Durante estos meses, los discursos del gobierno ecuatoriano -encabezado por Lenin Moreno– apuntaron a difundir varias premisas, que las resumimos en cinco. Primera, la idea de que el Estado ecuatoriano es un Estado ineficiente, inflado, y despilfarrador. Segunda, se deslegitimó el valor de la estructura estatal y se presentó a los empleados públicos como personal excesivo, ineficiente y hasta cierto punto cómplice de la corrupción. Tercera, se reiteró que las empresas estatales como las hidroeléctricas, las compañías telefónicas y otras deben ser privatizadas, por ser ineficientes. Cuarta, se afirma que los subsidios son malos y que generan déficits económicos para el país. Y quinta, se sostiene que el actual salario (mínimo vital) hace que el país sea poco competitivo y que es conveniente tener salarios tan bajos como los del resto de la región.
Mientras el gobierno de Lenin Moreno posiciona el discurso de que el Estado no tiene recursos económicos, debe recordarse en el 21 de agosto de 2018, emitió la Ley de Fomento Productivo, a través de la cual se estableció «la remisión tributaria del 100% de intereses, multas y recargos para obligaciones pendientes» con el Sistema de Rentas Internas. En otras palabras, se perdonó la deuda de todos quienes debían pagar impuestos. Según, algunos entendidos el monto perdonado a bancos y empresas es tan grande como el equivalente al nuevo préstamo que solicitó el Ecuador al FMI.
El día martes, 1 de octubre de este año Lenin Moreno, comunicó las medidas económicas, a través del Decreto Ejecutivo 883, dijo que son necesarias para que el Estado ecuatoriano tenga recursos, para el pago de la deuda externa y la salud de las finanzas públicas. Dos medidas económicas concentran el rechazo popular: La primera, la eliminación del subsidio a los combustibles (diesel y gasolina), y la segunda, la reducción en un 20% del salario para los contratos ocasionales.
Al día siguiente, miércoles 2 de octubre, las asociaciones de taxistas del Ecuador se declararon en paralización, hasta que su primer dirigente fue apresado, la huelga terminó el día viernes, cuando el gobierno estableció que los pasajes subirían en un 30% de su costo.
Desde el día jueves, 3 de octubre. Los pueblos indígenas se declararon en «resistencia». Ecuador tiene 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. La principal organización que aglutina a todos los grupos étnicos es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Esta instancia denunció tanto al gobierno anterior (Rafael Correa), como al actual (Lenin Moreno), como gobiernos caracterizados por el racismo, la perspectiva extractivista y la represión hacia los movimientos indígenas y ecologistas.
Para los grupos sociales movilizados, las medidas económicas del Decreto 883, generan un efecto dominó, pues encarecen todos los productos que emplean transporte a base de combustibles. Junto a esto, la reducción de salarios afecta doblemente a la economía popular, ya golpeada por las medidas gubernamentales de los meses pasados que incluyeron: reducción de empleos públicos, eliminación de los programas de alimentación escolar, útiles escolares, becas y otros.
Entre los días 8 y 9 de octubre se estima según la CONAIE, que aproximadamente se trasladaron cerca de 20.000 indígenas, campesinos y grupos sociales a Quito, para pedir la derogatoria de las medidas económicas. La respuesta del gobierno nacional se puede resumir en dos partes. La primera, el Presidente Moreno, se negó a escuchar los pedidos de la CONAIE, abandonó Quito y se trasladó a Guayaquil, donde recibió el apoyo de los principales dirigentes de la derecha política ecuatoriana. La segunda, Moreno desde Guayaquil, emitió el Decreto 888, mediante el cual se habilitó la actuación de la fuerza represiva del Estado, este decreto incluye la limitación a la libertad de las personas de transitar y movilizarse en el país entre las 20:00 a las 05:00. A esto hay que mencionar que la derecha ecuatoriana ha convocado a sus bases a «defender la democracia», grupos desde los que se ha desplegado discursos racistas.
Las universidades ecuatorianas, abrieron sus instalaciones para brindar ayuda humanitaria a mujeres e infantes que carecían de alojamiento y comida. Pero, el día 9 de octubre las universidades fueron atacadas, particularmente la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, donde cayeron bombas de gas, causando el terror entre la población indígena ahí alojada y los grupos de voluntarios que los atendían. La ONU y el grupo de rectores de las universidades ecuatorianas, llamaron al diálogo. Aunque la respuesta de Lenin Moreno, es que no retrocederá en las medidas económicas ya tomadas.
Los saldos al momento de redactar esta memoria son de 676 personas detenidas (según la Fiscalía de la Nación), de las cuales 149 fueron ya procesadas. Los grupos sociales denuncian la muerte de estudiantes (Alvaro Olovancha, muerto y Anderson Días está desaparecido) y dirigentes campesinos (Segundo Tucumbi y Rodrigo Chaluisa, oriundos de Pujilí).
Los medios privados de prensa, condenan las acciones de los grupos indígenas, difundiendo la idea de que son «acciones vandálicas» y que el país lo que requiere es trabajo. Mientras tanto, la CONAIE señala la infiltración de políticos que quieren aprovecharse del momento para capitalizar la lucha indígena de larga data.
Queda por preguntarnos, por qué no se evidencia el vandalismo de un Estado, que desprotege a la población más pobre. En palabras de la CONAIE del 10 de octubre de 2019 «como todo gobierno deslegitimado la única respuesta que ha dado Lenin Moreno es la violencia».
Judith E. Pinos Montenegro
Profesora
Pontificia Universidad Católica (Ecuador)
