución definitiva al conflicto, concentrándose en aquellos aspectos cuya negociación resultaba políticamente más viable en el contexto posterior al 7 de octubre de 2023.
Continuidades y rupturas
Si bien los planes de 2020 y 2025 fueron elaborados en contextos diferentes y respondieron a objetivos inmediatos distintos, el análisis comparado permite identificar una serie de continuidades que trascienden las particularidades de cada propuesta. Tanto en su diseño institucional como en sus presupuestos políticos, los documentos reflejan la persistencia de determinados lineamientos de la política estadounidense frente al conflicto palestino-israelí.
Una primera continuidad se observa en la forma en que fueron concebidos debido a que ambos proyectos fueron impulsados como iniciativas estadounidenses sin la participación efectiva de la totalidad de los actores involucrados. En 2020, ningún actor palestino participó en la elaboración del plan, circunstancia que desde un comienzo generó dudas sobre su viabilidad política ante la ausencia de voluntad por parte de los principales actores palestinos para respaldarlo. En 2025, si bien el objetivo inmediato consistía en alcanzar un alto al fuego entre Hamás e Israel, y la ANP no ejercía un control efectivo sobre la Franja de Gaza, esta última volvió a quedar relegada de las negociaciones destinadas a definir el futuro del enclave. En ambos casos, la exclusión de la dirigencia palestina evidencia el lugar secundario que se le continúa asignando a la ANP en la toma de decisiones sobre territorios respecto de los cuales, conforme a los Acuerdos de Oslo, mantiene jurisdicción.
La ausencia de una participación equilibrada de las partes involucradas también contribuyó a explicar la diferente recepción de ambas propuestas. Mientras que el plan de 2020 fue rechazado por la ANP tanto por su contenido como por el proceso mediante el cual fue elaborado, la propuesta de 2025 recibió una reacción menos confrontativa debido al contexto excepcional generado por la guerra y a la prioridad otorgada al cese de las hostilidades.
Otra continuidad respecto a su forma puede observarse en la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen el cumplimiento de los objetivos previstos. Si bien ambos documentos estructuran sus propuestas mediante distintas etapas de implementación, el avance de cada una de ellas continúa dependiendo, en última instancia, de la voluntad política de las partes involucradas. En el caso del plan de 2025, la primera fase fue la única que estableció un plazo concreto al disponer en su punto 4: “Dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, serán devueltos” (White House Rapid Response, 2025).
Al momento de elaboración del presente trabajo, el acuerdo transita su segunda fase, iniciada el 14 de enero de 2026, la cual prevé la creación de una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza -denominada Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en ingles)[4]-, la desmilitarización de Hamás, la conformación de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) y el inicio de la reconstrucción integral del enclave. Sin embargo, la ejecución de cada una de estas medidas permanece condicionada a la aceptación de los distintos actores involucrados, lo que ha generado reiterados estancamientos en su implementación. Si bien la fijación de plazos estrictos podría resultar contraproducente, dado que el incumplimiento de cualquiera de las etapas puede provocar el colapso del alto al fuego, la ausencia de mecanismos temporales y de cumplimiento también introduce un elevado grado de ambigüedad respecto de la obligatoriedad de los compromisos asumidos.
En cuanto al contenido de ambas propuestas, una de las principales similitudes radica en la centralidad que adquiere la seguridad del Estado de Israel como presupuesto para cualquier solución política posterior. Tanto el plan de 2020 como el de 2025 parten de la premisa de que la eliminación de las amenazas provenientes de Gaza constituye una condición indispensable para alcanzar una paz duradera. En este sentido, el documento de 2020 sostiene “Así como Gaza, bajo el control de Hamás, representa un grave riesgo para la seguridad del Estado de Israel, un régimen similar en Cisjordania supondría una amenaza existencial para el Estado de Israel… ” (White House, 2020, pág. 7), mientras que el primer punto del plan de 2025 establece que “Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada, que no represente una amenaza para sus vecinos» (White House Rapid Response, 2025). En ambos casos, la erradicación del terrorismo aparece como un requisito previo al desarrollo del resto de las medidas previstas, evidenciando que la seguridad precede conceptualmente a cualquier avance político.
