Colombia ante el balotaje: narcotráfico, Estados Unidos y la disputa por el rumbo de la política exterior

Las elecciones presidenciales celebradas en Colombia el 31 de mayo abrieron un escenario de alta tensión política y regional. El paso a la segunda vuelta de Iván Cepeda —candidato oficialista vinculado al proyecto de Gustavo Petro, con el 40,90 % de los votos— y de Abelardo de la Espriella —un outsider de derecha que encabezó la primera vuelta con el 43,74 % de los sufragios— expresa mucho más que una competencia electoral ordinaria: refleja una disputa profunda sobre el modelo de seguridad, la relación con Estados Unidos, el futuro del proceso de paz, la política antidrogas y el lugar de Colombia en América Latina. Lo que está en juego es qué tipo de Estado se intentará reconstruir en un territorio atravesado por décadas de violencia, economías ilícitas y fragmentación institucional.

El peso estructural del narcotráfico

Colombia llega a esta segunda vuelta con un problema estructural que condiciona cualquier proyecto de gobierno: el narcotráfico. Según el Annual Cocaine Report de la DEA, alrededor del 84 % de las muestras de cocaína incautadas en Estados Unidos y analizadas en 2024 fueron clasificadas como originadas en coca colombiana. Este dato no significa que todo ese volumen haya salido directamente desde Colombia hacia Estados Unidos, pero sí confirma que el país continúa siendo el principal origen de la cocaína que abastece al mercado estadounidense. A ello se suma que, según la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en 2023 Colombia alcanzó 253.000 hectáreas de cultivos de coca —el nivel más alto en más de dos décadas—, con una producción potencial estimada en 2.644 toneladas métricas de cocaína.

Los territorios bajo mayor presión del narcotráfico se concentran especialmente en el suroccidente colombiano y en las zonas de frontera. Departamentos como Nariño, Cauca y Putumayo siguen siendo enclaves centrales de producción, procesamiento y salida de cocaína hacia el Pacífico. A ellos se suman el Catatumbo, en Norte de Santander, el litoral Pacífico y zonas de Antioquia, Chocó, Caquetá, Meta y Guaviare, donde confluyen cultivos ilícitos, rutas de tráfico, minería ilegal, control social armado y ausencia estatal. En esos territorios operan disidencias de las FARC, estructuras del ELN, el Clan del Golfo y redes criminales transnacionales. Por eso, el debate electoral sobre seguridad está directamente vinculado a quién ejerce el poder real en amplias zonas del país.

Dos modelos de seguridad en disputa

En este contexto, el candidato oficialista, Iván Cepeda, representa la continuidad de la orientación del gobierno actual, basada en una combinación de negociación política, enfoque social del problema de las drogas y prolongación del proyecto de “Paz Total”. Esta estrategia parte de la premisa de que el conflicto colombiano no puede resolverse únicamente por la vía militar y de que es necesario atender las raíces sociales, económicas y territoriales de la violencia. Sus críticos, sin embargo, sostienen que los resultados han sido limitados, que varias organizaciones armadas aprovecharon los espacios de negociación para fortalecerse y que el Estado perdió capacidad de control efectivo en regiones estratégicas.

Del otro lado, De la Espriella propone un giro radical en la política de seguridad. Su discurso se apoya en la idea de recuperar la autoridad estatal, endurecer el combate al crimen organizado, revisar o limitar las negociaciones con los grupos armados y reconstruir una relación más estrecha con Estados Unidos. Su crecimiento electoral expresa el cansancio de amplios sectores sociales frente a la inseguridad, el narcotráfico, la extorsión y la percepción de impunidad. En términos políticos, el balotaje aparece así como un plebiscito sobre dos caminos: profundizar una salida negociada y social al conflicto o retornar a una estrategia de mano dura y de alineamiento securitario con Washington.

El factor estadounidense

Estados Unidos ocupa un lugar central en esta ecuación. La relación bilateral no se limita al combate contra las drogas, aunque ese sea su eje más sensible. Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el comercio bilateral de bienes entre ambos países alcanzó en 2025 unos 37.200 millones de dólares: 19.400 millones en exportaciones estadounidenses a Colombia y 17.800 millones en importaciones desde Colombia, con un superávit estadounidense cercano a los 1.600 millones. Además, el Tratado de Promoción Comercial, vigente desde 2012, consolidó un marco de apertura para bienes, servicios, inversiones y servicios financieros. Para Washington, Colombia es, por tanto, un socio comercial, estratégico, militar, diplomático y de seguridad a la vez.

La importancia de Colombia para Estados Unidos también se explica por su ubicación geopolítica. Es un país bisagra entre Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y el Pacífico; comparte frontera con Venezuela; posee salida a dos océanos; y ha sido históricamente el principal aliado estratégico de la potencia hegemónica en América del Sur. Cualquier cambio en Bogotá impacta sobre la política estadounidense hacia Venezuela, la seguridad hemisférica, los flujos migratorios, las rutas del narcotráfico y la presencia de actores extrarregionales.

Respice polum o respice similia: el dilema histórico

Desde el punto de vista conceptual, la política exterior colombiana ha oscilado históricamente entre dos grandes orientaciones. La primera es el respice polum, expresión asociada al expresidente Marco Fidel Suárez (1918-1921), que puede traducirse como “mirar hacia el norte” y que define la prioridad estratégica otorgada a Estados Unidos como eje ordenador de la inserción internacional colombiana. La segunda es el respice similia, formulada por el expresidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), que propone “mirar a los semejantes”: fortalecer los vínculos con América Latina, diversificar las relaciones y reducir la dependencia automática de Washington.

En ese sentido, el gobierno de Petro intentó recuperar una lógica más cercana al respice similia, con mayor énfasis en la integración latinoamericana, la autonomía regional, la normalización de relaciones con Venezuela y una visión crítica de la estrategia antidrogas tradicional.

Las coaliciones detrás de cada candidato

Detrás de ambos candidatos operan intereses más profundos. El oficialismo cuenta con el respaldo de sectores de izquierda, organizaciones sociales, movimientos territoriales, sindicatos, ámbitos académicos, organizaciones de derechos humanos y actores vinculados a los procesos de paz. Su base política considera que una ruptura abrupta del proyecto de Petro podría significar el retorno de viejas lógicas de exclusión y militarización. De la Espriella, en cambio, articula apoyos empresariales, conservadores y religiosos, sectores de la derecha tradicional, antiguos espacios del uribismo y grupos sociales que demandan orden, seguridad y mayor cercanía con Washington.

El futuro del proceso de paz

El futuro del proceso de paz aparece como uno de los puntos más delicados. La “Paz Total” impulsada por el presidente actual buscó negociar simultáneamente con guerrillas, disidencias y organizaciones armadas, pero sus resultados fueron ambiguos. En algunas regiones, la violencia, las economías ilegales y la disputa territorial se mantuvieron o incluso se intensificaron. Para el oficialismo, abandonar la negociación sería regresar a un ciclo de guerra sin salida; para la oposición de derecha, sostener negociaciones sin resultados verificables equivale a conceder tiempo y espacio político a las organizaciones criminales.

Qué definirá la segunda vuelta

El resultado de la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, dependerá en buena medida de hacia dónde se inclinen los votantes que en la primera vuelta optaron por otros candidatos. La senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático —el partido del expresidente Álvaro Uribe—, obtuvo el 6,92 % y ya anunció su apoyo a De la Espriella, al igual que el propio Uribe. El centrista Sergio Fajardo, que alcanzó el 4,26 %, no se había pronunciado al cierre de esta nota.

En definitiva, el balotaje definirá el rumbo de una de las políticas exteriores más relevantes de América Latina y el futuro de la relación entre seguridad, democracia y narcotráfico en la región. Si gana Cepeda, Colombia intentará sostener una agenda de autonomía latinoamericana y de negociación, aunque bajo presión por mostrar resultados concretos. Si gana De la Espriella, el país podría regresar a una política exterior más alineada con Estados Unidos y a una estrategia de seguridad más dura. En cualquiera de los escenarios, Colombia seguirá enfrentando su dilema histórico: cómo construir Estado en territorios donde el poder real continúa disputado por economías ilegales, actores armados y redes transnacionales.

Alejandro Safarov
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP