Departamento de Europa

Presentación

        

El 27 de junio de 2024 el Consejo Europeo tomó una decisión sobre tres altos cargos para el próximo ciclo institucional de la Unión Europea, eligiendo al ex Primer Ministro de Portugal, el socialista Antonio Costa para el cargo de Presidente del Consejo Europeo, proponiendo además a la conservadora alemana Úrsula von der Leyen como candidata a Presidenta de la Comisión Europea, como así también a la ex Primer Ministra de Estonia, la liberal Kaja Kallas como la persona adecuada para ocupar el puesto de Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El 15 de julio de 2024 el Parlamento Europeo reeligió a Roberta Metsola del Partido Popular Europeo como su presidenta. La mencionada diputada maltesa obtuvo 562 votos a favor frente a los 61 que cosechó la candidata del grupo de izquierda, la española Irene Montero, habiéndo asimismo registrado 76 abstenciones.

El 18 de julio de 2024 la Eurocámara por amplia mayoría reeligió a Úrsula von der Leyen como Presidenta de la Comisión Europea por un segundo mandato de cinco años más. La referida candidata del Partido Popular Europeo cosechó 401 votos a favor, 284 en contra y a la vez se registraron 22 votos nulos o en blanco. La dirigente alemana para lograr su segundo mandato recibió el apoyo de los populares, los socialistas, los liberales pero también votaron a favor de ella una gran parte del grupo de los verdes y del grupo de los conservadores reformistas europeos.

El 27 de noviembre de 2024 el Parlamento Europeo dio su aprobación a los 26 comisarios que van a acompañar a Úrsula von der Leyen en su segunda gestión a cargo del ejecutivo europeo, votando 370 eurodiputados a favor, 282 en contra, y otros 36 se abstuvieron. El éxito de la votación se debió a un acuerdo político entre los socialdemócratas, el Partido Popular Europeo y los liberales de Renovar Europa.

La reelecta Presidenta de la Comisión Europea no ha logrado en su segundo mandato el objetivo de que exista paridad entre hombres y mujeres. Contando con su Presidenta, la nueva Comisión está compuesta por dieciséis hombres y once mujeres, pero cuatro de ellas son Vicepresidentas.

También es una Comisión con fuerte acento conservador ya que está integrada por trece miembros del Partido Popular Europeo, incluida a la propia von der Leyen, cinco liberales, cuatro socialistas, dos miembros de los principales partidos de la extrema derecha, uno de Conservadores y Reformistas Europeos y el otro de Patriotas por Europa, y cuenta además con tres independientes.

El 1º de diciembre de 2024 comenzó la gestión para los próximos cinco años de la nueva Comisión Europea, que tiene la siguiente composición:

Presidenta: Úrsula von der Leyen (Alemania), quien ya ocupara el mismo cargo entre los años 2019 y 2024, habiéndose desempeñado previamente como Ministra de Defensa, Trabajo y Familia en los gobiernos de la ex canciller alemana Ángela Merkel.

Vicepresidenta ejecutiva para una Transición limpia, justa y competitiva: Teresa Ribera Rodríguez (España), quien en los seis últimos años ha ocupado los cargos de Ministra y Vicepresidenta del Ejecutivo socialista español encabezado por Pedro Sánchez.

Vicepresidente ejecutivo para Prosperidad y Estrategia Industrial: Stéphane Séjourné (Francia), quien deja su puesto en el Gobierno francés como Ministro de Relaciones Exteriores para volver a Bruselas, donde había desarrollado toda su carrera política como eurodiputado y jefe de las filas de los liberales europeos.

Vicepresidenta ejecutiva y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad: Kaja Kallas (Estonia), quien desempeñara el cargo de Primera Ministra de su país, donde se ha labrado una reputación de gran opositora al gobierno de Putin por su dura posición contra Moscú y su apoyo inquebrantable a Kiev tras la invasión rusa de Ucrania. Kallas ya había ejercido el cargo de eurodiputada, integrando el bloque liberal como especialista en temas digitales.

Vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia: Henna Virkunnen (Finlandia), quien ya había electa como eurodiputada en el año 2014, y durante su etapa política en su país formó parte de tres Ejecutivos liberales-conservadores distintos como Ministra de Educación, de Administraciones Públicas y Gobierno Local, y de Transporte.

Vicepresidente ejecutivo para Cohesión y Reformas: Raffaele Fitto (Italia), antiguo partidario de Silvio Berlusconi y con un pasado en la Democracia Cristiana, es el primer miembro de un partido ultraderechista italiano (Hermanos de Italia) en formar parte del Ejecutivo comunitario.

Vicepresidenta ejecutiva para Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación: Roxana Minzatu (Rumanía), quien ya había sido electa como eurodiputada, y también había integrado durante varios años el Parlamento de su país, donde además se desempeñó como Ministra de Fondos Europeos.

Comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones: Maria Luís Albuquerque (Portugal), esta economista fue Ministra de Finanzas de su país entre los años 2013 y 2015 durante el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho, fueron unos años marcados por una crisis que llevó, entre otras medidas, a cortar las ayudas al empleo y reducir las pensiones.

Comisario de Energía y Vivienda: Dan Jørgensen (Dinamarca), este licenciado en Ciencias Políticas ya había ejercido el cargo de eurodiputado durante casi una década hasta que Helle Thorning-Schmidt lo recuperó en el año 2013 para ocupar el puesto de Ministro de Alimentación, Agricultura y Pesca de su país, unos años después volvió a recibir nuevamente responsabilidades ministeriales en los gobiernos de Mette Frederiksen.

Comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva: Jessika Roswall (Suecia), quien había ocupado el cargo de diputada en el Parlamento sueco desde 2010 por el Partido Moderado (conservador), habiéndose también desempeñado como Ministra de Asuntos Europeos de su país.

Comisario de Presupuesto, Antifraude y Administración Pública: Piotr Serafin (Polonia), quien fue Jefe del gabinete de Donald Tusk cuando éste fue Presidente del Consejo Europeo, y además fue representante permanente de su país ante Bruselas.

Comisario de Defensa y Espacio: Andrius Kubilius (Lituania), quien tras la independencia de su país fue elegido diputado y ejerció dos veces como Primer Ministro. Kubilius también se desempeñó como eurodiputado, y se ha ganado la reputación de mantener una posición dura frente a Rusia y en mantener un firme apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

Comisario de Asuntos de Interior y Migración: Magnus Brunner (Austria), quien fue Ministro de Finanzas de su país, y previamente fue Secretario de Estado en el Ministerio de Medio Ambiente, Energía, Transporte, Innovación y Tecnología.

Comisario de Pesca y Océanos: Costas Kadis (Chipre), quien ocupó diversas carteras ministeriales en su país, fue Ministro de Salud, Ministro de Educación y Cultura, y Ministro de Agricultura.

Comisario de Transporte Sostenible y Turismo: Apostolos Tzitzikostas (Grecia), quien ejerció el cargo de gobernador de la región griega de Macedonia Central, y ha sido presidente de la Unión de Regiones de Grecia y del Comité Europeo de las Regiones.

Comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación: Ekaterina Zaharieva (Bulgaria), quien ocupó diversas carteras ministeriales en su país, fue Ministra de Relaciones Exteriores, Ministra de Justicia, y Ministra de Desarrollo Regional.

Comisario de Sanidad y Bienestar Animal: Olivér Várhelyi (Hungría), quien previamente se desempeñó como Comisario de Vecindad y Ampliación, habiéndose producido en su gestión varias polémicas.

Comisaría de Ampliación: Marta Kos (Eslovenia), quien es una diplomática que ha sido Embajadora de su país en Suiza y Alemania, y también fue Vicepresidenta del Partido Movimiento Libertad, miembro de los liberales de Renovar Europa.

Comisaría para el Mediterráneo: Dubravka Suica (Croacia), quien ya se desempeñó como comisaria durante cinco años al frente de la cartera de Demografía y Democracia, previamente fue cuatro veces eurodiputada, dos veces alcaldesa de su ciudad natal, Dubrovnik, y también diputada en el Parlamento de su país.

Comisario de Comercio y Seguridad Económica y de Relaciones Interinstitucionales y Transparencia: Maros Sefcovic (Eslovaquia), quien es un veterano político y diplomático eslovaco que ejerce su cuarto mandato consecutivo en la Comisión, tras ser Vicepresidente ejecutivo en la anterior gestión de von der Leyen.

Comisario de Economía y Productividad y de Implementación y Simplificación: Valdis Dombrovskis (Letonia), quien es un político conocido en el escenario de Bruselas, donde también ya ha sido Vicepresidente ejecutivo en la anterior gestión de von der Leyen entre los años 2019 y 2024, y además fue Primer Ministro de su país entre los años 2009 y 2014.

Comisario de Asociaciones Internacionales: Jozef Síkela (República Checa), quien se desempeñó como Ministro de Industria y Comercio de la República Checa, es un economista que ha pasado tres décadas en el sector bancario, con puestos directivos en Austria, República Checa, Eslovaquia y Ucrania, y dio el salto a la política en 2021.

Comisaría de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis: Hadja Lahbib (Bélgica), quien es una política belga de origen argelino que ocupó previamente el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores de su país.

Comisario de Clima, Crecimiento Limpio y de Emisiones Cero: Wopke Hoekstra (Países Bajos), quien es una figura destacada del partido democristiano de su país, habiendo ocupado varios importantes cargos en el gobierno holandés, incluido el de Ministro de Finanzas y el de Ministro de Relaciones Exteriores entre los años 2017 y 2023.

Comisario de Agricultura y Alimentación: Christophe Hansen (Luxemburgo), quien ya se desempeñó como eurodiputado desde el año 2018.

Comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los consumidores: Michael McGrath (Irlanda), quien anteriormente ocupó el cargo de Ministro de Finanzas y también el de Ministro de Gasto Público y Reformas de su país.

Comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte: Glenn Micallef (Malta), quien es economista y entre los años 2020 y 2024 fue Jefe de Gabinete del Primer Ministro de su país, el laborista Robert Abela.

Los mencionados veintiséis comisarios al frente de diferentes carteras acompañarán a Úrsula von der Leyen en su segunda gestión como Presidenta de la Comisión Europea.

Asimismo, el 1º de diciembre de 2024, el político socialista portugués Antonio Costa comenzó su gestión como el cuarto presidente permanente del Consejo Europeo. El mencionado funcionario fue Primer Ministro de Portugal entre los años 2015 y 2024 y, anteriormente ya había ocupado el cargo de Alcalde de Lisboa entre los años 2007 y 2015.

El 4 de Marzo de 2025, la Presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der Leyen, presentó el Plan denominado “ReArmar Europa” (“ReArm Europe”), que combina diferentes instrumentos que permitirán aportar unos 800.000 millones de euros en los próximos años destinados a reforzar la defensa y seguridad de todos los Estados miembros de la Unión para estar preparados ante una amenaza real. Esta presentación fue realizada por la mencionada alta funcionaria un par de días antes de que tuviera lugar una importante reunión cumbre de los líderes del bloque regional.

Efectivamente, el 6 de Marzo de 2025 tuvo lugar en Bruselas la Reunión Extraordinaria del Consejo Europeo, en la que se ha expresado que Europa debe ser más soberana y responsable de su propia defensa, y en consecuencia estar mejor equipada para actuar y hacer frente de manera autónoma a los retos y amenazas inmediatas y futuras. Además, se ha reconocido que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus consiguientes repercusiones en la seguridad europea y mundial en un entorno cambiante constituyen un reto existencial para la Unión Europea.

Atento el complejo escenario europeo y global actual, el Consejo Europeo ha decidido que es necesario seguir aumentando de manera sustancial el gasto en defensa y seguridad de Europa, y en tal sentido receptó satisfactoriamente la propuesta realizada días atrás por la Presidenta de la Comisión Europea. Además, teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de la guerra en Ucrania, estableció que el incremento de la capacidad defensiva del bloque regional se dirigirá especialmente a los siguientes ámbitos prioritarios: la defensa aérea y antimisiles, los sistemas de artillería, los misiles y la munición, los drones y los sistemas antidrones, los elementos de apoyo estratégico (también en relación con el espacio y con la protección de las infraestructuras críticas), la movilidad militar, el espacio cibernético, la inteligencia artificial y la guerra electrónica. Asimismo, se destaca la importancia de la defensa de todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de la Unión, y en particular su frontera oriental teniendo en cuenta las amenazas que plantean Rusia y Bielorrusia. Así también, se puntualiza que una Unión Europea más fuerte en materia de defensa contribuirá de manera positiva a la seguridad mundial y transatlántica, y que a la vez complementa a la OTAN que sigue siendo para los Estados que forman parte de ella la base de su defensa colectiva.

Con posterioridad, el 19 de Marzo de 2025, la estonia Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (y también Vicepresidenta de la Comisión Europea), junto con el lituano Andrius Kubilius, Comisario de Defensa y Espacio de la Comisión Europea, presentaron el “Libro Blanco sobre el futuro de la defensa europea” donde se explicitan detalles del “Plan ReArmar Europa-Preparación 2030” (“Plan ReArm Europe-Readiness 2030”), en línea con lo expresado previamente por la Presidenta de la Comisión Europea, que fuera receptado días después por el Consejo Europeo Extraordinario.

Es relevante conocer cuáles son los diversos instrumentos que permitirán obtener los 800.000 millones de euros destinados a financiar el aludido Plan de Rearme Europeo hasta el año 2030. El primero de ellos es a través de la activación por parte de todos los Estados miembros de la Unión y en forma coordinada de la “Cláusula de escape nacional” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que establece que los Estados que integran el bloque regional no pueden tener un déficit público superior al 3 % de su Producto Bruto Interno ni una deuda superior al 60 % del mismo). Esta excepción que representa la mencionada Cláusula fue activada en Marzo de 2020 por la Comisión Europea para que los Estados miembros pudieran superar los límites normales de déficit y deuda debido al impacto económico de la pandemia Covid-19, y ahora se activa nuevamente ante otro desafío extraordinario para que la Unión se pueda rearmar. Los fondos que surgen de la mencionada excepción se limitan únicamente a financiar el aumento de los gastos de defensa, hasta un máximo del 1,5 % del PBI de cada Estado por cada año, y por un período de cuatro años. Gracias a la citada flexibilidad fiscal se estima que los Estados podrán realizar un gasto adicional en materia de defensa que asciende a unos 650.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Esta medida excepcional será supervisada por la Comisión y el Consejo para garantizar que el dinero se use correctamente y no afecte la estabilidad financiera de la Unión a largo plazo.

El segundo mecanismo se denomina “Acción de Seguridad para Europa” (“Security Action for Europe”-SAFE-). Consiste en que la Comisión Europea se endeudará en los mercados de capitales emitiendo bonos (lo que sería un empréstito conjunto como ya lo había hecho para obtener el dinero para la recuperación de la pandemia Covid-19) y luego los fondos obtenidos se distribuirán en forma de préstamos a largo plazo (no de subvenciones) que deberán ser reembolsados por los Estados miembros, lo que permitirá recaudar otros 150.000 millones de euros destinados al Plan de Rearme Europeo. Dichos fondos se desembolsarán a demanda de los Estados miembros interesados, y sobre la base de sus planes industriales de defensa nacional. La Comisión evaluará dichos planes y tomará una decisión basada en el impacto de los mismos en materia de defensa, el cumplimiento de normas de seguridad, y las necesidades financieras del país solicitante. Una vez que dichas solicitudes sean aprobadas, se suscribirá el contrato de préstamo y los acuerdos operativos con el Estado solicitante que contemplarán los tramos de los desembolsos del dinero facilitado. Los Estados también podrán solicitar el pago de una prefinanciación por un importe de hasta el 15 % de la suma prestada. Dichos préstamos tendrán un plazo máximo de 45 años, pero su aprobación a favor de los Estados miembros podrá efectuarse sólo hasta el 31 de diciembre de 2030. Con los fondos provenientes del SAFE solamente se podrán adquirir bienes elaborados por empresas establecidas en la Unión Europea o en Ucrania, y al menos el 65 % de los componentes de los productos adquiridos deben ser de origen europeo, (ello con el objeto de apuntalar a la industria europea de defensa), y además estarán exentos del pago de IVA.

