La región de América del Sur ha sido profusamente caracterizada como una Zona de Paz, libre de conflictos bélicos y con uno de los gastos en defensa más bajos del mundo. Esto último aparece especialmente relevante ante el enorme crecimiento del gasto en armamentos que evidencian las potencias en la actualidad, en medio de una geopolítica global marcada por la guerra. En el caso de América del Sur, destacan en este sentido la Declaración de los Presidentes de América del Sur, aprobada en Guayaquil en julio de 2002, donde se declara a la región como Zona de Paz y la Declaración de Suramérica como Zona de Paz, suscrita en Lima en noviembre de 2012, en el marco de la UNASUR, instancia en la cual se fundó igualmente el Consejo de Defensa Suramericano en 2008. A nivel latinoamericano, habría que nombrar la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en La Habana en enero de 2014, en el contexto de una cumbre de la CELAC. Desde luego, debe hacerse la precaución de que el concepto de Zona de Paz es esencialmente estadocéntrico y se refiere básicamente a la existencia o no de la guerra entre los Estados. En este sentido, es evidente que, desde el punto de vista de los actores no estatales, estamos en presencia de una de las regiones más inseguras del mundo, con las más altas tazas de homicidios y con un ingente desarrollo del crimen organizado transnacional, lo que nos llevaría a calificar a la región como una “Zona de Paz Violenta”.
Pero el presente texto se sitúa desde el punto de vista de las relaciones entre los Estados, ámbito desde el cual Kalevi Holsti ha sido uno de los exponentes más relevantes a la hora de caracterizar las Zonas de Paz, como aquellos espacios regionales donde existe un tiempo prolongado de relaciones pacíficas entre los países. Bajo estos supuestos, el año 2014 Arie Kacowicz señalaba que América del Sur se constituía como la región más pacífica del mundo, donde los países resuelven pacíficamente sus disputas, mediante negociaciones directas, mediación y procedimientos jurídicos, especialmente el arbitraje. La conceptualización sobre la Zona de Paz es convergente con la caracterización de la región como una Comunidad de Seguridad que, al decir de Karl Deutsch, corresponde a un espacio político donde los países deciden solucionar sus problemas por medios pacíficos, antes que a través del recurso a la guerra. Desde luego, se trata de una comunidad de Estados Nación donde no existe una absoluta concordia y armonía. Incluso, entre los mismos pueden aparecer o persistir diferencias y desavenencias, como en toda relación social, pero estas son administradas y, eventualmente, solucionadas, de manera racional, ya sea a través de instituciones político-diplomáticas o jurídicas.
Entregando una breve digresión histórica, es posible plantear que, durante el siglo XIX, América del Sur podía calificarse como una Zona de Guerra, donde los hechos bélicos fueron recurrentes, en medio de la construcción de los Estados como parte de un proyecto oligárquico liberal, apareciendo en este camino una serie rivalidades geopolíticas, derivadas de las dificultades de definición de las fronteras, luego de las luchas de independencia. Tras la Guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú, tal cual señala Nicolas Terradas, la región ya puede calificarse como una Zona de No Guerra o de Paz Negativa, donde la ausencia del conflicto bélico se mantuvo de manera frágil, ante la presencia de Estados relativamente satisfechos con el statu quo, pero en la cual la posibilidad de retroceso a una Zona de Guerra seguía latente.
Es a partir de los procesos de democratización que vivieron varios países de la región, desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando la región entra en una nueva etapa, marcada por el desarrollo de esquemas de integración regional, como es el caso del MERCOSUR en 1991, acercamientos que devinieron en la construcción de una Zona de Paz Positiva, marcada por el creciente desarrollo de una Comunidad de Seguridad, donde se hace improbable la solución de los conflictos internacionales mediante el uso de la fuerza. Otra vez, las diferencias entre los Estados persisten y siempre son posibles; lo relevante es que son abordadas mediante la diplomacia y el Derecho Internacional, no mediante el enfrentamiento bélico y la violencia. En gran medida, la existencia de esta Comunidad de Seguridad es posible gracias al predominio de regímenes democráticos en la región. Como planteara Michael Doyle en 1983, existiría una cierta correspondencia entre la política interna y la política exterior de los países, en tanto las naciones con regímenes poliárquicos no irían a la guerra entre sí, sobre la base de la conceptualización sobre la “paz democrática”, aunque ello no obstaría para que los países con dicho régimen político manifiesten un fuerte belicismo hacia aquellos no liberales.
Sin embargo, actualmente es evidente que los países de la región, al igual que muchos otros, tanto del mundo desarrollado como en desarrollo, han entrado en un ciclo antagónico con la democracia, con su secuela de debilidad de las instituciones multilaterales y efectos evidentes en la calidad de las relaciones internacionales. Es decir, el desarrollo del populismo y la presencia de regímenes democráticos de baja intensidad, de derecha e izquierda, está incidiendo de manera determinante en una cierta deconstrucción de la Comunidad de Seguridad regional y en la erosión de la Zona de Paz, aumentando la posibilidad de conflictos y tensiones bélicas, en medio del auge de los discursos nacionalistas por parte de las autoridades, en la búsqueda de apoyos políticos internos.
En este complejo escenario, el Esequibo se ha convertido en el punto de tensión política y militar más importante en la región en estos días, dando cuenta de la señalada erosión de la Zona de Paz. Se trata de una disputa territorial centenaria entre Venezuela y Guyana por el control de dicho territorio, rico en petróleo y otros recursos naturales. En medio del aislamiento internacional y de la crisis política del régimen venezolano, Nicolás Maduro está apostando por la escalada del conflicto, declarando unilateralmente el territorio como el estado 24 de Venezuela, bajo el nombre de “Guayana Esequiba”. Además, se trata de un conflicto con el potencial de involucrar actores foráneos, en tanto Guyana tiene contratos con la compañía estadounidense ExxonMobil, para la extracción de unos 650.000 barriles de crudo diarios. La potencia norteamericana ya ha manifestado su apoyo a Guyana, con el cual ha realizado ejercicios militares, en medio de una geopolítica global signada por la lucha por recursos como el petróleo, gas y tierras raras, entre otros. Aprovechando el auge económico de su industria petrolera, Guyana, asimismo, escaló su gasto militar en un 78% durante 2024 (El Mercurio, 25 de mayo de 2025). Se trata de una manifestación evidente del retroceso de la en algún momento llamada “larga paz sudamericana”.
De proseguir las tendencias antidemocráticas y el auge del populismo en la región, con su secuela de fragilidad institucional, es de esperar un progresivo deterioro de las relaciones bilaterales y multilaterales. Los regímenes autoritarios son, por definición, altamente belicosos. La paz entre las naciones requiere del desarrollo democrático y sus mecanismos de pesos y contrapesos, con sociedades abiertas y plurales, que se constituyan como la base de un comportamiento internacional estable y cooperativo. En caso contrario, las posibilidades de que la región se incorpore a las numerosas zonas del mundo que sufren conflictos bélicos, aparecen cada vez más probables.
Jorge Riquelme
Integrante
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa
IRI-UNLP
