Departamento de Medio Ambiente

Artículos

Las características de la política exterior y doméstica de Argentina en materia de adaptación al cambio climático desde 2015 hasta 2022

Valentina Pighin

Introducción

El cambio climático y sus efectos adversos son uno de los principales desafíos que debe afrontar la humanidad. Cada día, en diferentes puntos del planeta, se perciben sus desastrosas consecuencias como el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de la biodiversidad; los cuales están íntimamente ligados al aumento de la mortalidad humana. En este sentido, los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) proporcionan datos que indican que la Tierra se está acercando al punto crítico del equilibrio para la estabilidad del sistema climático; reiterando además que la actividad humana es el principal factor de desestabilización del sistema terrestre. Por este motivo, si no se toman medidas drásticas de manera inmediata, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus consecuencias en el futuro.

La falta de ambición en mitigación incrementó los efectos adversos del cambio climático y, por ende, la urgencia de la acción de adaptación de todos los países. Es por esa razón que, en los últimos años, la adaptación al cambio climático ganó relevancia en la agenda política internacional. A su vez, los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar el fenómeno del cambio climático se han consolidado y expresado en una amplia y compleja estructura institucional e instrumental. Como correlato, los países gradualmente adoptaron medidas que tendieron a estabilizar la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y reducir sus efectos negativos.

En este sentido, las conferencias de las Partes (COPs) de Naciones Unidas sobre Cambio Climático instauraron un seguimiento del proceso de cambio climático e impactaron significativamente al establecer estrategias y políticas para abordar los cambios proyectados para el siglo XXI, que prevén aumentos de temperatura de 1,4°C a 5,8°C, en contraste con una variación de menos de 0,5°C en los últimos 1.000 años.

De esta manera, en 2015, en la 21° Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), los Estados Parte lograron un acuerdo histórico para acelerar e intensificar las acciones e inversiones destinadas a construir un futuro sostenible, resiliente y con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París (AP), que entró en vigor en 2016, agrupó a todos los países en torno a una causa común: realizar los esfuerzos necesarios para revertir el curso actual del calentamiento global y prevenir sus efectos adversos. En consonancia con el acuerdo, el gobierno argentino no solo lo ratificó sino que también reorientó la política exterior en materia climática.

El segundo de los tres objetivos del AP está orientado a la adaptación (los otros a la mitigación y al financiamiento) y “consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura (…)” (AP, 2015, p. 9). De esta manera, la adaptación es entendida como un desafío global que tiene distintas dimensiones (locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales). Por este motivo, la labor climática debe ser participativa, transparente e inclusiva. Además, se incentiva a tener en cuenta las cuestiones de género y la utilización no solo de los conocimientos científicos, sino también de los conocimientos locales y nativos. Sumado a esto, es necesario atender las consideraciones de los países en desarrollo, los cuales son los más vulnerables.

Los tres objetivos del AP deben ser perseguidos aplicando el Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas (RCPD). El mismo se basa en la idea de combinar la protección de un recurso global crucial como el medio ambiente con las disparidades en las contribuciones de los países desarrollados y en desarrollo a los problemas ambientales mundiales, considerando también las diferencias en sus capacidades económicas y tecnológicas para abordar estos desafíos. La mencionada norma sugiere que se deben esperar diferentes niveles de compromiso con la protección ambiental entre los países desarrollados y los países en desarrollo, o al menos se debe permitir un período de transición para que los países en desarrollo puedan implementar reformas que reduzcan gradualmente su impacto ambiental a largo plazo.

Ahora bien, Argentina es un país en desarrollo vulnerable a los efectos adversos del cambio climático debido a sus características geográficas ya que presenta zonas expuestas al deterioro forestal, propensas a los desastres naturales, expuestas a la sequía y desertificación, y de ecosistemas frágiles. De esta manera, los efectos adversos que afectan al país son variados, entre ellos la dificultad de acceder al agua en algunas regiones y el aumento de las inundaciones y la contaminación del agua de consumo en otras, olas de calor y el alto riesgo de transmisión de enfermedades por vectores como dengue.

Dado lo relevante que es (o debería ser) la adaptación al cambio climático en un país como Argentina, la pregunta que conduce este ensayo es ¿Qué características presentó la Política exterior y doméstica de Argentina en materia de adaptación al cambio climático entre 2015 y 2022?

La hipótesis que se plantea es que en un contexto internacional de creciente urgencia de la acción de adaptación, la política argentina estuvo caracterizada por una pugna entre una política doméstica de adaptación de escasa relevancia, influenciada por tendencias externas, y una política exterior que adoptó una posición de adaptación en la CMNUCC de alto impacto.

Evolución de la adaptación en la COPs

A mitad del siglo XX, los problemas ambientales se consideraban principalmente como cuestiones periféricas y de competencia exclusiva de los Estados, regidos por una noción estricta de soberanía. Sin embargo, a partir de principios de la década de los 70s, esta percepción comenzó a cambiar debido a la acumulación de evidencia científica sobre el impacto de la actividad humana en el ambiente, demandando de los esfuerzos concertados de todos los agentes: públicos, privados, locales y globales. Como resultado, la comunidad internacional inició un progresivo esfuerzo de cooperación en cuestiones ambientales, al mismo tiempo que gradualmente incorporaba elementos universalistas que suavizaba la rigidez soberanista inicial. Esto incluía la noción de un bien común de la humanidad y la exigencia de solidaridad intergeneracional. El reto requirió de la cooperación entre las grandes potencias como Estados Unidos, China, Unión Europea e India, y también de las potencias medias como Rusia, Brasil, Japón, Indonesia y Corea del Sur.

De esta manera, la comunidad internacional orientó sus esfuerzos a enfrentar el fenómeno del cambio climático, logrando consolidarse en una amplia y compleja estructura institucional e instrumental. Se conformaron el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el IPCC, la Convención Marco de Naciones Unidos para el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto, el AP, entre otros.

El rol del IPCC fue y sigue siendo clave para fortalecer la toma de decisiones y para proveer evidencia científica a los decisores de política. Un ejemplo de ello es el primer informe del IPCC (1990) donde se afirmaba que el calentamiento atmosférico de la Tierra era una realidad, el cual sirvió para impulsar la firma de la CMNUCC (1994). Por su parte, la Convención busca estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que evite interferencias humanas perjudiciales en el sistema climático.

Ahora bien, la Cumbre para la Tierra de 1992 puede considerarse como aquella que situó a la cuestión del cambio climático en el centro del debate académico y las preocupaciones institucionales, aunque la atención históricamente estuvo puesta en la mitigación. La estrategia consistió en abordar la raíz del problema para reducir su causa, lo que permitía minimizar los efectos y facilitar su gestión. Es en este sentido que la capacidad de adaptarse fue considerada consustancial a los ecosistemas y la sociedad, por lo que no se requería de una política explícita. Además, la adaptación se percibía como un enfoque pesimista que parecía reflejar la falta de capacidad para abordar el desafío de la mitigación.

Sin embargo, en 2001 y gracias al Tercer Informe publicado por el IPCC, se reconoció que la mitigación por sí sola no era suficiente para abordar la crisis climática. Por este motivo, la adaptación al cambio climático comenzó a adquirir mayor importancia. Algunos de los logros que dan cuenta de ello son los Acuerdos de Marrakech (que dieron origen a los NAPs^[1] y a fondos como el Fondo de Adaptación), el Programa de Trabajo de Nairobi (una de las nueve áreas de trabajo está específicamente orientada a la adaptación), el Plan de Acción de Bali (estableció las bases para las negociaciones pre AP, buscó incrementar recursos financieros, etc.) y el Marco de Adaptación de Cancún (tuvo como objetivo mejorar las acciones de adaptación).

De todos modos, la gran transformación se produjo con la firma del AP: implicó un cambio en la lógica de la gobernanza climática, adoptando un enfoque bottom-up y creando las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs). Este cambio significó abandonar la búsqueda de un acuerdo vinculante con metas predefinidas para la reducción de las emisiones de GEI (top-down). La lógica viró hacia la adopción de las NDC, las cuales representan los compromisos individuales de cada país para disminuir sus emisiones nacionales y enfrentar los impactos del cambio climático, también llamado enfoque bottom-up. A su vez, los NDCs son el mecanismo principal para comunicar la adaptación.

Además, en el AP se estableció que uno de sus tres objetivos sea la adaptación al cambio climático, dándole mayor protagonismo a la temática. A su vez, dio origen al Balance Mundial destinado a evaluar los avances hacia el cumplimiento de las metas y objetivos del acuerdo;a la Meta Global de Adaptación (GGA) la cual tiene como propósito reforzar de manera significativa los esfuerzos de adaptación a nivel nacional, lo que incluye el apoyo y la cooperación a nivel internacional; a las Comunicaciones de Adaptación, las cuales pueden incluir información sobre sus prioridades, necesidades de implementación y apoyo, planes y acciones; al Marco de Transparencia Forzado, el cual proporciona una comprensión clara de las acciones tomadas.

Sin embargo, a diferencia de lo que se podía esperar, la firma del AP no fue el fin de las negociaciones climáticas internacionales sino que dio inicio a una serie de discusiones relativas a cómo interpretar los esfuerzos de adaptación, cómo llevarlos a cabo y cómo reconocerlos. Y aunque, luego del AP, se esperaba un aumento en la ambición y el progreso en las decisiones relacionadas con la adaptación, no fue así. El período que abarca de la COP22 a la COP25 no fue de estancamiento, pero tampoco se lograron grandes avances en esta área. La puja entre los países desarrollados por un lado, y el G77+China por el otro, fueron claves en este período. El argumento principal de los miembros del G77+China es el haber sido excluidos de las negociaciones globales y de la creación de las reglas para las instituciones y eventos internacionales.

Más allá de las diferencias, se lograron avances como el Paquete de medidas de Katowice, el cual determinó, entre otras cosas, que la CA puede estar compuesta por las prioridades, necesidades de implementación y apoyo, planes y medidas de los países. Del mismo modo, afirma que su presentación puede hacerse como un componente de otras comunicaciones o documentos. También acordó que, a partir de ese momento, el Fondo de Adaptación, estaría al servicio del AP.

Otro gran avance fue el Pacto de Glasgow, que tiene como objetivo operativizar el GGA establecido en el AP. El Pacto resalta la necesidad de financiamiento adecuado y diversificado, involucrando al sector privado y las instituciones financieras, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología como elementos esenciales para fortalecer la adaptación al cambio climático. También se estableció el Programa de Trabajo Glasgow-Sharm El-Sheik (GlaSS) para mejorar la comprensión y medición de la GGA; por lo cual, convivieron dos procesos que se desarrollaron de manera simultánea y complementaria relacionados con la GGA. Por un lado, se llevaron a cabo las negociaciones a través del punto de agenda de la Conferencia de las Partes del AP y, por otro, se realizaron ocho talleres en el marco del GlaSS.

Este proceso estuvo marcado por algunas problemáticas relevantes como: la ausencia de expertos que dirijan las negociaciones; desaciertos en la organización y en las estructuras de los talleres; la falta de flexibilidad de las Partes que se requiere para llevar a cabo discusiones más abiertas que no entren en conflicto con los plazos del GST; las dificultades a la hora de construir confianza entre las partes producto de un escenario internacional complejo; las implicaciones políticas y metodológicas de aclarar, al menos de manera inicial, cómo se mide el progreso en la adaptación, generan una gran precaución en algunos países que optan por no acelerar las conversaciones.

Para dar respuesta a estos problemas, en la COP27, realizada en 2022 en Sharm el-Sheij, Egipto, se presentó una propuesta para un marco del GGA. Argentina fue quien, en representación del grupo de negociación ABU (Argentina, Brasil y Uruguay) presentó la propuesta a la cual la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) se unió. Finalmente, también fue respaldada por el grupo G77+China.

El debate se materializó en dos posiciones contrapuestas. Por un lado, el G77+China apoyó la necesidad de contar con un marco que pueda ser útil en la evaluación conjunta del progreso del GGA y, por el otro, los países desarrollados, quienes se oponían. Finalmente, la Presidencia optó por un enfoque que limitaba la transparencia.

De todos modos, las posiciones contrapuestas continuarán existiendo mientras que los grupos de países desarrollados enfaticen el progreso en aspectos relacionados con la mitigación y la transparencia y, los grupos de países en desarrollo, en particular el G77+China, aboguen por la atención prioritaria a la adaptación y el financiamiento.

Posición de Argentina en las COPs

Respecto a la Política Exterior Argentina (PEA) en materia climática, es menester resaltar que tanto la inserción como el desarrollo de la agenda climática fue promovida por actores externos, principalmente organismos internacionales y grandes potencias, como Estados Unidos y la Unión Europea. De cualquier manera, desde la inclusión del tópico en la agenda nacional, en la década de los 90s, se observó una baja atención a la problemática ambiental por parte de la élite política argentina y una escasa demanda climática ciudadana. Durante todo el período, hay una clara evidencia que respalda la idea de que no existe una preocupación genuina por el tema. En este sentido, el cambio climático es concebido como un “tema importado”, atado a las fluctuaciones de la PEA y su vinculación con las potencias que sí lo consideran un tema de relevancia.

Durante al menos la primera década, el tratamiento de la cuestión climática en general y adaptación en particular, estuvo orientada hacia la obtención de reconocimiento o prestigio a nivel internacional, dentro del marco de una política exterior enfocada en asociarse con actores globales prominentes. Esto demuestra por qué, con la disminución de la relevancia de estos actores en la agenda de política exterior, se desvanecieron o vieron disminuidos los temas que ellos promovieron en la agenda nacional.

En sus primeros años, la PEA estuvo orientada a la mitigación, dejando a la adaptación como un “anexo” a la misma, con un compromiso casi inexistente. La atención que recibió la mitigación estuvo basada en la importancia de preservar las condiciones del territorio para la producción primaria. Este fue el principal factor que guió la conducta externa del país en asuntos relacionados con el clima.

Presidencia de Mauricio Macri (2015-2019)

Con la firma del AP, la adaptación ganó mayor protagonismo a nivel internacional, y por ende a nivel nacional también. El gobierno de Macri desafió la narrativa de disparidad entre el Norte y el Sur en asuntos climáticos que manifestaba el gobierno de Kirchnner, revitalizando la confianza en las conversaciones a nivel internacional y resaltando la importancia del multilateralismo en este proceso. El gobierno pasó de una posición defensiva a una más proactiva, tanto a nivel nacional como internacional, en términos de adaptación como así también de mitigación y financiamiento. En este sentido, el gobierno optó por retirarse del LMDC, ya que los consideraba de posturas poco colaborativas y decidió establecer relaciones más estrechas con Brasil y Uruguay.

A su vez, durante la gestión de Macri, el país lideró las negociaciones del G77+China en materia de adaptación al mismo tiempo que, gracias al rol activo de la negociadora Maria del Pilar Bueno, el país co-presidió el Comité de Adaptación de la CMNUCC. Además, Argentina fue pionera al presentar la primera CA en su NDC revisada en 2016.

Es necesario mencionar que este proceso de construcción de una nueva imagen climática internacional se respaldó en la contribución revisada, así como también en la elaboración de nuevos inventarios y un segundo informe de actualización; y que a su vez, este cambio en la postura argentina a partir de 2016 no entran en conflicto con su participación en el G77+China.

De esta manera, el liderazgo argentino en asuntos de adaptación se evidenció a través de estos dos elementos mencionados. Por un lado, el papel proactivo desempeñado en el marco del grupo de negociación del G77+China en la CMNUCC, una iniciativa respaldada y defendida por los países en desarrollo que integran dicho bloque. Por otra parte, Argentina fue pionera al presentar la primera CA en su NDC revisada en 2016 y, nuevamente lideró, al ser el primer país en presentar una segunda CA, siguiendo la guía de la Decisión 9/CMA1, en el año 2020. Es menester resaltar que, desde la COP20 hasta la COP24, las negociaciones fueron lideradas por la misma persona que ocupó la cartera de relaciones exteriores. Esta misma experta posteriormente asumió el rol de coordinadora líder del G77+China y copresidenta del AC. En reconocimiento al liderazgo argentino en este tema, el país también copresidió las negociaciones informales sobre pérdidas y daños, en 2012, junto con Canadá y, en 2018, con Australia.

Gobierno de Alberto Fernandéz (2019-2023)

Entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri se pudieron identificar ciertas modificaciones en torno al cambio climático. Por un lado, se identifica un progreso del trabajo interáreas gracias al reconocimiento de la importancia de la transversalización de la adaptación, como es así en el caso del GNCC (Gabinete Nacional de Cambio Climático). Por otro lado, discursivamente, Macri atendió más las cuestiones de mitigación, dejando que la adaptación apareciera como un anexo. En cambio, con la gestión de Fernández, la adaptación pasó a ser el centro de la agenda.

Sin embargo, en lo que refiere a estos dos gobiernos, son más las continuidades que las rupturas, porque técnicamente el trabajo se profundizó. Un ejemplo claro es el segundo Plan Nacional de Mitigación y Adaptación, el cual, si se compara con el primer Plan que se publicó en 2019 (después de que se sancione la ley), conlleva un diagnóstico más profundo técnicamente y más exhaustivo en colaboración con las provincias y con otros actores de la sociedad civil. También se observa una misma perspectiva sobre el compromiso multilateral en la implementación del AP.

A pesar de que, desde 2019, la adaptación no se abordó de manera armoniosa en las agendas de las COP y los órganos subsidiarios, Argentina mantuvo la postura de que la adaptación era una prioridad en su política, considerándose a sí misma como un país en desarrollo. Fernández defendió el compromiso multilateral en la implementación del AP y desempeñó un papel de liderazgo tanto a nivel regional, participando en el Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas y la Cumbre de Líderes sobre el Clima, como en las COPs, donde propuso líneas directrices claras.

Acciones, medidas y políticas nacionales de adaptación al cambio climático

Las acciones, políticas y medidas de adaptación al cambio climático emergieron de una estructura burocrática, así como también de ciertos instrumentos jurídicos y de planificación. Fue un proceso gradual y lento, pero que reflejó la voluntad y el esfuerzo por fortalecer las capacidades institucionales y coordinar acciones a nivel gubernamental para abordar de manera más efectiva los desafíos del cambio climático.

Tal como se refirió previamente, la manera en que se asumió la agenda de adaptación en el país reflejó, en cierta medida, patrones internacionales. De esta forma, la estructura burocrática, así como también los instrumentos jurídicos y normativos y de políticas públicas climáticas, experimentaron cambios en consonancia con las transformaciones en el contexto internacional mencionadas anteriormente. Estos cambios estuvieron acompañados por una evolución en las percepciones de los actores nacionales sobre la relevancia del tema en momentos específicos. Desde los primeros años se priorizaron con mayor énfasis las cuestiones relacionadas con la mitigación e, incluso, hasta la actualidad se puede observar un desbalance con respecto a las medidas de adaptación. Sin embargo, fue fundamental abordar el cambio climático de manera integral y local ya que la adaptación al cambio climático es principalmente un fenómeno local.

En este sentido, se identificaron modificaciones en la estructura burocrática que acompañaron este proceso. Se reinstauró el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se creó el GNCC junto al Consejo Asesor y a la Coordinación Técnica Administrativa del GNCC en 2019. Cabe mencionar que el GNCC se convirtió en el espacio formal de colaboración interinstitucional para la formulación y el diseño de políticas públicas relacionadas con el cambio climático, facilitando la coordinación estratégica entre diversas áreas del gobierno nacional, gobiernos subnacionales y actores de la sociedad civil.

También se observaron avances en materia jurídica y normativa que van desde el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina, pasando por la Ley General del Ambiente 25675, llegando hasta la Ley 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, de la cual dos de los tres objetivos que establece en su artículo 2, están vinculados con la adaptación.

Además, la Ley 27520 dio origen a dos planes muy importantes en materia de adaptación al cambio climático: el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y los Planes de Respuesta. Los mismos permitieron sintetizar las políticas argentinas orientadas a limitar las emisiones de GEI y generar respuestas coordinadas a nivel nacional y provincial. Cabe aclarar que: por un lado, el PNMyACC fue presentado hacia el final del período bajo estudio, en 2019, hacia finales de la gestión de Mauricio Macri, para luego ser actualizado en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. El mencionado Plan es el principal instrumento de política pública en materia climática que tiene el país, además de la Ley. Tiene dos metas: una de adaptación y otra de mitigación y está estructurado en cuatro enfoques transversales, cuatro líneas instrumentales y seis líneas estratégicas. Cada una de ellas será ejecutada a través de 250 medidas. Por otro lado, los Planes de Respuesta no lograron los resultados propuestos ya que para diciembre de 2023 (fecha en la que se vencía el plazo establecido), ninguno fue presentado. Recién a fines de 2024 comenzaron a presentarse algunos, como el de Córdoba.

Como otro instrumento de política pública debe mencionar al Sistema de Mapas de Riesgo de Cambio Climático, creado en 2016, sí fue una herramienta exitosa ya que logró poner en primera plana a la adaptación. Es una herramienta interactiva que permite definir políticas públicas y acciones de adaptación aplicables.

Conclusiones

A lo largo de este ensayo, se comprobó que la política argentina estuvo caracterizada por una pugna entre una política doméstica de adaptación de escasa relevancia, influenciada por tendencias externas, y una política exterior que adoptó una posición de adaptación en la CMNUCC de alto impacto.

El desafío planteado por el cambio climático es un hecho y los efectos del mismo representan una amenaza para la supervivencia de los ecosistemas, las especies y, por ende, la forma de vida de las sociedades que dependen de ellos. En este sentido, la necesidad de adaptación, que implica la reducción de riesgos y la vulnerabilidad climática, es cada vez mayor. Por este motivo, la comunidad internacional orientó sus esfuerzos a enfrentar el fenómeno del cambio climático, logrando consolidarse una amplia y compleja estructura institucional e instrumental. La conformación de la CMNUCC, impulsada por los informes del IPCC, es la gran muestra de ello.

A pesar de que en los primeros años la atención estuvo puesta más en la mitigación que en la adaptación, eso se ha ido modificando. Algunos de los logros que dan cuenta de ello son los Acuerdos de Marrakech, el Programa de Trabajo de Nairobi, el Plan de Acción de Bali y el Marco de Adaptación de Cancún. De todos modos, la gran transformación se produjo con la firma del AP ya que implicó un cambio en la lógica de la gobernanza climática, adoptando un enfoque bottom-up y conformando las NDCs. Además, se reconoció la vital importancia que tiene la adaptación, estableciendo la GGA, las CAs y reforzando de manera significativa los esfuerzos de adaptación a nivel nacional. Sin embargo, la firma del AP no fue el fin de las negociaciones climáticas internacionales y en este período post AP se lograron avances como el Paquete de medidas de Katowice, así como también se adoptó el Pacto de Glasgow.

El Estado Argentino también dirigió su atención hacia la adaptación al cambio climático, tanto en su Política Exterior como en sus estrategias internas. Por un lado, respecto a la PEA en materia climática, en sus primeros años, esta estuvo orientada a la mitigación, dejando a la adaptación como un “anexo” a la misma. Esto se fue modificando y ya durante la gestión de Mauricio Macri, el país lideró las negociaciones del G77+China en materia de adaptación al mismo tiempo que fue pionero al presentar la primera CA en su NDC revisada en 2016. A su vez, el gobierno de Macri desafió la narrativa de disparidad entre el Norte y el Sur en asuntos climáticos que manifestaba el gobierno de Kirchnner, revitalizando la confianza en las conversaciones a nivel internacional y resaltando la importancia del multilateralismo en este proceso. Además, optó por retirarse del LMDC y establecer relaciones más estrechas con Brasil y Uruguay.

Respecto a la gestión de Alberto Fernández, la adaptación cobró aún más importancia y se convirtió en un elemento central de su agenda climática, otorgándole especial atención a su transversalidad y priorizando el trabajo intersectorial.

Por otro lado, en el ámbito doméstico, la forma en que se abordó la agenda interna de adaptación reflejó los patrones internacionales. La estructura burocrática y los instrumentos jurídicos y normativos, así como también las políticas públicas relacionadas con el clima, experimentaron cambios que estuvieron alineados con las transformaciones en el contexto internacional. Fue un proceso gradual y lento, pero que reflejó la voluntad y el esfuerzo por fortalecer las capacidades institucionales y coordinar acciones a nivel gubernamental para abordar de manera más efectiva los desafíos del cambio climático.

En este sentido, se identificaron modificaciones en la estructura burocrática que acompañaron este proceso como la creación del GNCC en 2019. También se observaron avances en materia jurídica y normativa destacando la Ley 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. La mencionada ley dio origen a dos planes muy importantes en materia de adaptación al cambio climático: el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y los Planes de Respuesta.

En suma, el desafío planteado por la adaptación al cambio climático está establecido en la agenda pública tanto a niveles multilaterales como nacionales y provinciales. Más allá de la atención que Argentina le otorga a la adaptación, el país enfrenta el desafío de consolidar la importancia de la temática en su agenda política interna para fortalecer la coherencia entre las posturas internacionales en la CMNUCC y la política nacional.

Las dificultades continúan a la orden del día y para que la posición nacional sea coherente, Argentina debe considerar a la acción climática como una política de Estado, no sujeta a los vaivenes del escenario internacional ni a los cambios de tinte político a nivel nacional.

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^[1] Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (NAPs, por sus siglas en inglés).