Departamento de América del Norte
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De la crisis en la frontera a las redadas y deportaciones masivas: un análisis a seis meses de un nuevo gobierno republicano en Estados Unidos
María Florencia Marina[1]
Introducción
A lo largo de este primer semestre en el gobierno, la administración de Donald Trump ha avanzado rápidamente en una transformación del sistema migratorio estadounidense, tal como había adelantado durante toda la campaña electoral del año 2024. En efecto, a través de sus múltiples declaraciones en entrevistas, en sus discursos en mitines y actos electorales, en los debates presidenciales, el entonces candidato republicano a la presidencia había retratado al estado de la inmigración en el país como caótico y altamente problemático. Trump consideraba a la fórmula Joe Biden–Kamala Harris como responsable de ocasionar un “descontrol” en la frontera sur de Estados Unidos, habiendo permitido así –apelando a una fuerte retórica antiinmigrante– el ingreso de “criminales y asesinos”.
De ahí que una vez llegado nuevamente al Salón Oval a comienzos de este año, y en línea con sus promesas de campaña, el republicano haya tomado una serie de medidas que entendía como necesarias para detener lo que definía como una “invasión” que ponía en riesgo la soberanía del país.
En este sentido, el objetivo de este breve trabajo es, luego de presentar un sintetizado panorama de la política migratoria de la administración precedente, efectuar una enumeración de las actuales políticas migratorias, así como realizar un análisis preliminar de las consecuencias que las mismas están teniendo tanto a nivel interno como a nivel de las relaciones externas de los Estados Unidos.
El escenario previo
La inmigración en Estados Unidos conserva un lugar de relevancia en la agenda política del país desde hace varias décadas. Tras el intento fallido de la administración de Barack Obama de lograr una reforma integral en la materia, y del planteamiento más restrictivo aplicado por el primer gobierno de Trump, Joe Biden llegó al poder en 2021 haciendo referencia a la “urgencia de establecer un sistema migratorio justo y humano que recuperase aquellos valores debilitados” (Beauregard, 2021, como se citó en Gullo y Marina, 2022). Como establece Vaughan,
La doctrina migratoria de Biden se basaba en premisas diametralmente opuestas [a las de Trump]: que la inmigración beneficia sin reservas a Estados Unidos; que la aplicación estricta de las leyes migratorias es inhumana; que se debe permitir la permanencia de los inmigrantes ilegales; y que la única manera de reducir la inmigración ilegal es ampliar las vías legales y mejorar las condiciones en los países de origen (2024)
De esta forma, se produjo una combinación de elementos que propiciaron un aumento sustantivo del flujo migratorio durante el gobierno de Biden: a las promesas de campaña de un enfoque más humano y más benevolente a la inmigración (que generaron altas expectativas en la región latinoamericana), se sumaron el levantamiento de las restricciones a la movilidad que se habían establecido durante la pandemia de COVID-19 y el empeoramiento de las condiciones de vida en los países de origen, sobre todo en Centroamérica y en el norte de América del Sur.
Si bien la administración demócrata mantuvo vigente durante la mayor parte de su mandato el título 42[2], lo cierto es que el aumento de la llegada no autorizada de inmigrantes a Estados Unidos, sobre todo desde su frontera sur, fue históricamente drástico. En efecto, durante la presidencia de Biden se registraron 8,6 millones de encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, incluidas cifras anuales récord en los años fiscales 2022 y 2023 (Chishti et al, 2024).
Con este escenario se generalizó la idea de que el país atravesaba una crisis fronteriza, que pasó a estar en el eje de la atención política estadounidense. El incremento del escrutinio público y de las presiones tanto del propio partido como de la oposición, llevaron a que Biden buscara promover los cruces legales y desincentivar los opuestos. De esta manera, procedió a aplicar un enfoque mixto que combinaba un fuerte control y militarización de la frontera, con la extensión de ya existentes o implementación de nuevos programas de regularización migratoria.
