El Estado argentino presidirá desde marzo del corriente año la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto -IHRA, por sus siglas en inglés-. Se trata de una organización intergubernamental creada en el año 1998 que reúne a gobiernos y expertos con el fin de fortalecer el compromiso político y social con la memoria del Holocausto y el genocidio de los romaníes. Nunca antes un país latinoamericano asumió esta función.
Ahora bien, ¿qué puede llegar a significar este acontecimiento más allá de ser una cuestión procedimental de la propia organización? En primer lugar, el hecho tiene el potencial de elevar en la valoración diplomática actual la agenda de DD.HH., últimamente marginada por el diseño de Cancillería desde diciembre de 2023. Y, en segundo lugar, cuenta con la capacidad de profundizar el vínculo con el Estado de Israel y, consecuentemente, con el pueblo judío.
Históricamente, Argentina ha tenido un posicionamiento consistente y mayoritariamente a favor de las disposiciones multilaterales de derechos humanos. Esto se explica por el proceso interno de reafirmación, producto de las violaciones sistemáticas de estos últimos durante el ciclo de alternancia de los gobiernos cívico-militares en la historia nacional. A raíz de ello, el país consolidó una postura en la escena internacional de promotor sostenido. Sin embargo, desde el comienzo de la última administración se modificó la conducta, volviéndose más selectiva y, en varios casos, divergente en comparación con la actividad previa.
Por más que desde Cancillería se sostenga teórica y acertadamente la búsqueda de instrumentar una política de Estado de protección de los derechos humanos basada en el respeto de la libertad, la democracia representativa y el estado de derecho, en la práctica se le asignó un lugar más marginal. Ejemplo de esto fueron las diversas votaciones argentinas en contra de resoluciones que antes respaldaba de forma constante; la tendencia decisional a conformar la minoría que rechaza disposiciones mayoritarias; y el retiro del país de la postulación para el CDH en 2025. Por tanto, frente a este panorama, el hecho de presidir la Alianza y afianzarse ante la comunidad internacional por medio de la memoria de la Shoah -del hebreo, “catástrofe” o “desolación”, término utilizado para describir el genocidio perpetrado por la Alemania Nazi- proyectaría una revalorización de los lineamientos de DD.HH. Y, en caso de suceder, colocaría nuevamente al programa de derechos en un eje trascendental en la planificación ejecutiva.
Siguiendo el mismo orden, la asunción de la presidencia de la IHRA anunciado por el canciller, Pablo Quirno, contará con potencial para ser un movimiento de refuerzo de la relación Israel-Argentina. Es clara la afinidad del partido oficialista y, sobre todo, del jefe de Estado argentino con la nación en Medio Oriente. No obstante, no solo servirá para estrechar aún más la cooperación bilateral en términos políticos, sino también contribuirá a unir a las poblaciones argentinas y judías, teniendo en cuenta que la Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos en establecer relaciones diplomáticas con Israel y que otorga gran relevancia al lazo histórico por el rol de la comunidad judía en su aporte en el crecimiento de la nación cultural y comercialmente.
En defínitiva, la presidencia argentina de la IHRA no constituye únicamente un acontecimiento protocolar dentro de la dinámica multilateral, sino que se configura como una oportunidad estratégica: la posibilidad de proyectar una mayor apreciación de los lineamientos de DD.HH. y de afianzar el vínculo con Israel. El escenario abre una instancia significativa para reposicionar al país en la agenda internacional de memoria, derechos humanos y cooperación estratégica y, al hacerlo, ofrece un contexto de redefinición de la política exterior nacional.
Axel Chiquiar
Integrante
Departamento de Medio Oriente
IRI-UNLP