Una segunda continuidad de carácter sustantivo reside en la concepción de la cuestión palestina. En las dos propuestas, la creación de un Estado palestino es presentada como una “aspiración” política cuya concreción queda condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, antes que como un derecho susceptible de materializarse de manera inmediata. Así, el plan de 2020 afirmaba que “Si bien los palestinos nunca han tenido un Estado, tienen el legítimo deseo de gobernarse a sí mismos y de forjar su propio destino (…)” (White House, 2020, pág. 7) mientras que el punto 19 del documento de 2025 reconoce “…una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, aspiración que reconocemos como legítima para el pueblo palestino” (White House Rapid Response, 2025).
Esta lógica también se refleja en el tratamiento otorgado a la ANP. Ambos documentos parten de un diagnóstico crítico respecto de su capacidad institucional y de su desempeño en materia de gobernanza, administración pública y lucha contra el terrorismo. En consecuencia, condicionan su participación al desarrollo previo de un conjunto de reformas institucionales. En 2020, el plan establecía como requisito la creación de instituciones financieras transparentes, mecanismos adecuados de gobernanza y un sistema jurídico capaz de garantizar la protección de las inversiones y el normal funcionamiento de la actividad económica. De manera similar, el plan de 2025 supedita el eventual regreso de la ANP a Gaza al cumplimiento de un programa de reformas previamente acordado.
Finalmente, ambos documentos comparten la idea de que la recuperación económica constituye un instrumento para consolidar la estabilidad política y reducir las condiciones que favorecen la persistencia del conflicto. Si bien la propuesta de desarrollar resorts en Gaza fue ampliamente difundida tras las declaraciones de Trump durante 2025, la utilización de proyectos de infraestructura y desarrollo económico como mecanismo de transformación regional ya se encontraba presente en el plan de 2020. En este sentido, dicho plan contemplaba, entre otras iniciativas, la construcción del Dead Sea Resort en Cisjordania, mientras que el plan de 2025 propone un programa masivo de reconstrucción de Gaza inspirado en el desarrollo urbano de las ciudades del Golfo.
No obstante lo anterior, el plan presentado en 2025 también evidencia modificaciones relevantes respecto de la propuesta de 2020, derivadas principalmente del nuevo contexto regional generado tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la guerra en Gaza.
Una primera diferencia puede observarse en la naturaleza jurídica y política de ambos instrumentos. Mientras que el documento de 2020 fue presentado expresamente como una propuesta de negociación –“Esta Visión presenta un conjunto de compromisos que ambas partes deberían considerar… ” (White House, 2020, pág. 5), el plan de 2025 fue concebido como un acuerdo destinado a establecer compromisos concretos entre las partes. Esta diferencia resulta relevante porque refleja una modificación en los objetivos perseguidos por cada iniciativa: mientras el primero buscaba ofrecer un marco general para una eventual negociación futura, el segundo procuró ordenar un proceso de implementación inmediata en el contexto de un conflicto armado en desarrollo.
En virtud de esto, la propuesta de 2025 limita significativamente sus objetivos al concentrarse en la estabilización de Gaza y en la administración del escenario posterior a la guerra. Este cambio no solo responde a las nuevas prioridades de la política estadounidense, sino también a las profundas transformaciones experimentadas por la política israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, contexto en el cual aumentó el rechazo interno a una solución de dos Estados. Así, mientras el documento de 2020 proponía explícitamente una solución de dos Estados, el acuerdo de 2025 omite incorporar dicho objetivo como una etapa concreta del proceso y se limita, en su punto 20, a promover “…un diálogo entre Israel y los palestinos con el fin de acordar un horizonte político orientado a una coexistencia pacífica y próspera” (White House Rapid Response, 2025).
Esta diferencia también se proyecta sobre el diseño institucional previsto para la ejecución de ambos documentos. A diferencia del plan de 2020, la propuesta de 2025 creó una estructura específica destinada a implementar y supervisar las distintas etapas del acuerdo. En ese marco, se estableció la denominada Junta de Paz, órgano encargado de coordinar el proceso de implementación y dirigido personalmente por el presidente Trump[5]. La propuesta estadounidense no sustituyó formalmente los mecanismos multilaterales existentes, sino que procuró construir una arquitectura institucional paralela para la gestión del conflicto, cuya legitimidad internacional continuó dependiendo, al menos parcialmente, del sistema de Naciones Unidas[6].
Bajo la conducción de la Junta de Paz, la Casa Blanca anunció el 16 de enero de 2026 la creación de órganos ejecutivos destinados a operacionalizar las distintas iniciativas vinculadas con la administración y reconstrucción de Gaza: la Junta Ejecutiva[7] y la Junta Ejecutiva de Gaza[8]. A diferencia del documento de 2020, la propuesta de 2025 avanzó en la construcción de una estructura administrativa destinada a ejecutar materialmente las medidas previstas.
En cuanto al contenido, una de las principales rupturas radica en la forma en que ambos documentos se relacionan con el marco jurídico e institucional previamente existente. Mientras que el plan de 2020 se presentaba como una continuación -aunque con importantes modificaciones- del proceso iniciado con los Acuerdos de Oslo la propuesta de 2025 prácticamente omite toda referencia a dichos compromisos y configura un nuevo esquema institucional para la administración de Gaza al margen de ellos. En este contexto, la creación del NCAG supone una reorganización de las competencias previstas para la ANP, condicionando su eventual regreso al enclave al cumplimiento previo de un programa de reformas institucionales. Si bien resulta innegable la pérdida de capacidad administrativa de la ANP desde que Hamás asumió el control efectivo de Gaza en 2007, el nuevo acuerdo modifica sustancialmente el esquema institucional surgido en la década de 1990 sin reconocer expresamente los compromisos previamente asumidos.
En este contexto, resulta igualmente significativo que la ANP permanezca excluida de los principales órganos de conducción creados por el acuerdo y la Junta de Paz, pese a constituir uno de los actores llamados a ejercer funciones de gobierno durante la etapa de transición. Por el contrario, Israel fue invitado a integrar la Junta de Paz desde su creación y formalizó su incorporación el 11 de febrero de 2026 (Times of Israel, 2026).
Finalmente, una última diferencia relevante se observa en el tratamiento de la presencia israelí sobre el terreno. El acuerdo de 2025 admite que Israel mantenga posiciones militares avanzadas dentro de la Franja de Gaza mientras persistan necesidades de seguridad derivadas de la amenaza representada por Hamás. No obstante, establece expresamente en su punto 16 que Israel no ocupará ni anexará el territorio gazatí. En cambio, el plan de 2020, elaborado en un contexto completamente distinto, afirmaba que “Toda propuesta de paz realista requiere que el Estado de Israel realice una cesión territorial significativa que permita a los palestinos contar con un Estado viable…” (White House, 2020, pág. 8). Si bien esa cesión territorial coexistía con el reconocimiento de la mayor parte de los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo soberanía israelí, el documento mantenía la premisa de que un acuerdo requería algún grado de redistribución territorial. En contraste, el acuerdo de 2025 no condiciona la permanencia israelí en Gaza a una delimitación territorial ni fija un horizonte para su retiro, sino que la supedita a la persistencia de amenazas a la seguridad, otorgándole un carácter potencialmente indefinido.
Conclusión
El análisis comparado permite sostener que el acuerdo de 2025 no refleja un cambio sustancial en los intereses perseguidos por Estados Unidos, sino una redefinición de sus prioridades frente al nuevo escenario regional. Mientras que la propuesta de 2020 procuraba ofrecer una respuesta integral al conflicto palestino-israelí, el acuerdo de 2025 restringe deliberadamente su alcance a la Franja de Gaza con el objetivo de construir un marco políticamente viable que permita poner fin a la guerra. En este sentido, más que abandonar los lineamientos planteados en 2020, la administración estadounidense parece haber optado por concentrar sus esfuerzos en aquellos aspectos susceptibles de generar un consenso mínimo entre los actores involucrados, evitando incorporar cuestiones -como el estatus de Cisjordania, Jerusalén o una solución definitiva de dos Estados- que, en el contexto actual, probablemente hubieran impedido cualquier posibilidad de acuerdo, especialmente para Israel.
Sin embargo, esta focalización sobre Gaza también plantea interrogantes respecto de sus consecuencias de largo plazo. La creación de un esquema institucional específico para la administración del enclave, el desplazamiento de la Autoridad Nacional Palestina a un rol condicionado al cumplimiento previo de reformas y la ausencia de un tratamiento conjunto con Cisjordania podrían contribuir a consolidar un nuevo statu quo caracterizado por una mayor fragmentación política e institucional del territorio palestino. Si bien esta estrategia puede incrementar la viabilidad inmediata del acuerdo y facilitar el fin de las hostilidades, también corre el riesgo de dificultar, en el futuro, la reconstrucción de una única entidad política palestina y, con ello, la posibilidad de retomar una negociación integral del conflicto palestino-israelí.
