Luego de varios intentos fallidos, al no haber conseguido el consenso para aplicar el Protocolo de Ushuaia, el pasado 5 de agosto del corriente, el Mercosur, en reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro miembros fundadores del Mercosur reunida en Sao Paulo, decidió suspender a Venezuela de participar en el bloque por considerar que en el país se produjo una “ruptura del orden democrático”.
Venezuela se encuentra aislada y sumida en una crisis política y social sin precedentes, lo que ha denotado, la imposibilidad de la diplomacia latinoamericana, especialmente del Mercosur y de la Unasur, de ensayar alguna alternativa posible de asistencia al país caribeño, sin tener que recurrir a la suspensión del país del bloque, que implicaría perjudicar en forma directa al pueblo venezolano –que ya se encuentra en una crisis humanitaria de envergadura.
La OEA desde el mes de marzo se ha transformado en el principal escenario diplomático de discusión de la situación en Venezuela, donde se han realizado reuniones extraordinarias del Consejo Permanente de la organización, así como también consultas a los Estados miembros y declaraciones del Secretario General. En este marco se produjeron sendos “cruces diplomáticos” y acusaciones de desestabilización sin arribar a ninguna mediación posible.
El Mercosur –al igual que en el año 2012, tras la destitución del ex presidente Lugo de Paraguay- decidió por segunda vez en la historia, aplicar el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático (1998), habiendo declarado la “constatación” de la ruptura del orden democrático en Venezuela, lo cual constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración. No cabe dudas de que la instalación de la Asamblea Constituyente recientemente establecida por el gobierno de Nicolás Maduro y el desconocimiento de la Asamblea Nacional, fueron los principales hechos que fundamentaron la decisión de la suspensión, ya que días antes en la reciente Cumbre del Mercosur que tuvo lugar en Mendoza (julio 2017), los presidentes del bloque intentaron aplicar el mencionado protocolo sin éxito por no haber contado con el consenso de Uruguay.
Es importante mencionar que desde el mes de abril del corriente en la “Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR sobre la República Bolivariana de Venezuela”, los países del Mercosur habían solicitado la realización de consultas con Venezuela para que informara sobre la situación interna, las cuales resultaron infructuosas debido al rechazo del Gobierno de este país a la celebración de las mismas en el marco del Protocolo de Ushuaia, de manera tal que –según argumentaron los cancilleres- “al no registrarse medidas eficaces para la restauración del orden democrático por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, procedieron a la suspensión del Estado en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de parte (artículo 5), hasta tanto se restablezca la institucionalidad democrática en el Estado afectado. En este sentido, en la declaración los Estados Partes del Mercosur “se comprometen a trabajar en favor del restablecimiento del orden democrático en Venezuela y en la búsqueda de una solución negociada y duradera en pro del bienestar y el desarrollo del pueblo venezolano”.
No puede dejarse asimismo de mencionar, que en estos últimos años, sendos organismos internacionales, como la ONU y la OEA, se han pronunciado acerca de la violación de los derechos humanos fundamentales en el país caribeño. Asimismo Organizaciones no Gubernamentales de prestigio como Amnesty International, han sido contestes en reclamar y poner en conocimiento de la comunidad internacional y regional, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en la represión de las protestas por la falta de alimentos y medicamentos, los ataques e intimidaciones sufridas por los defensores de los derechos humanos, por parte de los medios de comunicación estatales y de alto cargos gubernamentales, así como las detenciones ilegales, en la mayoría de los casos por cuestiones políticas, menoscabando el derecho a defensa, entre otras que son algunas de las circunstancias por las cuales atraviesa este país.
La democracia se ha constituido en uno de los pilares de los procesos de integración regional, y del Mercosur en particular, circunstancia que se encuentra incorporada en los fundamentos mismos de su creación. Sin democracia, sin estado de derecho, ni instituciones independientes del poder central, la población se encuentra desprotegida, ya que la democracia, aun con sus falencias, es el sistema que proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos.
La región latinoamericana ha sufrido y sufre aún los oscuros años de las dictaduras militares, no podemos y no debemos, constituirnos en meros espectadores de la historia.
Laura Bono
Laura Bogado Bordazar
Coordinadoras
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP
