Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que a su vez es un usuario muy frecuente de la red social X, en 2021 se autodenominó a través de un posteo como “el dictador más cool del mundo mundial”, una frase que en ese entonces sólo parecía una ironía o provocación política, pero que al día de hoy más que un chiste se convirtió en una advertencia cumplida.

Este camino que demuestra la fragilidad democrática, tiene como punto de partida un hito importante ocurrido el 29 de abril de 2024 cuando se reformó la Constitución del país, en específico, el artículo 248 permitiendo que en una misma legislatura se puedan llevar a cabo cambios en la Carta Magna, descartando el requisito que estas modificaciones pasen por una segunda legislatura.

En concordancia con esta modificación del partido oficialista Nuevas Ideas que además conforma mayoría legislativa (configurando solo 3 miembros opositores), el pasado 31 de julio de este mismo año, aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y amplía el mandato de cinco a seis años. Podemos así observar a un gobierno con mayoría absoluta que ha usado ese poder para alterar las reglas del juego democrático a su favor, una vez más.

Estas medidas fueron justificadas por el partido Nuevas Ideas como una forma de “darle poder total al pueblo salvadoreño”.  Pero, más bien, el “poder total” del que se habla está dirigido hacia el primer mandatario Bukele, quien ha logrado reelecciones indefinidas. Sin embargo, y siguiendo un lineamiento democrático: el poder jamás debe ser total, sino equilibrado y sujeto a controles que permitan la protección total de los derechos humanos y democráticos. Así lo establece, entre tantos otros, la resolución 2002/46 de la ONU donde destaca que entre los elementos fundamentales de la democracia figuran “la celebración de elecciones periódicas libres e imparciales por sufragio universal y mediante voto secreto como expresión de la voluntad de la población, un sistema pluralista de organizaciones y partidos políticos”.

Esta trascendental modificación constitucional tuvo el respaldo y apoyo del presidente Donald Trump, quien sostuvo que fue totalmente democrática. El gobierno estadounidense afirmó que “La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”. Pero este respaldo parece configurar una alianza de dos agendas políticas que tienen un mismo fin.

En esta reforma constitucional exprés, que se celebró con un control legislativo prácticamente unánime, se ve una clara tendencia a lograr un sistema autoritario, algo que muchos opositores han comparado con las realidades de otros países con este sistema como lo son Venezuela y Nicaragua.

Estamos en una realidad política que permite reformas que van contra todo el sistema de protección de los derechos humanos. A modo de ejemplo citaré a dos instrumentos de importante trascendencia en el tema como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23, que exigen elecciones periódicas auténticas y que todos los ciudadanos deben tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Hoy en El Salvador no existen condiciones reales que garanticen estos derechos, sino más bien un simulacro bajo un poder concentrado que tiene como fin el control de todos los resortes institucionales.

Es por ello que es importante defender la democracia en todas sus aristas. La historia nos ha enseñado que el sistema democrático y el respeto a los derechos humanos no desaparecen de un día para el otro, sino que se van socavando poco a poco, disfrazadas de discursos de odio hacia un sistema pasado y una desnaturalización a las constituciones que la vacían de sentido.

Julieta Rodriguez Scatena
Integrante
Departamento de Derechos Humanos
IRI – UNLP