Desde comienzos de la década de 1990, los Acuerdos de Oslo constituyeron el principal marco político e institucional para las sucesivas iniciativas orientadas a resolver o administrar el conflicto palestino-israelí. En este contexto, la propuesta de 2025 representa la primera iniciativa de alcance relevante que comienza a diseñar mecanismos específicos de gobernanza para Gaza sin tomar dicha arquitectura institucional como su punto de partida. La creación de la Junta de Paz, del Comité Nacional para la Administración de Gaza y de otros órganos transitorios introduce instituciones y mecanismos de administración que Oslo no había previsto. Aunque la implementación de estas medidas continúa siendo incierta y depende del cumplimiento de condiciones que hoy parecen difíciles de alcanzar -particularmente la desmilitarización de Hamás-, el acuerdo abre la posibilidad de que, por primera vez en más de tres décadas, la administración de Gaza pueda comenzar a estructurarse sobre bases institucionales distintas de las establecidas por Oslo.
Referencias
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2025). Resolución 2803. Obtenido de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://docs.un.org/es/S/RES/2803(2025)
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U.S Congress. (2017). Taylor Force Act, H.R. 1164, 115th Cong. Obtenido de U.S Congress: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1164
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U.S. Department of State. (2025). Sanctioning Officials of the Palestinian Authority and Members of the Palestine Liberation Organization. Obtenido de U.S. Department of State: https://www.state.gov/releases/2025/07/sanctioning-officials-of-the-palestinian-authority-and-members-of-the-palestine-liberation-organization
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White House. (2020). Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People. Obtenido de https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
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White House. (2025a). Initial rescissions of harmful executive orders and actions. Retrieved from White House: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/initial-rescissions-of-harmful-executive-orders-and-actions/
White House Rapid Response [@RapidResponse47]. (2025). President Donald J. Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict:. Obtenido de White House Rapid Response [@RapidResponse47]: https://x.com/RapidResponse47/status/1972726021196562494
[1] Un ejemplo de esta estrategia fue la creación del Foro del Néguev, un mecanismo de cooperación permanente entre Estados Unidos, Israel, Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos destinado a fortalecer la coordinación política, económica y de seguridad regional (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the UAE, 2022).
[2] Arabia Saudita continuó rechazando el establecimiento de relaciones diplomáticas. Si bien el reino saudí condicionó el reconocimiento a avances concretos sobre la cuestión palestina, también vinculó un eventual acuerdo con otras demandas estratégicas frente a Washington, entre ellas la aceptación de un programa nuclear civil.
[3] La orden fue implementada mediante la inclusión del fiscal de la CPI, Karim Khan, en la lista de Personas Especialmente Designadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros el 13 de febrero de 2025 y, posteriormente, mediante la imposición de sanciones contra cuatro jueces de la Corte y la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, por su colaboración con investigaciones dirigidas contra ciudadanos de Estados Unidos e Israel (Office of Foreign Assets Control, 2025a; Office of Foreign Assets Control, 2025b).
[4] Órgano tecnocrático palestino de carácter transitorio, creado en enero de 2026. Integrado exclusivamente por palestinos de la Franja de Gaza, tiene a su cargo la administración civil y la prestación de los servicios públicos del enclave bajo la supervisión de la Junta de Paz, hasta tanto la ANP complete el programa de reformas previsto para asumir nuevamente esas funciones (National Committee for the Administration of Gaza, s.f.).
[5] Organización internacional creada por Donald Trump con el objetivo de promover la estabilidad, restablecer una gobernanza eficaz y conforme al derecho, y consolidar una paz duradera en territorios afectados por conflictos. Está integrada por los Estados miembros invitados a adherir a la organización y presidida, en carácter inaugural, por Trump, quien ejerce amplias facultades para aprobar las decisiones del organismo, crear órganos subsidiarios y designar a sus principales autoridades (Board of Peace, 2026).
[6] Si bien la Junta fue creada por su propia Carta Constitutiva como una organización internacional con personalidad jurídica internacional, la Resolución 2803/25 del CSNU dio la bienvenida a su establecimiento como administración transitoria para Gaza, la autorizó a ejercer las funciones y le confirió un mandato hasta el 31 de diciembre de 2027 (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2025).
[7] Encargada de la diplomacia estratégica y atracción de inversiones. Integrada por: como Nikolay Mladenov, Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga y Robert Gabriel Jr.
[8] Órgano encargado de coordinar e implementar las iniciativas vinculadas con la administración transitoria, la reconstrucción y la prestación de servicios públicos en la Franja de Gaza. Está integrada por funcionarios estadounidenses y representantes de Turquía, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Naciones Unidas.