La escalada de violencia que vivenció Ecuador a raíz del escape de prisión de los líderes de los dos grupos criminales más importantes del país, Macías Villamar alias “Fito” de Los Choneros, grupo ligado al Cartel de Sinaloa, y Fabricio Colón Pico, líder regional de Los Lobos, organización con supuestos vínculos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). A ello se suma la toma en vivo de TC Televisión y de rehenes, los motines carcelarios con la muerte de oficiales, así como explosivos en vehículos. Teniendo en cuenta lo señalado, resulta pertinente reflexionar acerca de las causas estructurales de la crisis de seguridad que azota al país y las respuestas estatales llevadas a cabo.

Pese a que el flamante presidente Daniel Noboa se haya referido a la situación descripta como “estado de guerra” en diversas entrevistas, dicha figura legal no existe en la Constitución de la República de Ecuador, caso contrario a la figura del conflicto armado interno que efectivamente fue incluida en el texto del Decreto Ejecutivo 111/2024[1] con el estado de excepción.

En ese sentido, considerar a los 22 grupos de crimen organizado[2] como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes en el marco de un conflicto armado interno es pensar la problemática actual como la relativa a dos bandos dentro del país: por un lado, los grupos criminales entendidos como terroristas que amenazan a las estructuras críticas y a la integridad territorial y, por el otro, al Estado ecuatoriano, que para enfrentarlos hace uso de las Fuerzas Armadas en base a operaciones militares, despliegue de tropas en las calles, control de las prisiones y  restricciones de derechos civiles tales como el toque de queda.

En base a lo anterior, el Estado ha identificado a los grupos “terroristas” como enemigos y pueden ser abatidos bajo las reglas del ius in bello. A su vez, el despliegue policial pero, fundamentalmente, el militar no quedaría exento de sanciones con relación a las posibles violaciones de Derechos Humanos, dado que las acciones de las Fuerzas Armadas se encuadran en el marco internacional del Derecho Humanitario. Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos[3], nacionales e internacionales se declararon contrarios al estado de excepción y reticentes a los mecanismos de control de las Fuerzas.

La securitización del conflicto, sostenida en la militarización de la vida social de Ecuador sin un plan integral de seguridad ciudadana con políticas de fondo que ataquen las desigualdades estructurales de acceso a educación, vivienda, salud y trabajo sólo ocasionará la prolongación del conflicto y el aumento de la violencia.

Asimismo, declarar a las bandas criminales ecuatorianas como “agentes beligerantes” es desconocer la naturaleza del conflicto al negarles la fenomenología delincuencial[4], al carecer de objetivos ideológicos y políticos. Los 22 grupos criminales mencionados en el Decreto Ejecutivo 111/2024 son dispares en cuanto a la estructura, a su poder de fuego, su alcance territorial y su infiltración en la institucionalidad, pero coinciden en los objetivos económicos y en lo difuso de su accionar.

De la lectura del decreto se desprende que se los pretende entender desde el manto conceptual de las “nuevas guerras” de Kaldor y se esboza una especie de definición de actores armados no estatales (AANE) para intentar fundamentar la fenomenología terrorista al expresar que:

“la presencia de diversos tipos de actores armados, tantos públicos como privados, en la mayoría de los casos de carácter trasnacional, constituye la característica más relevante de estos conflictos. En ellos se enfrentan milicias, paramilitares, ejércitos de señores de la guerra, bandas criminales, empresas privadas de seguridad y grupos tribales, de tal manera que el monopolio estatal de la violencia según los cánones westfalianos es retado cada vez más tanto desde el interior como del exterior […] y no involucran a fuerzas gubernamentales”[5]

Ahora bien, la definición no dista mucho de la conceptualización clásica de actores armados no estatales de  Claudia Hofmann y Ulrich Schneckener (2011)[6], quienes entienden que las organizaciones allí comprendidas están dispuestas –y son capaces- de utilizar la violencia para perseguir sus objetivos; no están integrados en instituciones estatales formalizadas como ejércitos regulares, policías o fuerzas especiales, en donde el Estado no tiene su control y presentan cierto grado de autonomía respecto a la política, ostentan recursos y poseen infraestructura.