En tercer lugar, el Plan de rearme europeo contempla contar con fondos provenientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el que deberá introducir cambios para ampliar el alcance de su financiación relacionada con la defensa. De esta manera, podría duplicar su inversión anual hasta unos 2.000 millones de euros dirigidos a financiar proyectos relacionados con diversas materias tales como: drones, espacio, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, instalaciones militares y protección civil.

En cuarto lugar, se prevé flexibilizar instrumentos existentes en la Unión para permitir una mayor inversión en defensa. En tal sentido, las autoridades nacionales, regionales y locales podrán voluntariamente aplicar una revisión de sus políticas de cohesión para asignar fondos de sus programas actuales a otras prioridades como lo es el refuerzo de su capacidad de defensa y seguridad. Asimismo, el desarrollo de una industria europea de defensa fuerte incrementará la competitividad europea y promoverá el crecimiento económico de las diferentes regiones y localidades.

Finalmente, se considera que si bien el impulso de la inversión pública en materia de defensa es indispensable no será suficiente, por lo que las empresas europeas del sector deberán tener un mejor acceso a otra fuente de capital, debiendo el sector público ayudar a canalizar la inversión privada hacia la prioridad actual de la Unión, como lo es el aumento del gasto en defensa. Al respecto, se estima que los hogares europeos ahorran aproximadamente unos 1,4 billones de euros al año.

Al día siguiente de la presentación del “Libro Blanco sobre el futuro de la defensa europea”, es decir el 20 de Marzo de 2025, se reunió el Consejo Europeo reafirmando sus Conclusiones del pasado 6 de Marzo en materia de defensa y seguridad, y a la luz de lo expuesto en el mencionado Libro Blanco, solicitó que se aceleren los trabajos en todas las líneas de actuación para incrementar de manera determinante la preparación de Europa en materia de defensa en los próximos años, y recordó nuevamente que una Unión Europea más fuerte y capaz en el ámbito de defensa y seguridad complementa a la OTAN que sigue siendo el basamento de su defensa colectiva. Además, la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad tienen la responsabilidad de informar regularmente al Consejo Europeo sobre los avances realizados en la aplicación de sus conclusiones en el tema de defensa.

Hoy en día, la principal preocupación y prioridad de la Unión Europea es fortalecerse en materia de defensa y seguridad, ello porque se ve amenazada por una importante potencia militar como lo es Rusia, y también porque no tiene confianza en que Estados Unidos de América, bajo la administración actual de Donald Trump, cumpla con los compromisos asumidos en el marco de la OTAN para acudir a la defensa de Europa en caso de ser necesario. En miras de dicho objetivo, la Unión Europea ha asignado para los próximos años la cuantiosa suma de aproximadamente 800.000 millones de euros para poder hacerse cargo de su propia defensa y seguridad, sin tener que depender de la voluntad de otros Estados que no son miembros del bloque regional, adoptando por tal motivo el “Plan ReArmar Europa-Preparación 2030”.

El 23 de febrero de 2025 se celebraron las elecciones legislativas federales alemanas. El canciller socialdemócrata Olaf Scholz las tuvo que anticipar siete meses debido a que el 16 de diciembre de 2024 perdió una moción de confianza en el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento alemán) por 394 votos en contra frente a sólo 207 a favor, siendo ese el resultado previsible luego del quiebre de su gobierno de coalición (llamada “semáforo” por los colores de los tres partidos que la componían) junto con los Verdes y el Partido Liberal Demócrata, por haberse producido la salida de éste último.

En las aludidas elecciones resultó ganador el Partido conservador conformado por la Unión Cristianodemócrata y su hermana bávara Unión Socialcristiana (CDU/CSU), encabezado por Friedrich Merz, que obtuvo el 28,6 % de los votos, resultando la principal fuerza política del país, aunque sin alcanzar la mayoría esperada. En segundo lugar se ubicó el Partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), liderado por Alice Weidel, que cosechó el 20,8 % de los sufragios. El ex canciller Olaf Scholz y su Partido socialdemócrata se ubicaron en tercer lugar logrando el 16,4 % de los sufragios. La cuarta posición fue para los Verdes que alcanzaron el 11,6 % de las preferencias. El quinto lugar fue para el Partido de izquierda (Die Linke) que obtuvo el 8,8 % de los votos. Por su parte, el Partido de izquierda populista Alianza Sahra Wagenknecht que obtuvo el 4,97 % de las preferencias y Partido Liberal Demócrata (FDP) que cosechó el 4,3 %, no lograron representación en el Bundestag por no superar el piso establecido del 5 % de los sufragios para ingresar al mismo.

Las cifras de participación han sido históricas por ser las más altas desde la reunificación alemana alcanzado al 84 % del padrón electoral.

Un punto crítico de esta elección lo marca el notable ascenso del Partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), fundado en el año 2013, que ha conseguido el mejor resultado de su historia al ubicarse en segundo lugar, duplicando los sufragios que obtuviera en las elecciones del año 2021, lo que le permitió obtener 67 escaños más en el Bundestag. Este partido ha centrado su discurso en la crisis migratoria y la inseguridad, planteando el cierre de lo que llaman el “paraíso de asilo en Alemania”, proponiendo la repatriación obligatoria de extranjeros que deben abandonar el país, además de establecer mayores trabas para obtener la ciudadanía alemana. Con dichas propuestas han logradocapitalizar el descontentode gran parte de la población, sobre todo en el este del país, donde ganó en casi todas las circunscripciones, que es la región más castigada por la recesión económicay aumento del desempleo. Asimismo, desean que Alemania salga del euro y retorne al marco alemán como moneda nacional, que se eliminen las sanciones económicas contra Rusia porque ello no favorece a los intereses alemanes, que se estrechen las relaciones políticas y económicas con Rusia y China, e incluso han planteado la posibilidad que Alemania abandone tanto la Unión Europea como la OTAN. También reclama que cese el llamado “cordón sanitario” contra el Partido Alternativa para Alemania que ha sido impuesto por el resto de los partidos políticos del país.

También esta elección ha puesto en evidencia el hundimiento del Partido Socialdemócrata, que obtuvo el peor resultado eleccionario desde su fundación en el año 1887, ya que en elecciones anteriores siempre habían superado el umbral del 20 % de los votos. La guerra de Ucrania, que golpeó duramente al país que dependía en gran medida del gas barato ruso con la consecuente escalada de los precios de la energía, la grave recesión económica, el aumento del desempleo, la escasa inversión en infraestructura y la falta de modernización de la red de transporte resultaron escollos insalvables para la gestión de Olaf Scholz.

Otros de los grandes derrotados en estos comicios fueron los Verdes, quienes formaban parte del gobierno de coalición, y no lograron superar el 12% de los sufragios.

Atento el resultado de las urnas, el Bundestag quedó integrado por 208 diputados pertenecientes al Partido Conservador CDU/CSU, 152 de extrema derecha del Partido Alternativa para Alemania, 120 del Partido Socialdemócrata (SPD), 85 del Partido Verde, 64 del Partido de izquierda (Die Linke), y 1 de la Asociación de Votantes delSchleswig Meridional. Se debe tener presente que la mayoría absoluta se logra a partir de las 316 bancas.

Antes de que asumieran sus cargos los nuevos representantes electos en el pasado mes de febrero, el 18 de marzo de 2025 la Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó una reforma constitucional que permite un histórico aumento del gasto en defensa para rearmar el país y también modernizar sus infraestructuras. Dicha iniciativa contó con el apoyo de más de los dos tercios de los votos que se requerían para lograr la mencionada reforma. De este modo, el bloque conservador, los socialdemócratas y los verdes pudieron modificar la Ley Fundamental o Constitución del país haciendo posible que se excluya del límite de endeudamiento todo gasto militar que supere el 1 % del PIB, es decir unos 43.000 millones de euros. De esta manera, el Bundestag rompió con décadas de conservadurismo fiscal y dio luz verde a un paquete de 500.000 millones de euros con la esperanza de reactivar el crecimiento económico sacando al país de dos años de recesión y aumentar el gasto militar para una nueva era de defensa nacional alemana y colectiva europea.

La ley flexibiliza el “freno a la deuda”,un mecanismo introducido en la Ley Fundamentalo Constitución alemana en el año 2009 en respuesta a la crisis del euro, que prohibía al gobierno alemán pedir prestado más del 0,35% de su PBI cada año, y eso sólo podía suspenderse en caso de emergencia probada. Los länder (que hasta ahora no podían endeudarse) también tendrán ahora permitido un pequeño déficit estructural de hasta el 0,35% de su producción económica, lo que les reportará en conjunto 16.000 millones de euros adicionales para poder gastar.

La reforma constitucional es el resultado del acuerdo logrado entre el bloque conservador, compuesto por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermana Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes. Los votos en contra procedieron del Partido liberal (FDP), del Partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), del Partido izquierdista La Izquierda (Die Linke) y del Partido populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW).

Media docena de recursos ante el Tribunal Constitucional, dos de AfD, uno de La Izquierda, otro de BSW, otro de los liberales del FDP y otro de un diputado independiente fracasaron y no pudieron evitar la celebración de la votación en la Cámara Baja germana saliente, la última de la 20º legislatura, antes del ingreso de los nuevos diputados electos. Los conservadores, socialdemócratas y verdes necesitaban aprobar la reforma constitucional con urgencia, ya que al producirse el cambio de diputados la ultraderecha y la izquierda iban a tener la posibilidad de bloquear la mencionada reforma constitucional.

La reforma constitucional que posibilita el rearme alemán se aprobó junto a otras modificaciones de la Ley fundamental que permiten la creación de un fondo para infraestructuras y la protección del clima por un total de 500.000 millones de euros en doce años, 100.000 millones serán para medidas de protección del clima y transformación económica verde (tal como exigieron los ecologistas a cambio de dar su visto bueno a la reforma constitucional para el rearme y la modernización de la economía del país), y para inversión en infraestructuras 300.000 millones se destinan al Gobierno federal y otros 100.000 para los 16 länder (estados federados) que integran el país.

El gasto militar es entendido en sentido amplio incluyendo a la defensa, protección civil, servicios de inteligencia, ciberseguridad, y ayuda a países atacados ilegalmente.

El 21 de marzo de 2025 la Cámara Alta del Parlamento alemán o Bundesrat, que representa a los gobiernos de los 16 estados federados de Alemania, aprobó las reformas para rearme e infraestructuras. De los 69 votos posibles y repartidos entre los gobiernos de los Estados federados en la Cámara, las reformas pactadas por conservadores, socialdemócratas y Verdes contaron con 53 sufragios a favor. En la votación, sin votos en contra y en la que se superó los dos tercios necesarios para aprobar la reforma constitucional, se abstuvieron los Estados federados de Brandeburgo, Sajonia-Anhalt, Turingia y Renania-Palatinado.

Al igual que ocurrió antes de la votación de la Cámara Baja, el Partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) fracasó en su intento de evitar la decisión de la Cámara Alta con un recurso al Tribunal Constitucional. La misma suerte corrió el recurso del Partido liberal (FDP) del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, región que posteriormente también votó a favor de las reformas.

El 22 de marzo de 2025, el Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, comprobó que la norma se aprobó de acuerdo con la Constitución, y en consecuencia firmó la ley adoptada por ambas Cámaras del Parlamento alemán para reformar la Constitución del país, a fin de permitir un aumento del gasto en defensa y crear un fondo especial de 500.000 millones de euros para modernizar la anticuada infraestructura y también proteger el clima.

Friedrich Merz justificó la necesidad de realizar la aludida reforma frente a la amenaza que representa para el continente europeo la Rusia de Vladimir Putin y los cambios en la política exterior de los Estado Unidos bajo la administración de Donald Trump que se aleja de Europa y lo torna poco fiable para la seguridad del viejo continente. Señaló que Alemania “ha vuelto” para contribuir de forma significativa para defender la libertad y la paz en Europa, agregando que el aumento masivo del gasto militar alemán es sólo el primer gran paso para concretar una nueva comunidad europea de defensa que debería incluir también a países que no integran la Unión Europea como el Reino Unido y Noruega.

El 5 de mayo de 2025 los líderes del Partido Conservador y del Partido Socialdemócrata firmaron en Berlín su acuerdo de coalición, que condujo a la conformación de un gobierno de “Grosse Koalition” como se conoce en Alemania al que está integrado por los dos antiguos grandes partidos. Dicha coalición cuenta en el Bundestag con una mayoría relativamente modesta de 328 bancas de los 630 escaños que posee el cuerpo legislativo.

En consecuencia, el 6 de mayo de 2025 Friedrich Merz fue elegido como nuevo Canciller de Alemania. Aunque en la primera votación efectuada en el Bundestag quedó a seis votos de la mayoría absoluta, algo inédito en la historia de Alemania Federal, tras horas de intensas negociaciones se repitió la votación y Merz alcanzó 325 votos, nueve por encima de los necesarios para ser electo.

Friedrich Merz se ha propuesto recuperar el crecimiento económico de Alemania por lo que logró reformar la norma constitucional de “freno a la deuda” que limitaba el endeudamiento del país, y gracias a ello podrá acelerar la modernización de infraestructuras, y aumentar el gasto en defensa. También tiene como objetivo reducir los costes energéticos, endurecer la política migratoria, y redefinir el papel de Alemania en el tablero internacional estableciendo que su prioridad será lograr que Europa se independice de los Estados Unidos, cuestionando abiertamente el futuro de la OTAN y proponiendo una defensa europea autónoma frente a las amenazas externas.

El gabinete de Merz está conformado por diez hombres y ocho mujeres. El Vicecanciller y, por lo tanto, el segundo hombre más poderoso en el Gobierno alemán detrás del Canciller es el Ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil.

El 19 de mayo de 2025 se celebró la primera cumbre bilateral desde el año 2020 entre el gobierno del Reino Unido y las autoridades de la Unión Europea. El Primer Ministro británico Keir Starmer recibió en Londres a la Presidenta de Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, al Presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la jefa de la diplomacia del bloque regional, Kaja Kallas. En la ocasión, sellaron su asociación estratégica reafirmando sus valores compartidos y su compromiso de alcanzar una cooperación más profunda en el contexto de un panorama geopolítico global complejo y en constante evolución, alcanzando acuerdos en varios asuntos como lo son la pesca, el comercio y la defensa, abriendo un nuevo capítulo en su relación post Brexit.

En materia de pesca, las autoridades de Londres y Bruselas acordaron renovar el acceso de los pescadores europeos a las aguas británicas durante doce años adicionales, ya que el plazo establecido anteriormente expiraba en el año 2026, lo que perjudicaba en especial a los pescadores franceses. El nuevo acuerdo, si bien se extiende hasta el año 2038, no contempla que se aumente la cantidad de pescado que los buques de la Unión Europea pueden capturar en aguas del Reino Unido.

Pero a cambio de la concesión británica en materia pesquera, las autoridades de la Unión debieron hacer concesiones en materia comercial, llegando a un acuerdo entre ambas partes que tendrá duración indefinida y que establece controles más sencillos para los alimentos, bebidas, animales y otros productos agrícolas procedentes del Reino Unido. El objetivo de este acuerdo es facilitar la importación y exportación de dichos bienes al reducir los trámites burocráticos que gravaba a las empresas y causaban largas colas de camiones en la frontera. Además, se eliminan por completo algunos de los controles rutinarios que se realizaban sobre productosanimales y vegetales, lo que permite que las mercancías vuelvan a circular libremente, incluso entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y también ello sirve para que se reduzcan los precios de las mismas. Para ello, Gran Bretaña acepta alinearse con las normas sanitarias y fitosanitarias comunitarias, reconociendo a la vez la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión en cuanto a la supervisión de dicho acuerdo.

Además, el Reino Unido y la Unión Europea se han comprometido avolver a fusionar su mercado de carbono (llamado ETS, por Emissions Trading System) para que sus industrias pesadas (como ser cemento, metalurgia, fertilizantes) no paguen el “mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras”.

También ha sido muy importante el acuerdo suscripto entre ambas partes que establece una asociación de seguridad y defensa entre ellas,y que se produce en un momento en que tanto la Unión Europea como Gran Bretaña se apresuran a rearmarse ante la amenaza que significa Rusia para ellos y el temor de que, bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos merme su alianza estratégica con Europa. Indudablemente, lainvasión rusa a Ucrania y el desinterés estadounidense por el continente europeo han impulsado a Londres y Bruselas a estrechar los lazos en el ámbito de la defensa, fortaleciendo su cooperación en la materia. Dicho entendimiento representa un desafío económico para el Reino Unido, pues haría posible el acceso de sus empresas al nuevo fondo de defensa de Acción de Seguridad para Europa (SAFE) dotado con150.000 millones de euros. Además, el Reino Unido podría participar en reuniones ministeriales de la Unión Europea y unirse a ciertas misionesmilitares europeas, más allá de los compromisos comunes ya fuertes con los países de la Unión que son miembros de la OTAN. Sin dudas, la construcción de un sistema europeo de seguridad creíble requiere no solo más dinero, sino también la plena participación de una de las principales potencias militares del continente, como lo es Gran Bretaña.

El 11 de junio de 2025 la Unión Europea, España y el Reino Unido emitieron una Declaración conjunta en la que dieron a conocer el acuerdo alcanzado para facilitar el comercio y garantizar la libre circulación de personas a través de la frontera terrestre entre Gibraltar y España poniendo fin a cuatro años de negociaciones intermitentes. Esta era la última cuestión que faltaba consensuar luego de más de cinco años después de la salida británica del bloque regional.

El acuerdo para definir la relación del enclave británico de Gibraltar con España y la Unión Europea fue alcanzado en Bruselas con la intervención del comisario de Comercio de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y la de los Ministros de Relaciones Exteriores de España y Gran Bretaña, José Manuel Albares y David Lammy respectivamente.

Desde que se produjo el Brexit aproximadamente unos 15.000 españoles que desarrollan regularmente sus tareas laborales en Gibraltar sufrían retrasos y complicaciones para atravesar diariamente la frontera y llegar a sus puestos de trabajo en la colonia británica. La eliminación de la verja que se logró con el mencionado acuerdo indudablemente facilita y agiliza el tránsito de estas personas. Con 1,2 kilómetros de longitud dicha valla, que fue colocada en el año 1909 por las autoridades británicas, estaba posicionada entre Gibraltar y Cádiz, funcionando como la separación física entre los dos territorios. A partir de lo acordado, no habrá más barreras físicas, ni chequeos y controles sobre las personas y mercancías que circulen entre ambos territorios, preservándose a la vez el espacio Schengen y el mercado único de la Unión Europea.

Las autoridades europeas y británicas acordaron implementar un sistema migratorio similar al que funciona en la estación de Saint Pancras en Londres, donde tras bajar del tren que recorre el Eurotúnel, los viajeros son recibidos por funcionarios franceses y británicos que certifican su salida del espacio Schengen y su ingreso al Reino Unido, es decir se aplica una fórmula denominada “dual”.

En este esquema migratorio, los encargados de recibir los pasaportes de las personas que lleguen al aeropuerto de Gibraltar serán miembros de la Policía local, en una primera instancia, los que se encargarán de asegurar la integridad del enclave británico, y después los oficiales españoles que serán los responsables de velar por la integridad del espacio Schengen. Pero en donde se encontraba la verja, es decir en la frontera entre Gibraltar y La Línea, (localidad en Cádiz que colinda con la colonia británica), los controles de paso fronterizo serán suspendidos, con el objetivo de beneficiar a las miles de personas que se mueven diariamente entre ambos territorios.

Claramente, el fin del acuerdo es eliminartodas las barreras físicas, verificaciones y controles sobre las personas y los bienes que circulan entre España y Gibraltar, a partir de la estrecha colaboración de las autoridades aduaneras de ambas partes, lo que servirá para regularizar el mercado y evitar la existencia de una “frontera dura” entre ambos territorios.

