Finalmente se firmó en Asunción el Acuerdo entre el Mercosur -con el protagonismo de Milei, Peña y Orsi-, y la Unión Europea (representada en primer lugar por la omnipresente Presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen), que literalmente representa uno de los hitos más relevantes de la política comercial internacional de las últimas décadas, un nuevo espacio que da cuenta del 30% del PBI mundial y más de 700 millones de personas. Luego de veintiséis años de negociaciones intermitentes, tensiones multilaterales y disputas internas, ambas regiones acordaron una agenda de cooperación que promete abrir mercados, fortalecer inversiones e integrar cadenas de valor.
El entendimiento establece que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y concederá acceso preferencial para otro 7,5%, dejando prácticamente 99% de las exportaciones agrícolas del bloque sudamericano bajo beneficios arancelarios preferenciales. El Mercosur reducirá de manera escalonada los aranceles a productos europeos. Según las estimaciones oficiales, esto permitirá equilibrar las condiciones frente a competidores que ya cuentan con acuerdos con la UE, como Chile o México. A priori el impacto comercial es favorable a las exportaciones europeas al Mercosur que podrían crecer 39%, y las del Mercosur a la UE, sólo un 17%, equivalentes a cifras adicionales de 48.700 millones y 8.900 millones de euros, respectivamente.
Pero lejos de ser un simple tratado comercial, este acuerdo emerge en un contexto global donde las relaciones geoeconómicas están siendo remodeladas por la guerra en Ucrania, la creciente influencia de China y la reconfiguración estratégica de Estados Unidos bajo la segunda administración de Donald Trump. El resultado alcanzado —coyuntural y estratégico— pone en evidencia las tensiones políticas internas, las necesidades económicas de corto y largo plazo, y los imperativos geopolíticos de una fase histórica de transición.
A nivel de los países miembros del bloque sudamericano, las expectativas frente al acuerdo son heterogéneas y responden a prioridades nacionales distintas. Brasil, bajo la conducción de Lula da Silva, busca consolidar un perfil externo más activo y menos dependiente de las exportaciones unilaterales; el acceso a mercados europeos amplía la oferta de manufacturas y servicios dinámicos. Argentina, con su saldo macroeconómico frágil, ve en el acceso preferencial a Europa una oportunidad para diversificar exportaciones (harina y porotos de soja, maní, frutas frescas, legumbres y productos pesqueros, entre otros) y atraer inversiones en sectores como la agroindustria, las energías renovables y la industria de insumos estratégicos. Paraguay y Uruguay perciben en el acuerdo una palanca para potenciar sus economías basadas en commodities y servicios, al tiempo que buscan más certidumbre jurídica y estabilidad para flujos de capital. En conjunto, existe un interés compartido de reducir la dependencia de mercados tradicionales y buscar alternativas a un comercio global dominado cada vez más por los flujos asiáticos, especialmente los de China, que ha ganado enorme protagonismo como socio comercial de América del Sur. Pero estas expectativas coexisten con desafíos estructurales: el Mercosur ha tenido históricamente dificultades para armonizar políticas industriales y arancelarias, y sus economías aún enfrentan un déficit de inversiones en infraestructura logística, innovación y valor agregado.
En la Unión Europea, la negociación estuvo atravesada por una profunda tensión interna entre sectores productivos divergentes. Por un lado, las industrias manufactureras y exportadoras de tecnología y bienes de alto valor agregado impulsaron el acuerdo como una forma de consolidar espacios de mercado (que pierden con China en el mercado interno), para sus productos en América del Sur, capitalizando el poder de compra de los países del Mercosur. Por otro lado, los sectores agrícolas tradicionales, en especial en países como Francia, Irlanda, Polonia, Hungría y Grecia, entre otros, se opusieron con fuerza a la apertura, temiendo por el impacto de las importaciones en sus economías rurales. Esta oposición presionó por la introducción de mecanismos de salvaguarda específicos que permitieran activar barreras temporales en caso de daño competitivo para productos sensibles —como carnes de ave y vacuno—, reduciendo el umbral de activación y acortando los plazos de análisis en comparación con lo propuesto originalmente por la Comisión Europea. Estas cláusulas representaron una victoria política para los eurodiputados proteccionistas, que lograron condicionar su aprobación parlamentaria a estas medidas, aunque a costa de fomentar un debate polarizado dentro de la UE.
La inclusión de salvaguardas —tanto arancelarias como no arancelarias— generó polémica en ambos lados del Atlántico. En la Unión Europea, las protestas de agricultores y sindicatos reflejaron el temor de que la apertura comercial bajara precios y socavara mercados internos. Si bien la Unión Europea ya importa productos del Mercosur —como carnes, frutas, vinos, aceites y materias primas agroindustriales—, estos productos suelen estar destinados a segmentos de alto poder adquisitivo dentro del mercado europeo. El nuevo acuerdo, al facilitar el ingreso de alimentos sudamericanos con menores aranceles, amplía la posibilidad de que estos bienes lleguen a sectores populares que, hasta ahora, consumían versiones procesadas o de menor calidad por cuestiones de precio. En países como Francia, España o Italia, la apertura comercial puede implicar que productos como carne vacuna, pollo, arroz, azúcar o frutas tropicales ingresen con precios más competitivos, en contraste con opciones locales o importadas bajo aranceles altos. En este contexto, el acuerdo también se presenta como una herramienta de política social interna para Europa, al ampliar el acceso alimentario de millones de ciudadanos que, como se ironizó en algunos medios, «venían comiendo albóndigas mitad carne mitad papa», ante la imposibilidad de pagar productos frescos o premium. Esta dimensión interna —frecuentemente ignorada en los debates técnicos— explica en parte por qué la Comisión Europea presionó por cerrar el acuerdo a pesar de las resistencias del agro europeo: es decir, permitir importaciones más baratas es también una forma de contener el malestar social, en un contexto de inflación persistente y crisis del costo de vida.
