El 24 de marzo de 1999, la OTAN lanzó un bombardeo aéreo sobre la entonces Yugoslavia por casi ochenta días, durante la guerra de Kosovo. Transcurrido un cuarto de siglo de esos acontecimientos, la paz y la seguridad internacionales viven similares tragedias y la convivencia pacífica entre las naciones, sobre la base del derecho internacional y el multilateralismo, parece todavía una quimera. Por esos días el siglo XX ya concluía y la idea de un sistema internacional marcado por la paz y el “Fin de la Historia”, en palabras de Francis Fukuyama, parecía poco probable. Marcado por su complejidad, el escenario global de la post Guerra Fría, definido por el desmembramiento de la Unión Soviética y la exacerbación de los sentimientos nacionalistas, hacían de la región de los Balcanes el centro de las turbulencias mundiales.
La guerra de Kosovo cerró la etapa de Slobodan Milosevic, presentándose ésta como una instancia ideal para que la OTAN redefiniera su rol estratégico en el sistema internacional. El bloqueo del Consejo de Seguridad impidió su actuación para frenar la cruel represión y la muerte de albaneses en Kosovo. De este modo, el fracaso del Consejo llevó a la OTAN a actuar al margen de las Naciones Unidas, a través de la mayor operación militar en suelo europeo, tras la Segunda Guerra Mundial. Ello representó un precedente poco auspicioso para la comunidad internacional, que luego tuvo su correlato en los hechos acontecidos en Irak y la doctrina de la Guerra Preventiva, y que incluso a menudo es invocado por el presidente Vladimir Putin para justificar la invasión de Rusia a Ucrania y Georgia.
Ciertamente, la actuación de la OTAN al margen de las Naciones Unidas tuvo apreciaciones dispares, en tanto se observó que su operación militar si bien no era legal bajo el punto de vista del derecho internacional y la Carta de San Francisco, sí tenía cierta legitimidad, ya que buscaba frenar las numerosas muertes de civiles. La comunidad internacional, simplemente, no podía permanecer impávida. Esta situación constituye, igualmente, un antecedente esencial de la posterior discusión sobre las intervenciones humanitarias y el concepto de la Responsabilidad de Proteger, delineado por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS, por su sigla en inglés). Liderada por Gareth Evans, el ex Canciller australiano, y Mahmoud Sahnoun, ex Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas para África, la ICISS trazó como objetivo asegurar una respuesta efectiva de la comunidad internacional ante cuatro crímenes específicos: genocidio, depuración étnica, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En un análisis retrospectivo, parece claro que la discusión sobre la legitimidad y la legalidad de la intervención de la OTAN en Kosovo ocultó el surgimiento de un consenso más profundo en torno al concepto de la “soberanía como responsabilidad”, como planteara en 1993 el diplomático sudanés Francis Deng. En efecto, gran parte de la comunidad internacional pasó a asumir expresa o implícitamente la tesis que sostenía que frente a la incapacidad del gobierno yugoslavo de proteger a la población albanokosovar de graves violaciones del derecho internacional humanitario, correspondía a la comunidad internacional adoptar las medidas necesarias para poner fin a la violencia y resolver el conflicto de una manera que protegiera los «derechos e intereses legítimos» de los grupos étnicos de Kosovo.
Mirado en perspectiva, puede sostenerse que, para alentar a los Estados a reconocer formalmente sus responsabilidades soberanas y fortalecer el (frágil) consenso antes descrito, deben plantearse preguntas difíciles en torno al alcance de esas responsabilidades, las medidas disponibles para cumplirlas y el proceso decisorio que dispone el uso de la fuerza para proteger los derechos fundamentales de una población. La Responsabilidad de Proteger busca escapar de debates inoficiosos sobre la intervención humanitaria, centrándose no en lo que los intervinientes tienen derecho a hacer (el llamado «derecho de intervención»), sino en lo que es necesario para proteger a las personas en extrema necesidad y las responsabilidades de varios actores a brindar dicha protección. En suma, la reacción bajo el precepto de la Responsabilidad de Proteger se constituye como un antídoto para el unilateralismo.
En la actualidad, los mismos fantasmas asolan a la comunidad internacional en un momento donde el Consejo de Seguridad se muestra inoperante a la hora de frenar la guerra entre Ucrania y Rusia que data 2022, o bien en el establecimiento de un alto al fuego en la Franja de Gaza. Las decisiones del Consejo, severamente condicionadas por las posiciones de sus miembros permanentes, que tienen el poder de veto, demuestran que todavía la gobernanza global es un asunto pendiente. La estabilidad global, fuertemente afectada por la radicalidad de los conflictos internos e internacionales, la posibilidad de una guerra nuclear, el aumento del gasto militar, las cada vez más cruentas consecuencias del cambio climático, así como un sistema multilateral poco efectivo y anacrónico, dan buenas razones para el pesimismo.
Jorge Riquelme
IRI – UNLP
Eduardo Carreño
Universidad Autónoma de Madrid
