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Reflexiones en vísperas del 40° aniversario del 2 de abril de 1982

         “Argentinos, a las cosas”

José Ortega y Gasset

 

Como ocurre todos los años, al acercarse la fecha del 2 de abril y hasta el 14 de junio, aparecen numerosas publicaciones en los medios de comunicación social, se presentan nuevos libros sobre la problemática del conflicto argentino-británico por la soberanía de las Islas Malvinas, y los gobiernos argentinos hacen declaraciones altisonantes acerca de nuestros derechos históricos, jurídicos y, aún, geográficos sobre el islario y los demás archipiélagos usurpados por el Reino Unido a la República Argentina desde hace 189 años. Es de prever que en oportunidad del 40° aniversario del 2 de abril de 1982 estas manifestaciones sean más numerosas e intensas. Por ello hemos querido adelantarnos a la marea y advertir que es mucho lo que se declama pero poco lo que se advierte en cuanto a nuestras debilidades frente a un adversario que solo respeta la institucionalidad internacional cuando la misma no está en conflicto con sus intereses nacionales.

Recientemente la diplomacia argentina ha denunciado el despliegue de  armamento británico de última generación en las Islas Malvinas, consistente en la instalación del sistema antiaéreo “Sky Sabre” cuyos misiles cuentan con un alcance tres veces mayor a los “Rapier”, instalados hasta ahora por las fuerzas de ocupación. De igual modo, se conoció que el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha decidido reforzar la vigilancia y las comunicaciones en el archipiélago contratando a la empresa “Aguila Air Traffic Management Service”. Asimismo, se han incrementado las escalas de aviones de la RAF en tránsito a Malvinas en algunos países pertenecientes al Mercosur.

Ante estos hechos nuestro país solo puede hacer un reclamo internacional de dudosa eficacia, ya que nos encontramos en conflicto con un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y uno de los principales países de la OTAN, que cuenta con bases militares en prácticamente todos los océanos del mundo, entre ellas el dispositivo Santa Elena-Tristán Da Cunha-Malvinas.

Sin embargo, la República Argentina mantiene el control del Estado Nacional sobre su territorio continental y es allí donde debe identificarse sus vulnerabilidades antes que sea tarde, especialmente en la región patagónica, donde existe un conflicto interméstico aún larvado sobre el cual ha privado hasta ahora la improvisación, la ingenuidad, intereses económicos y hasta prejuicios de tipo ideológicos, sin tener en cuenta que probablemente el mismo esté fogoneado por la inteligencia británica. Recordemos que la Patagonia es una de las áreas geográficas con menor densidad de población del planeta, en donde se encuentran muchos de los recursos naturales necesarios para mantener el desarrollo industrial de los países centrales y que el Reino Unido siempre aspiró a su dominio. Hasta llegó a considerarla propia, entre otros documentos, por medio de la Carta Patente de 21 de julio de 1908 que formalmente anexaba las islas Georgias, las Orcadas, las Shetland, las Sandwich y la Península Antártica como dependencias de la colonia de las Islas Malvinas e incluía entre sus posesiones a la totalidad de Tierra del Fuego, parte de la provincia de Santa Cruz y la región chilena de Magallanes.

En nuestra obra “CUESTIÓN MALVINAS: Propuesta para la construcción de una Política de Estado” advertimos sobre el peligro que significa para la República Argentina permitir que ciudadanos británicos adquieran tierras rurales en áreas de frontera y de seguridad nacional y la necesidad de modificar en este sentido la Ley 16.737/2011, en reciprocidad, precisamente, a la prohibición que tienen los ciudadanos argentinos de adquirir tierras rurales, y aún urbanas, en las Islas Malvinas. Hemos insistido en este tema tanto ante representantes del Poder Legislativo como autoridades del Poder Ejecutivo Nacional durante distintas administraciones, pero no hemos logrado interesarlos en el mismo. La prohibición de la adquisición de tierras rurales en áreas de frontera y de seguridad nacional por ciudadanos extranjeros ya ha sido legislada en muchos países del mundo, en especial en los Estados Unidos de América.

En 2010 la legislatura de la provincia de Río Negro reclamó al Ministerio de Defensa información detallada del aeropuerto privado de Bahía Dorada, situado en Puerto Lobo –una zona cercana a la localidad de Sierra Grande-  ubicado a dos kilómetros de la costa y a dos horas de vuelo de las Islas Malvinas y que el socio mayoritario de la firma dueña del aeropuerto es precisamente el ciudadano británico Joe Lewis, dueño de la sexta fortuna individual del Reino Unido. El aeropuerto está ubicado en una zona  de seguridad de frontera que, paradójicamente, no se encuentra radarizada y en violación de la ley de Defensa Nacional y cuenta con una pista de 2.100 metros de largo. El 7 de junio del mismo año un diario importante de la ciudad de Buenos Aires denunció la posibilidad que se estuvieran realizando vuelos clandestinos a Malvinas desde este aeródromo privado.

En esta pista podrían descender aviones de gran porte como los que utiliza la OTAN y el tiempo de vuelo entre la base militar británica de Monte Agradable (Islas Malvinas) y el aeródromo de Puerto Lobos es de dos horas. La misma se encuentra en una propiedad de gran extensión, lo que le permite a su dueño tener el control aéreo y terrestre de la zona, disponiendo de un sistema de seguridad privada muy importante en efectivos y recursos.

Desde hace tiempo Lewis pretende la autorización para construir una segunda pista en otra de sus propiedades patagónicas, la estancia de 14.000 hectáreas “Lago Escondido”, en la provincia de Río Negro, en la que se encuentra el lago homónimo que es eje de una disputa legal con vecinos de la zona y autoridades provinciales por la prohibición del acceso al mismo al haber quedado dentro de una propiedad privada cuando Lewis adquirió estas tierras durante el gobierno del presidente Carlos S. Menem. En el caso de construirse este nuevo aeródromo, un ciudadano británico podría poner a disposición de las fuerzas armadas de su país la logística necesaria para cortar prácticamente en tres horas la Patagonia Argentina, ya que la pista de Lago Escondido y la de Puerto Lobos estarían ubicadas en línea recta.

Para comprender nuestra vulnerabilidad recordemos que la República Argentina ha desmantelado todo su sistema de Defensa como consecuencia de la letra no escrita de los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas (Madrid I y Madrid II), no tiene radarizado su territorio continental patagónico ni dispone de medios aéreos ni terrestres para controlar estos extensos espacios vacíos. Por lo tanto, ante un conflicto doméstico que ponga en crisis la administración de los recursos naturales de la zona o la oposición del gobierno argentino a la explotación de estos recursos por capitales vinculados al Reino Unido, probablemente nos encontraríamos ante una emergencia que no podríamos resolver favorablemente para los intereses del país.

En vísperas del 40° aniversario de 2 de abril de 1982 sería importante que los argentinos comenzáramos a reflexionar sobre los problemas reales de nuestra Patria. Nadie duda de que las Malvinas son Argentinas, de la superioridad de nuestros derechos históricos, jurídicos y geográficos, de la importancia de difundirlos entre la población y visibilizarlos en nuestra política exterior, así como de la relevancia de mantener el reclamo ante todos los foros internacionales en los que participamos, pero no es suficiente. Hay que ver los lugares por donde pasa el poder real, como nos advirtiera don José Ortega y Gasset cuando nos visitara hace ya más de 80 años y descubriera la esencia del carácter argentino: …”argentinos, a las cosas”.  


Carlos Alberto Biangardi Delgado
Coordinador
Departamento del Atlántico Sur
IRI – UNLP