Las movilizaciones, algunas de gran visibilidad pública, evidenciaron la disputa entre un crecimiento económico global y la preservación de economías productivas locales. Dentro del Mercosur, varios gobiernos observaron con preocupación que las salvaguardas europeas no formarán parte formal del texto original negociado, lo que plantea tensiones sobre su aplicación futura y sobre los mecanismos de resolución de disputas. La sospecha de “cláusulas añadidas ad hoc” profundiza el debate sobre la soberanía comercial y la equidad en las reglas multilaterales.
Este acuerdo debe leerse también desde un contexto geopolítico global altamente competitivo y en proceso de reconfiguración. La guerra entre Rusia y Ucrania, que redefinió rutas energéticas y patrones de comercio europeo, generó urgencias para diversificar proveedores agrícolas y energéticos. La Unión Europea, golpeada por la dependencia de recursos externos y la presión inflacionaria, necesita estabilizar su aparato productivo y asegurar flujos confiables de suministros. En este contexto, el Mercosur se presenta como una canasta de recursos estratégicos, comida, minerales y energéticos que pueden aliviar parte de esas tensiones. Por su parte, China, con su diplomacia económica y su expansión en América Latina, consolidó su posición como socio prioritario para numerosos gobiernos sudamericanos, lo que a su vez incentivó a la UE a acelerar las negociaciones para no perder espacios de influencia frente al avance asiático. La política comercial europea, entonces, ya no es solo una cuestión puramente económica: es una respuesta estratégica a la creciente multipolaridad y a la necesidad de competir con bloques emergentes.
La discusión sobre la ratificación final del acuerdo sigue abierta en varios parlamentos nacionales, y no está exenta de resistencias. En el Mercosur, la implementación requerirá reformas normativas internas —incluyendo la adaptación del acervo legal del bloque en plazos largos—, lo que exigirá esfuerzos coordinados de gobiernos, parlamentarios y sectores productivos. En la Unión Europea, el voto en el Parlamento Europeo fue condicionado a la introducción de las salvaguardas, reflejo de tensiones sociopolíticas profundas que ponen en tela de juicio la viabilidad de acuerdos comerciales amplios sin compromisos internos de compensación.
Un elemento político y simbólico imposible de soslayar es la ausencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia oficial, a pesar de que fue Brasil quien tenía la presidencia pro tempore del bloque en 2025 y quien más empujó la negociación en los últimos tramos. Lula participó de una reunión previa en Río de Janeiro con Ursula von der Leyen, para celebrar el entendimiento técnico —una agenda que incluyó avances incluso en materias como minerales críticos—, pero no viajó a Paraguay para la foto final del acuerdo, delegando la representación en su canciller. Esto fue interpretado por diferentes analistas como una pérdida de liderazgo político del mandatario brasileño, que no pudo completar la firma durante su turno rotativo al frente del Mercosur y quedó rodeado de presidentes con agendas ideológicas divergentes —como el argentino Javier Milei, presente en Asunción, cuya posición pro‑apertura contrasta con la postura tradicional del PT—. Además, la ausencia de Lula en el momento estelar de la firma se percibe como un retroceso simbólico frente a su narrativa de defensa del multilateralismo y la integración regional en contextos globales difíciles, especialmente si se recuerda que no pronunció declaraciones de peso sobre situaciones regionales sensibles, como la crisis venezolana, mientras avanzaba el acuerdo, lo que debilita su capital político de cara a su proyección de mediano plazo y eventual reelección.
En conclusión, el Tratado Mercosur‑Unión Europea simboliza una paradoja de nuestra era global: por un lado, representa el esfuerzo por consolidar un orden comercial predictivo y cooperativo entre regiones claves; por otro, pone de manifiesto las presiones internas y externas a las que están sometidas las democracias contemporáneas —ya sea por grupos productivos que exigen protección o por dinámicas geopolíticas que exigen apertura. El reto para la integración regional y la inserción global no es únicamente negociar acuerdos, sino también conciliar intereses diversos dentro de cada bloque, fortalecer la cohesión social y diseñar mecanismos eficaces de implementación que no sacrifiquen la sostenibilidad productiva ni la legitimidad democrática. En un mundo caracterizado por tensiones entre potencias económicas y soberanía nacional, este tratado es tanto una oportunidad como un desafío para pensar nuevos equilibrios entre crecimiento, justicia social y cooperación internacional.
Alejandro Safarov
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP
