Darío Martín Álvarez Lomaquiz[1]

Introducción:

El crimen organizado ha dejado de ser una problemática meramente local. Las organizaciones delictivas hoy operan como redes transnacionales que desafían las fronteras jurídicas, logísticas y tecnológicas de los Estados. Narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de armas, delitos financieros y cibercrimen son solo algunas de las modalidades que demuestran que ningún país puede enfrentar este fenómeno de forma aislada.

INTERPOL, la organización internacional que reúne a 196 policías de todo el mundo, ha impulsado activamente acciones coordinadas en tiempo real con contrapartes de América, Europa y Asia, logrando identificar estructuras criminales complejas, interceptar flujos de dinero ilícito y proceder a detenciones bajo notificación roja. La complementación entre agencias policiales, judiciales y organismos multilaterales ha sido determinante para estos logros.

Uno de los elementos más destacados es el uso de sistemas de comunicación protegidos como I-24/7, la implementación de notificaciones internacionales (rojas, azules, moradas, plateadas) y la creación de equipos conjuntos de investigación (ECI). Asimismo, la capacitación constante en materia de ciberdelincuencia, trata de personas y análisis financiero ha fortalecido la capacidad de respuesta regional frente a nuevas amenazas.

Desarrollo:

Hoy en día, el mundo está más conectado digitalmente que nunca. Los delincuentes se están aprovechando de esta transformación en línea para atacar, a través de sus puntos débiles, las redes, infraestructuras y sistemas informáticos. Esto tiene una enorme repercusión económica y social en todo el mundo, tanto para los gobiernos, como para las empresas o los particulares.

Los ciberdelitos no conocen fronteras. Los delincuentes, las víctimas y las infraestructuras técnicas están dispersos por múltiples jurisdicciones, lo que resulta muy problemático a la hora de realizar una investigación o emprender acciones judiciales.

El phishing, el ransomware y las violaciones de la seguridad de los datos son solo algunos ejemplos de las actuales ciberamenazas, eso sin contar que continuamente están surgiendo nuevos tipos de ciberdelitos. Los ciberdelincuentes son cada vez más ágiles y están mejor organizados, como demuestra la velocidad con que explotan las nuevas tecnologías, y el modo en que adaptan sus ataques y cooperan entre sí de forma novedosa.

América Latina atraviesa una etapa crítica en relación con el avance del crimen organizado transnacional. El continente ha dejado de ser exclusivamente un espacio de tránsito o producción de economías ilegales para convertirse en un entramado complejo donde confluyen múltiples organizaciones criminales con proyección internacional. Las características actuales de estas organizaciones —su adaptabilidad, uso de tecnología, capacidad corruptora y control territorial— demandan una respuesta conjunta entre Estados, más allá de sus soberanías e intereses individuales.

En los últimos años, se ha evidenciado la consolidación de alianzas criminales regionales que trascienden las fronteras nacionales. Organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC), el Tren de Aragua, los carteles mexicanos, y hasta mafias italianas, como la NDRANGHETA;  y grupos locales con fuerte arraigo territorial en países del Cono Sur y la región andina, han expandido sus operaciones a través de métodos sofisticados y redes de complicidad institucional.

Estas organizaciones se benefician de vacíos normativos, falta de coordinación entre Estados, y la ausencia de mecanismos ágiles de intercambio de información criminal. Asimismo, aprovechan zonas de frontera porosa y territorios en disputa, lo cual les permite instalar nodos logísticos y financieros sin mayores obstáculos.

Resulta evidente que la cooperación internacional no es una opción, sino una obligación estratégica frente a este fenómeno. Enfrentamos estructuras criminales que articulan narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de armas, lavado de activos, contrabando, cibercrimen y corrupción pública, generando un impacto directo en la seguridad ciudadana, el sistema financiero y la gobernabilidad de nuestras instituciones.

Frente a este escenario, el rol de INTERPOL resulta central, promoviendo de forma activa:

• El intercambio continuo de inteligencia criminal con países vecinos y socios estratégicos.
• El fortalecimiento de capacidades de análisis financiero y digital, en conjunto con agencias antilavado y fiscales especializados.
• El desarrollo de mecanismos bilaterales y multilaterales de cooperación penal internacional, respetando los principios de soberanía y derechos humanos.

Conclusión:

El crimen organizado en América Latina no respeta límites ni jurisdicciones. Se mueve con rapidez, se financia globalmente, y afecta la vida cotidiana de millones de personas. Frente a esta amenaza, ninguna agencia, ningún país, puede actuar de manera aislada. La cooperación internacional, se presenta como el pilar central para articular una defensa común, legítima y eficaz.

La Argentina, renueva su compromiso con todos los países de la región para trabajar juntos, fortalecer la confianza mutua, y construir una respuesta hemisférica sólida frente al crimen organizado.

En este escenario, la cooperación policial internacional se vuelve no solo útil, sino indispensable. La labor articulada entre las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL,  permite establecer canales ágiles, seguros y operativos para compartir información crítica, coordinar estrategias de investigación, ejecutar medidas cautelares y avanzar con procesos de localización, detención y extradición de personas requeridas internacionalmente.

El crimen organizado no reconoce fronteras. Por eso, nuestra respuesta tampoco puede tenerlas. La cooperación internacional representa el camino más sólido y efectivo para enfrentar estos desafíos globales.

[1] Abogado y Licenciado en Investigación Criminal – Instituto Universitario Policía Federal Argentina. Subcomisario Policía Federal Argentina INTERPOL.