En 1981, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, Colombia, propuso reconocer al 25 de noviembre como un día de acción contra la violencia hacia las mujeres, en conmemoración a la fecha en que fueron asesinadas las hermanas Mirabal por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Las tres mujeres, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron importantes activistas políticas de su época y el grito de su lucha fue replicado en varios países de la región.
En el ámbito internacional, se aprobaron importantes herramientas legales que contemplan la violencia de género como una problemática en sus diversas dimensiones. Algunos de los más significativos son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994 (Convención Belem Do Pará). Varios años después, Argentina aprobó la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009).
En esa misma línea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 31 de octubre del año 2000, aprobó la Resolución 1325[1]. Fue el primer dictamen de este órgano que reconoció específicamente las consecuencias desproporcionadas de los conflictos y posconflictos armados en las mujeres y niñas, y en especial de la violencia sexual ejercida sobre las mismas[2]. Además, dicha resolución destaca el derecho de las mujeres a la participación, como agentes activos, en la promoción y la construcción de la paz, y también declara su contribución efectiva para lograr y consolidar una paz duradera y sostenible.
Con el paso del tiempo, esta herramienta se fue adaptando a los cambios en las dinámicas y dimensiones de los conflictos, la paz, la seguridad y la justicia a nivel global. Específicamente en lo relativo al concepto de conflicto y posconflicto en el que se enmarcó inicialmente, ya que éste no respondía a la situación real de América Latina y el Caribe.
La región ha presentado desafíos que van desde el deterioro de la situación de derechos humanos, elevados niveles de criminalidad y niveles persistentes de pobreza, exclusión, desigualdad y discriminación que derivan en mayor conflictividad. Asimismo, la crisis generada por el COVID-19 y las emergencias socioambientales agravaron este escenario, profundizando las desigualdades estructurales y generando impactos directos sobre la situación de las mujeres, niñas y diversidades, quienes se han visto expuestas a mayores grados de violencia: violencia doméstica, violencia sexual, femicidios, desaparición forzada, explotación sexual y laboral, etc.
En ese marco, Argentina desde el año 2015 ha brindado apoyo continuo a los distintos instrumentos y mecanismos que contribuyen al cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de esta resolución, a través de su Primer Plan de Acción Nacional (PAN). Una de las acciones más significativas para su implementación fue la creación de la Red Federal de Mediadores con Perspectiva de Género (2017); “cuyo objetivo es conformar un foro de colaboración para que más mujeres entrenadas y capacitadas en mediación con perspectiva de género, participen en procesos de paz y accedan a lugares de tomas de decisión en las negociaciones que se llevan adelante en esos procesos” (Cancillería, 2020).
Posteriormente, en consonancia con la agenda global Mujeres, Paz y Seguridad, nuestro país impulsó en marzo del 2021, la creación de la Red Regional de Mediadoras del Cono Sur en conjunto con Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La misma “constituye un proyecto pionero en América Latina y el Caribe, que busca dar visibilidad al importante trabajo que realizan las mujeres para la prevención de los conflictos en sus comunidades y el fortalecimiento del tejido social.” (Cancillería, 2021). Este avance se alinea con los principios y directrices que adopta el MERCOSUR respecto a la Igualdad de género, más específicamente con el número 6.7, que propone “Enfrentar todas las formas de violencia basada en la perspectiva de género” (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 13/14).
La Resolución 1325 y sus resoluciones conexas[3], en cada una de sus acciones, han contribuido a generar conciencia y consenso global respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas en contextos de conflicto y posconflicto armado, el reconocimiento de las particularidades de nuestra región y el importante rol participativo de las mujeres.
Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Aunque se incluyó la perspectiva de género en las directrices y herramientas en las operaciones de mantenimiento de la paz, en las agencias de las Naciones Unidas y en los programas nacionales de capacitación y adiestramiento de personal militar y policía civil de los Estados miembros; el documento de la resolución, sus resoluciones conexas y el PAN de nuestro país sostienen una mirada binaria, invisibilizando la realidad de la población LGBTIQ+, pueblos originarios y personas con discapacidad.
Desde el CeGRI entendemos que es importante ampliar la perspectiva desde la cual se reconocen las violencias de género ejercidas en contextos de conflicto y posconflicto armado. Por ello, convocamos a los Estados a que tomen en cuenta las diferencias de clase, raza, género y discapacidad al momento de aplicar los diferentes planes, programas, políticas públicas y proyectos vinculados a la cuestión.
Rosana Beatriz Riva
Florencia Fantin
Integrantes
Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI)
IRI – UNLP
Fuentes:
MERCOSUR/CMC/ DEC. N° 13/14. Directrices de la Política de Igualdad de género del MERCOSUR (2014).
Cancillería (2020). III Encuentro de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género.
Cancillería (2021). Solá lanzó la Red Regional de Mediadoras del Cono Sur. https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/sola-lanzo-la-red-regional-de-mediadoras-del-cono-sur
Real Instituto elcano Royal Institut (2020). Mujeres, paz y seguridad: 20 años de la 1325. https://especiales.realinstitutoelcano.org/mujeres-paz-seguridad/
Referencias:
[1] La resolución 1325 está compuesta por 18 puntos que gravitan en torno a cuatro áreas temáticas interrelacionadas: participación de la mujer en la toma de decisiones y en los procesos de paz; inclusión de la formación de género en operaciones de paz; protección de los derechos de las mujeres y las niñas; convertir la cuestión de género en un eje transversal de los sistemas de información y aplicación de las Naciones Unidas.
[2] Con respecto al objetivo de proteger los derechos de mujeres y niñas, la Resolución 1325 reconoce que existen diferencias de género en cuanto a la protección de los derechos humanos en situaciones conflictivas y de posguerra.
[3] Resolución 1820 (2008); Resolución 1888 (2009); Resolución 1889 (2009); Resolución 1960 (2010); Resolución 2106 (2013); Resolución 2122 (2013); Resolución 2242 (2015).