El tema de los objetivos en el área de estudio de los actores armados no estatales genera debate porque algunos autores conciben que para que sean englobados aquí deberían tener objetivos políticos (Sjöberg, 2007)[7]. Incluso existe una dificultad en poder definir el objetivo político de un AANE (Glaser, 2005:22)[8], debido al problema de determinar la motivación política. De allí que este criterio es menos relevante por las dinámicas actuales de la evolución contemporánea de los conflictos y, por lo tanto, incluso los grupos meramente delictivos deberían considerarse actores armados no estatales, siempre que logren mantener un nivel suficiente de violencia para convertir la situación en un conflicto armado, especialmente en regiones como América Latina.

De esta manera, el crimen organizado transnacional con sus objetivos económicos y su poder de violencia desestabilizadora para las instituciones democráticas se considera dentro de los AANE, por lo que no hay necesidad de eliminar su objetivo económico en pos de negarles la fenomenología delincuencial.

Por tanto, afirmar en el Decreto 111/2024 que el crimen organizado se ha transformado hacia un actor no estatal beligerante para emplear el poder militar significa otorgarle una condición de legitimidad tanto política como de forma jurídica que no les compete por su accionar y ontología delincuencial, sin ni siquiera entrar en detalles sobre qué pasará cuando se logre desarticular el conflicto. Acaso, ¿se llamará a una amnistía por entenderlos combatientes y no delincuentes?

Las organizaciones criminales ecuatorianas y las causas estructurales de la crisis de seguridad

Puede establecerse una evolución histórica en el desarrollo de las organizaciones criminales ecuatorianas. Hasta principios de los años ochenta el país se caracterizó por bajos niveles de violencia al punto de ser considerado como una “isla de paz” en la región, teniendo en cuenta la violencia sufrida por sus vecinos, Colombia y Perú, debido a sus conflictos internos, a pesar que históricamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) utilizaron las zonas de fronteras como espacio de descanso y trasiego de armas, precursores y del alcaloide hacia los puertos del pacífico ecuatoriano.

Sin embargo, los niveles de violencia expresados en tasas de homicidio comienzan a incrementarse a principios de los años noventa y se consolidan al alza a partir del 2000 a raíz de la proliferación de bandas criminales ligadas al narcotráfico (en principio, de poca envergadura) hasta alcanzar el récord del mayor índice de violencia regional con una tasa de 45/100mil habitantes según datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.

En ese sentido, Ecuador se encuentra en una posición estratégica como país de tránsito de sustancias ilícitas, especialmente de cocaína, al estar geográficamente ubicado entre los dos principales productores mundiales, Colombia y Perú (ONUDC, 2023)[1].

Es a principios del siglo XXI cuando Ecuador se convirtió en un importante eslabón  en la cadena transnacional de suministro de cocaína, de la mano de la dolarización de su economía y la posibilidad del lavado de dinero[2]. A su vez, gracias a la guerra frontal que se desarrollaba en suelo colombiano entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el aumento de la fumigación de cultivos por parte del gobierno colombiano con el Plan Colombia, se produjo un efecto globo con el traspaso del cultivo hacia la frontera con Ecuador. En base a InSight Crime, las FARC establecieron el control sobre la producción de cocaína en la región y comenzaron a abastecer a los traficantes del Cartel del Norte del Valle, quienes abrieron rutas de entrada y salida de Ecuador. Los integrantes del cartel quisieron participar también del mercado, y el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ordenó establecer sus propias redes en el país[3] en 2003.

En base a declaraciones del periodista especializado Juan Carlos Calderón, entre el 2009 al 2017 se produjo una especie de “pax mafiosa”, lo que impactó en la tasa de homicidios con la baja del crimen pero, a la par, surgieron los grandes capos del narcotráfico, como Washington Prado Álava alias “Gerald”, el Pablo Escobar ecuatoriano –extraditado a Estados Unidos en 2018-. Estas estructuras se consolidaron con muy bajo perfil y a la vez con la venia o el descuido de las autoridades en el contexto del gobierno de Rafael Correa (2007-2017)[4].

Esta pax finaliza en enero de 2018 con la explosión de una bomba en un cuartel policial en el cantón de San Lorenzo, provincia de Esmeralda ubicada en la frontera con Colombia, dando inicio a sucesivos ataques contra infraestructuras estatales o crímenes[5]  por parte de grupos criminales, así como el control de los complejos penitenciarios, lugares devenidos en base de operaciones para las organizaciones criminales.

Pese a ello, la actual crisis de seguridad parece comenzar con la violencia producida entre los distintos grupos criminales antagónicos de Ecuador en 2020, a raíz del asesinato de Jorge Luis Zambrano González, alias “Rasquiña” el líder de la mayor banda del país, Los Choneros, quienes operan desde finales de los años noventa en Ecuador. La muerte de “Rasquiña” dejó el trono vacío y comenzó la sucesión no sólo hacia el interior de Los Choneros, sino entre las bandas para disputarle espacios de poder, territorio y negocios; de esta forma,  Los Tiguerones y Los Chone Killers, que eran subdivisiones dentro de Los Choneros, cambiaron de bando y se incorporaron al grupo opositor, Los Lobos[6].

De esta manera, la violencia no es sólo intra grupo criminal sino también entre bandas que disputan poder y bandas menores que quieren acceder a porciones de tráfico, lo que atomiza y complejiza mucho más las dinámicas de violencia del país, sumado a  la utilización de metodología de terror: cadáveres colgados en puentes, vehículos bombas, explosiones de drones en cárceles, motines[7], extorsión, sicariato y asesinatos políticos selectivos apuntan a una «mexicanización» de las prácticas delictivas[8].

A este contexto se suma la posición estratégica de los puertos ecuatorianos en el Pacifico Sur, no sólo porque se encuentra el puerto de Guayaquil, uno de los puertos de  mayor envergadura de América Latina, sino también puertos menores como el de Manta. En el caso de este último es estratégico por ser el centro pesquero del país y, por su ubicación, es central para disimular en embarcaciones pesqueras el abastecimiento de combustible de las narcolanchas que se dirigen hacia Centroamérica. Todo ha producido que el Ecuador haya crecido en importancia para mercados tradicionales, como Estados Unidos, y mercados emergentes en Europa y Asia, convirtiéndose en uno de los principales despachos del comercio mundial de cocaína[9]. Con ese ascenso en la importancia geoestratégica del país también ha aumentado el flujo de capital, lo que ha incitado la proliferación de grupos criminales y sus violencias.

En este marco, el escenario de violencia se profundiza al incorporarse la lógica de organizaciones criminales transnacionales extranjeras. Bajo este lineamiento, los grupos organizados locales comenzaron a actuar como intermediarios entre organizaciones criminales extranjeras más complejas de Colombia y México, pero también de los Balcanes. De acuerdo con el especialista Arturo Torres, en 2016 comienza a tenerse alertas sobre la presencia del CJNG en el país, a través de alianzas con los grupos colombianos disidentes de las FARC, y empiezan a disputarle los territorios al cartel de Sinaloa, pero de una manera discreta, sin exposiciones ni guerras abiertas[10].

Por tal, la atomización de organizaciones y bandas criminales no permite simplificar el escenario entre la otrora poderosa Los Choneros versus la ascendente Los Lobos, sino que nos encontramos frente a un escenario mucho más complejo, con lógicas de crimen organizado transnacional, como afirmamos anteriormente; sólo para el caso mexicano se registra cooperación de parte de Los Choneros con el Cartel de Sinaloa y por parte de Los Lobos, Los Lagartos y Los Tiguerones con el CJNG.

En ese sentido, la atomización, la pluralidad de mercados ilícitos[11], la violencia y la presencia en el territorio a escala nacional de las organizaciones criminales marca una caracterización fluida de los conflictos al presentar una capacidad de readaptación estratégica, lo que estimula aptitudes de mutación constantes y adaptabilidad del propio conflicto, porque los actores despliegan redes cuyos segmentos se hallan a la vez dentro de lógicas de cooperación (con alianzas táctico-estratégicas que pueden ser a corto o mediano plazo), competencia (con el choque frontal entre grupos a escala nacional o simplemente a una escala regional o micro por rutas y/o territorio) y connivencia con centros no identificables por fuera de su propia estructura.

La actual alianza táctica entre las organizaciones criminales desplegada contra el Estado ecuatoriano como respuesta a la declaración de conflicto armado interno y la categorización de terroristas implica más violencia a mediano y largo plazo, sobre todo en territorios cooptados por estructuras criminales sin una presencia estatal sólida en términos de institucionalidad y provisión de servicios.

La respuesta de Noboa no dista de la sus predecesores, ya que tanto Lenin Moreno (2017-2021) como Guillermo Lasso (2021-2023) no realizaron grandes cambios a la estructura de seguridad, a pesar de haber suprimido carteras (especialmente en el área de inteligencia) sin implementar una nueva estrategia de seguridad y basándose sólo en los estados de excepción como política pública; incluso Lasso declaró el terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado sustentados en la existencia de una “grave conmoción interna”, con la movilización de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento del orden interno, con el caso paradigmático del asesinato del principal presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

Finalmente, consideramos que la incipiente política de seguridad de Noboa no se enmarca en una orientación programática sino más bien se puede entender como acciones militaristas propias del pragmatismo político para hacer frente a la crisis de criminalidad que vive el país a corto plazo, más que a un despliegue de políticas públicas integrales que permita cambiar las lógicas de rentabilidad y presencia del crimen organizado en el Ecuador a mediano y largo plazo.

Fernanda Daniela Díaz
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP

Referencias

[1]  Informe Mundial de Drogas 2023. Disponible en https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html

[2] Estimaciones actuales sobre la cantidad del lavado de dinero producto del narcotráfico llevadas a cabo por el medio de investigación Plan V calcula en 8 mil millones de dólares el lavado hacia la economía formal, lo que representa el 8% del PBI de Ecuador. “Gral. Patricio Carrillo: detrás de Leandro Norero hay todavía un poder enorme”, Plan V, 2 de enero de 2024. Disponible en https://www.planv.com.ec/historias/entrevistas/gral-patricio-carrillo-detras-leandro-norero-hay-todavia-un-poder-enorme

[3] Bargent, James. (2019). “Ecuador, autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa”. InSight Crime. Accesible en https://es.insightcrime.org/investigaciones/ecuador-autopista-de-la-cocaina-hacia-estados-unidos-y-europa/

[4] Entrevista a Juan Carlos Calderón. Budasoff, Eliezer y Yepez, Desiree. (2023). “Ecuador: análisis tras el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio”. El Hilo. Accesible en https://www.youtube.com/watch?v=gJ4mfmuR8WA&ab_channel=Elhilo

[5] Podemos mencionar uno de los hechos más paradigmáticos, ocurrido en marzo de 2018 cuando se produjo el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas del Diario El Comercio que cubrían los hechos de inseguridad en el norte del país por parte de grupos criminales.

[6] Shuldiner, Henry. (2022). “La paz entre las pandillas rivales de Ecuador parece más lejos que nunca”. InSight Crime. Accesible en https://es.insightcrime.org/noticias/paz-entre-pandillas-rivales-ecuador-parece-lejos-nunca/

[7] La guerra entre Los Choneros y Los Lobos por el control del tráfico de drogas del país, sumado al ascenso de otro grupo, R7, estas dos últimas bandas carcelarias ecuatorianas pero con conexiones y áreas de acción nacionales, se encuentran ligadas a grandes motines que se produjeron en 2022 y se replicaron en los motines de principio de 2024 a lo largo del país.

[8] Sobre la mexicanización ver Brik, Daniela. (2022). “Crisis de seguridad en Ecuador, cuando la realidad supera la ficción”. Diario la Vanguardia. Disponible en https://www.lavanguardia.com/vida/20220530/8304116/crisis-seguridad-ecuador-realidad-supera-gestion.html; y Ruiz, Mateo y Orellana, Marta. (2022). “Seguridad y crimen organizado transnacional: la geopolítica del narcotráfico como amenaza a la seguridad. Los carteles mexicanos en Ecuador y la vulnerabilidad del sistema de seguridad nacional durante el periodo 2017-2021”. Tesis de la Facultad de Ciencias Humanas. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

[9] Bargent, James. (2019). “Esmeralda una provincia de Ecuador en las garras del conflicto narco”. InSight Crime. Disponible en https://es.insightcrime.org/investigaciones/la-provincia-de-esmeraldas-en-ecuador-joya-para-los-narcos/

[10] Entrevista a Arturo Torres en: BBC Mundo. (2023). “Asesinato de Fernando Villavicencio: cómo pasó Ecuador de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina”. Accesible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-66469463

La llegada a Ecuador de los carteles mexicanos de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, se da bajo lógicas de expansión y periodos de tiempo distintos. En el caso del cartel de Sinaloa, la línea temporal se da entre 2003-2007 tras la decisión de la administración Bush de perseguir sus operaciones en la costa del Pacífico, lo que dio lugar a su expansión especialmente a Centroamérica, pero también a Suramérica, de allí que en el caso puntual de Ecuador se establecieran sobre las costas de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Por el contrario, la incursión del CJNG es reciente, diferentes registros indican que se produce recién en 2021 en alianza con estructuras colombianas que tienen lazos con bandas carcelarias ecuatorianas para luego tomar contacto directamente con las estructuras criminales del país.

[11] Los mercados ilícitos son además del narcotráfico, el tráfico ilegal del oro, el contrabando, la trata de personas y la extorsión.

[1] El Decreto Ejecutivo 111/2024 se encuentra disponible en el website de la Secretaría General de Comunicación de Presidencia de Ecuador, accesible en https://www.comunicacion.gob.ec/decreto-ejecutivo-n-111/

[2] Las organizaciones que fueron reconocidas como terroristas son: Águilas; Águilas Killer; AK47; Caballeros Oscuros; Chone Killer; Los Choneros; Corvicheros; Cuartel de las Feas; Los Cubanos; Fatales; Gánster; Kater Piler; Los Lagartos; Latin Kings; Los Lobos; Los p.27; Los Tiburones; Mafia 18; Mafia Trébol; Patrones; R7; Tiguerones.

[3] Entre las organizaciones internacionales de Derechos Humanos que se expresaron a favor del control de parte de las estructuras estatales contra los abusos de los uniformados se encuentran Amnistía Internacional; Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el plano nacional fueron la Defensoría del Pueblo, la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, entre otros.

[4] Ver Decreto Ejecutivo 111/2024 p.3.

[5] Ibídem, p.4.

[6] Hofmann, Claudia and Schneckener, Ulrich. (2011). Engaging non-state armed actors in state and peace building: options and strategies. “International Review of the Red Cross”, Vol. 93, n°883, sept: 603-621.

[7] Sjöberg, Anki. (2007). “Armed non-state actors and landmines.Volume III: Towards a holistic approach to armed non-state actors”. Geneva: Geneva Call and the Program for the Study of International Organization(s). Disponible en https://www.files.ethz.ch/isn/46887/2007_11.pdf

[8] Glaser, Max. (2005). “Negociando el acceso: compromiso humanitario con actores armados no estatales”. Carr Center for Human Rights Policy. Kennedy School of Government. Universidad de Harvard.