Además, se contemplan diversas materias tales como la igualdad de condiciones en materia de las ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, medio ambiente, comercio, desarrollo sostenible, lucha contra el blanqueo de capitales, los derechos de los trabajadores transfronterizos y la coordinación en materia de seguridad social.

El acuerdo alcanzado no afecta en modo alguno el funcionamiento de la base militar de Gran Bretaña ubicada en Gibraltar donde se encuentran estacionados aproximadamente unos 14.000 soldados británicos.

El gobierno español se mostró satisfecho por el acuerdo logrado pero a la vez aclaró que no renuncia a sus reclamaciones de soberanía española sobre Gibraltar, territorio que pasó a ser parte del Reino Unido en 1713, tras la firma del Tratado de Utrecht entre las coronas de España y Gran Bretaña al finalizar la guerra de sucesión española.

En el referéndum del Brexit del año 2016 la población de Gibraltar se expresó casi por unanimidad contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y éste era el último territorio británico que quedaba sin un acuerdo formal para definir su relación con el bloque comunitario europeo.

Con respecto al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, el pasado 6 de diciembre de 2024 en la Cumbre celebrada en Montevideo los Presidentes de los países que integran el bloque regional sudamericano junto con la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunciaron que habían concluido las negociaciones y que finalmente se había alcanzado el acuerdo comercial entre ambas partes.

No obstante, el mencionado acuerdo para entrar en vigor debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea, y por los Congresos de los países miembros del Mercosur.

La posición de los países europeos está dividida frente a la concreción del mencionado acuerdo de libre comercio entre los dos bloques regionales. La cuestión central es la protección del sector agropecuario europeo, que algunos Estados miembros de la Unión consideran que deberá competir en inferioridad de condiciones con el correspondiente al Cono Sur de América.

La oposición al mismo está liderada por Francia, país que se opone férreamente al acuerdo argumentando que significa un gran riesgo para su agricultura y para los estándares europeos de producción en dicho sector. La posición francesa es acompañada por Polonia que también ha señalado que lo acordado no protege adecuadamente los intereses de los agricultores europeos y que podría aumentar la competencia desleal al permitir la entrada de los productos agrícolas de los países del Mercosur elaborados con estándares de seguridad alimentaria menos estrictos ya que no deben cumplir con las regulaciones que tienen los europeos. Estos motivos también son compartidos por otros países como Austria, Irlanda y los Países Bajos. Por su parte, Italia, si bien no se manifestó en contra del acuerdo, condicionó su apoyo al mismo a que existan garantías suficientes para sus agricultores.

Por el contrario Alemania, España y Portugal han expresado que están a favor de que el acuerdo sea aprobado ya que le permitiría a los europeos exportar a los países del Mercosur más automóviles, maquinarias, pesticidas, medicamentos, vinos, quesos, jamón, siendo a la vez una herramienta clave para fortalecer los vínculos transatlánticos constituyendo de este modo un contrapeso a la cada vez mayor presencia de las inversiones chinas en América del Sur y a la política de imposición de elevados aranceles por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, los europeos se beneficiarían de la amplia oferta de recursos naturales de la región, como ser el litio, cobre, hierro, cobalto, y las tierras raras, esenciales para su transición ecológica. Un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques de ambos lados del Atlántico, crearía un mercado de más de 700 millones de consumidores y además tendría una gran importancia geopolítica para ambas partes.

La Comisión Europea, que es la encargada de negociar los acuerdos comerciales de la Unión Europea, ha concluido su tarea, pero ahora deberá lograr que el acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur entre en vigor. Para ello deberá obtener la aprobación del Parlamento Europeo, lo que no será sencillo ya que algunos bloques, como los de izquierda, ya anunciaron que lo rechazarán porque dicho acuerdo significa un duro golpe para los pequeños agricultores, la salud pública y el clima. También el acuerdo tiene que ser aprobado por el Consejo de la Unión, para lo que deberán votar a favor del mismo por lo menos 15 Estados miembros que a la vez representen el 65 % de la población del bloque comunitario europeo. Para impedir ello, los países que se oponen al mismo, liderados por Francia, deberán alcanzar la “minoría de bloqueo” que debe estar compuesta por al menos cuatro países que representen más del 35 % de la población de la Unión.

En otro orden de cuestiones, cabe mencionar la actividad académica organizada por el Departamento de Europa, conjuntamente con la Cátedra de la Unión Europea, en el marco del XII Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. El 15 de noviembre de 2024, en modalidad virtual, se realizó la Mesa: “¿Hacia dónde va la Unión Europea?” en la que participaron los distinguidos académicos españoles Guillermo Pérez Sánchez (de la Universidad de Valladolid), Sara Núñez de Prado Clavell (de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), y Carlos Gil Gandia (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), quienes expusieron y analizaron los importantes desafíos que se le plantean en la actualidad al bloque regional europeo. La mencionada Mesa fue moderada por el Coordinador del Departamento de Europa del IRI.

Para concluir, también deseo agradecer a Guillermo Pomini y Federico Rodríguez Erneta quienes han confeccionado la Cronología Europea, como así también a todos los miembros del Departamento, los que colaboran desinteresadamente en el desarrollo de las distintas actividades que él mismo realiza.

Juan Carlos Pérsico
Coordinador