Un paso histórico a los fines de determinar la responsabilidad internacional por crímenes de lesa humanidad en dicho conflicto armado.
Sin lugar a dudas la Corte Penal Internacional (CPI) ha dado un paso trascendental en su carrera a los fines de someter a sus investigaciones a los EE.UU. de América en el marco de la Guerra contra el Terror y la ocupación de Afganistán al propiciar desde el año 2017 una investigación acerca de los crímenes de esa naturaleza cometidos por los funcionarios políticos y militares de dicho país en dicho conflicto armado. Asimismo, es dable aclarar que serán también serán investigados los delitos cometidos por los talibanes en dicho contexto.
Todo ello ha venido a romper con la crítica que, con razón, se ha hecho a dicho organismo acerca de que generalmente eran funcionarios políticos o militares de Estados de África los sometidos a sus investigaciones. La CPI había iniciado sus pesquisas en el año 2017 con un intento de investigación que fuera rechazado en primera instancia porque de acuerdo a esa instancia: no serviría a los intereses de la justicia ya que las posibilidades de que la Fiscalía tuviera éxito eran extremadamente bajas.
Fue así que la fiscal Fatou Bensouda decidió apelar dicha decisión lo cual ha provocado el enojo del gobierno de los EE.UU. de América alegando que esto podría conspirar contra el acuerdo de paz que se encontraría a punto de firmar con los talibanes después de años de ocupación y guerra, conflicto que como consecuencia produciría entre los años 2010 y 2019 más de 100.000 victimas civiles. Asimismo, la fiscalía ha sostenido que los crímenes de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes han sido llevado a cabo por agentes de la CIA en otros países como por ejemplo: Rumania, Lituania y Polonia, los cuales junto a Afganistán son parte de la CPI por lo que el gobierno de EE.UU. de América no puede alegar la falta de jurisdicción de dicho organismo como lo ha intentado hacer en diversas oportunidades a través de Michael Pompeo y John Bolton, entre otros funcionarios políticos de alto rango. Esta decisión es de suma importancia ya que pone en tela de juicio no únicamente al gobierno de Donald Trump sino también a los gobiernos antecesores de Bush y Obama, los cuales bajo distintas denominaciones o por otros medios mantuvieron la misma política en la Guerra contra el Terrorismo y el conflicto armado de Afganistán.
A ello se suma la importante decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al elaborar su informe final y recomendaciones de investigación y justicia en el caso de Djamel Ameziane, ciudadano algeriano que fuera sometido por más de una década a torturas, abusos físicos y detención sin cargo en el centro de detención de Guantánamo, primera decisión esta de un caso particular sobre un detenido en dicho centro de detención.
Gabriel F. Tudda
Coordinador
Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
IRI – UNLP
