El domingo pasado el senador centrista Rodrigo Paz Pereyra, bajo el sello del PDC (Partido Demócrata Cristiano), -hijo de uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993)-, triunfó junto a su compañero de fórmula, Edman Lara, en el primer balotaje presidencial de la historia democrática de Bolivia. Ello representa algo más que un cambio de nombre en la presidencia: es la cristalización de un malestar profundo con casi dos décadas del Movimiento al Socialismo (MAS), y la búsqueda de una vía media entre continuidad y ruptura. Paz, se impuso con un 54,5 % de los votos frente al 45 % de su rival de Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, y asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre, prometiendo abrir el país a la inversión privada y extranjera. En un contexto de crisis económica (escasez de dólares, insuficiencia de combustibles, alimentos, medicinas y otros insumos básicos), con un proceso de inflación sostenida (de 25%, la más alta después de Venezuela y Argentina); reservas en mínimo, deuda externa de US$13.806 millones y una administración nacional que concentra más del 85% del presupuesto estatal. Esta elección presidencial marca un hito histórico en la política boliviana: es la primera vez en dos décadas que el MAS no ocupa la presidencia del país. Sin embargo, lo que podría interpretarse como un cambio de rumbo tajante se presenta como una transición compleja, matizada por sombras de sospecha, compromisos ambiguos y esa pesada herencia económica a la que se agrega la disonancia geopolítica.
Lejos de una ruptura total con el pasado, el ascenso de Paz parece más bien una apuesta al equilibrio: convertirse en el “algodón entre los cristales” de una sociedad polarizada entre actores del MAS residual y una derecha que exige reformas estructurales sin concesiones. En ese sentido, el nuevo mandatario representa una opción centrista, reformista, pero gradualista, consciente de que buena parte de la economía boliviana vive en la informalidad y depende de subsidios y transferencias que no pueden ser eliminadas de un plumazo. Sin embargo, muchos se preguntan cómo aplicará las medidas que prometió con el déficit fiscal cercano al 10% del PIB que prevé reducir, tras descartar financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), como planteaba el candidato Jorge Quiroga.
Paz ha dicho que los recursos del Estado alcanzan y anticipó que usará créditos por más de US$3.500 millones que Bolivia ya tiene aprobados de organismos multilaterales, que el gobierno saliente nunca utilizó. También indicó que levantará los subsidios al combustible, excepto los dirigidos a los «sectores vulnerables» de la sociedad. Esos subsidios caracterizaron a los gobiernos del MAS y el año pasado llegaron a US$2.000 millones, pero muchos los consideran insostenibles debido a los problemas fiscales del país y a la escasez actual de combustibles.
Este condicionamiento político se traduce también en el Congreso, donde el oficialismo no contará con mayoría automática. Lo que preocupa a muchos analistas, es lo que vaya a pasar el día después de la toma de posesión, debido a que ninguna fuerza política tiene mayoría parlamentaria y para las reformas estructurales (el ganador centró su propuesta en la reducción del gasto fiscal, la redistribución del presupuesto nacional en favor de las regiones y reformas tributarias), se necesitan consensos de dos tercios. En la votación de la primera vuelta del mes de agosto, quedó conformada la Asamblea Legislativa Plurinacional, con seis partidos y a priori se observa un escenario de fragmentación parlamentaria y también de los frentes políticos de las diferentes corrientes internas.
Para avanzar en su ambicioso programa de reformas deberá articular alianzas con sectores diversos, gestionar tensiones internas y encontrar puntos de equilibrio entre las urgencias sociales y las expectativas del capital privado. La economía boliviana está urgida de inversiones, préstamos multilaterales y reordenamiento fiscal, pero también necesita sostener la frágil red de contención social que impide un estallido. El saldo del gobierno de Luis Arce deja más incógnitas que certezas. Bolivia, pese a su potencial energético (gas, petróleo, litio), sufrió una profunda parálisis en materia de exploración, industrialización y geopolítica de los recursos. El país quedó atrapado en un modelo extractivista sin valor agregado, sin nuevos proyectos de gran escala, y con un discurso ideológico que lo alejó de oportunidades estratégicas para captar inversiones. Para este año, según el FMI, se espera un crecimiento estimado en torno al 1,2%, una tasa por debajo de su promedio histórico y por detrás del promedio regional. La caída en la exportación de gas natural —principal fuente de divisas del país— ha reducido los ingresos fiscales, lo que ha impactado directamente en la sustentabilidad de los subsidios que sostienen gran parte del consumo popular. La deuda pública ha superado el 80% del PBI, y las reservas internacionales netas apenas rozan los 1.500 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2006, generando incertidumbre sobre la capacidad del Estado para sostener su modelo de gasto.
A esto se suma un desafío estructural: más del 70% de la población económicamente activa está empleada en el sector informal, lo que complica la recaudación fiscal y la implementación de reformas estructurales. Un corto plazo con mucha presión inflacionaria contenida artificialmente por controles de precios y subsidios al combustible, cuya continuidad es incierta sin asistencia financiera internacional. La moneda nacional, -el peso boliviano- ha resistido una devaluación formal gracias a un tipo de cambio fijo, pero el dólar paralelo se ha disparado, evidenciando tensiones en el mercado cambiario. Paz deberá navegar entre las demandas de apertura económica, el reclamo social por estabilidad y la necesidad de credibilidad ante organismos multilaterales y socios estratégicos como Brasil, Argentina y China; especialmente con los dos primeros ya comenzó tratativas para garantizar el suministro de combustibles ante la grave escasez que afecta al país.
Además, el alineamiento internacional errático de Bolivia durante la última etapa —con vínculos estrechos con países con baja reputación en el sistema internacional o aislados de las cadenas productivas globales— minó la confianza de inversores y socios comerciales.
Uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno será reencauzar la política exterior boliviana y posicionarla como un actor responsable, estable y atractivo. En este marco, la entrega – en julio de 2024-, del Instrumento de Ratificación del Protocolo de Adhesión al MERCOSUR, cobra un sentido clave. Bolivia dispone ahora de hasta cuatro años para terminar de armonizarse con la regulación del Mercosur. Esta ventana debe ser utilizada con inteligencia para fortalecer los vínculos con Brasil, Argentina Uruguay y Paraguay, sin perder de vista la oportunidad de jugar un rol logístico relevante en el proyecto rutas de integración sudamericana del gobierno de Brasil: las llamadas rutas 3 y 4, Cuadrante Rondón y Bioceánica de Capricornio respectivamente.
A nivel global, Bolivia debe reconstruir puentes con organismos multilaterales, socios comerciales confiables y potencias dispuestas a colaborar en la transición energética y la inclusión social. En materia de gestión de los recursos naturales, especialmente el litio y el gas (Paz afirmó que su administración revisará todos los contratos firmados por el gobierno saliente, especialmente los acuerdos con empresas y gobiernos de Rusia y China); esto puede significar una vía de acceso a alianzas estratégicas que pueden renovarse, buscando reactivar la economía. Una de las primeras declaraciones de Paz tras su victoria fue su voluntad de reanudar las relaciones con los Estados Unidos, suspendidas desde que, en septiembre de 2008, cuando el presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg y a miembros de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), bajo la acusación de conspirar con la oposición. En 2013 también había expulsado del país a la agencia estadounidense de cooperación internacional (USAID), por motivos similares.
El presidente electo también anunció la apertura de una nueva etapa de diálogo con Chile, país con el que Bolivia mantiene disputas históricas por el acceso al océano Pacífico. Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1978; la tensión se agudizó tras la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el fallo de 2018, que ratificó que Chile no tiene obligación legal de negociar la salida al mar. Paz explicó que, pese a ese fallo, considera posible avanzar en una agenda bilateral.
Pero el “talón de Aquiles” sigue estando dentro de casa: Bolivia además de tener que enfrentar un problema estructural de informalidad, se le suma la creciente incidencia del narcotráfico y los circuitos ilegales de exportación, que han penetrado algunas estructuras estatales y territoriales, generando un doble poder difícil de desmontar.
El mapa electoral, una vez más mostró la grieta boliviana, una división entre las regiones del occidente, que principalmente reúnen a antiguos votantes del MAS, y las regiones del oriente que apoyaron un cambio hacia una liberalización más radical de la economía.
Regiones en el oeste del país, como La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba mantuvieron y ampliaron su apoyo a Rodrigo Paz. Estas zonas tienen una fuerte identidad indígena y obrera y, si bien reina el desencanto por el MAS, tienen claro el poder de resistencia, a modelos de derecha como los que vivió el país en la década de 1990.
El este del país en cambio, –con los departamentos de Santa Cruz de a Sierra, Beni y Pando– se mantuvo conservador, alineado con intereses empresariales, menor dependencia del Estado y mayor apertura económica.
La victoria de Rodrigo Paz se presenta como un nuevo comienzo que permita redefinir el modelo boliviano de desarrollo. Uno que reconozca los aportes sociales del pasado, pero también sus límites estructurales; que promueva la inversión privada sin excluir a los sectores vulnerables; que apueste por la integración regional sin repetir alineamientos ideológicos anti sistema.
Para evitar el desgaste de la democracia, se puede extrapolar al caso de Bolivia lo que expresa Alberto Vergara para toda la región de América Latina, en su libro “Repúblicas defraudadas”, donde plantea claramente: “la república tiene que recuperar un contenido sustantivo, hay que pensar un régimen de ciudadanía y un régimen que permita y facilite la movilidad social”, “el inicio de la república es acabar justamente con los estamentos que determinan qué vas a poder lograr en la vida simplemente por el sitio en el que naciste en la sociedad”. Por eso, para este nuevo gobierno el margen de error es mínimo.
Alejandro Safarov
Integrante
Departamento de America Latina y el Caribe
IRI-UNLP