En relación con lo primero, cabe volver a destacar la vigencia del título 42 hasta el año 2023 y el incremento de los controles fronterizos, así como mencionar que en junio de 2024 la presidencia estableció una orden ejecutiva que indicaba el cierre total de la frontera de Estados Unidos a solicitantes de asilo cuando se superara un máximo de 2500 cruces por día durante una semana. Este tipo de medidas, que fueron consideradas como insuficientes y/o tardías por la oposición, implicaron a su vez un aumento de las detenciones y expulsiones fronterizas y fueron así criticadas por activistas y organismos de derechos humanos. De hecho, en su último año fiscal de gobierno, dicha administración marcó el récord de deportaciones en una década, llegando a este número a casi 280.000 ciudadanos de 192 países diferentes (Caro, 2024).
Con respecto al segundo punto, la administración por un lado instó a la utilización de la aplicación para teléfonos celulares CBP One, la cual permitía a los migrantes que no contaran con la documentación necesaria para viajar a Estados Unidos, programar una cita para presentarse en los puertos de entrada terrestre y solicitar asilo. Por el otro, a lo largo de su mandato, Biden no sólo trabajó en el reasentamiento de refugiados, sino que ha ampliado el número de inmigrantes que son elegibles para el Estatus de Protección Temporal[3] (TPS, por sus siglas en inglés), el cual llegó a extenderse para ciudadanos de 16 países. A la vez, el gobierno creó un nuevo programa de similares características: se trata del parole humanitario para ciudadanos provenientes de cuatro países latinoamericanos en particular, esto es, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Al ser similar al TPS, se establecía que los beneficiarios de esta instancia accedían a un permiso temporal para ingresar, permanecer y trabajar en el territorio estadounidense por cierto período de tiempo. Hasta octubre de 2024, casi 532.000 personas habían llegado a los Estados Unidos a través del proceso de parole CHNV (Chishti et al, 2024), como se lo conoce.
Una serie de cambios anunciados
En el primer día de su segundo mandato como presidente, Donald Trump dio comienzo a las transformaciones previamente anticipadas al firmar una numerosa serie de órdenes ejecutivas en materia de reforma de gobierno, economía, energía, clima y migración. Empero, ¿de qué se trata esta última y qué fines persigue?
En cuestión migratoria, la presidencia emitió una orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 de declaración de emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos al estar supuestamente la misma “repleta de cárteles, bandas criminales, terroristas conocidos, traficantes de personas, contrabandistas, hombres en edad militar no verificados provenientes de países adversarios extranjeros, y narcóticos ilícitos que perjudican a los estadounidenses” (The White House, 2025). Desde el gobierno se entendía que tal estado de cosas ponía “la soberanía del país bajo ataque” en tanto representaba una grave amenaza para el “pueblo estadounidense y a la integridad de las fronteras soberanas” (The White House, 2025). Tal marco habilitaba entonces, como lo hizo esta primera medida, que el gobierno ponga en marcha una profundización del enfoque securitista en el sistema migratorio norteamericano. En efecto, el decreto autoriza al Departamento de Defensa a ordenar el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional para lograr el control operativo completo de la frontera sur.
Ahora bien, el control fronterizo no es el único propósito de la política migratoria del trumpismo. En un trabajo anterior, habíamos identificado que durante su primer mandato, el republicano había organizado su reforma del sistema migratorio estadounidense en torno a tres objetivos principales:
- la reducción de la cantidad de personas que migraban —incluso legalmente— hacia el país
- el fin de la llegada de nuevos inmigrantes ilegales, y
- la expulsión de aquellas personas extranjeras indocumentadas ya presentes en el territorio (Marina, 2021)
El análisis preliminar de las declaraciones de la campaña de 2024 junto con las medidas migratorias implementadas hasta el momento permiten inferir la reedición de todos esos propósitos en este nuevo mandato. La principal diferencia frente al accionar del primer mandato radica por el momento en la radicalización de la postura restrictiva y punitiva del gobierno, así como en una marcada centralización de su estrategia en el tercer objetivo mencionado. En este mandato, quienes pasan a estar en el radar del gobierno son los aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados que ya viven en el país y que están distribuidos a lo largo del territorio –los cuales en su gran mayoría residen en él hace décadas–, no sólo las nuevas llegadas de inmigrantes (ya sean regulares o irregulares). De hecho, Trump había adelantado en numerosas ocasiones a lo largo del año pasado que su política migratoria estaría centrada en llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia de los EEUU.
A la vez, y en relación con la temática que nos convoca, resulta valioso traer al análisis el perfil político de las autoridades y funcionarios designados por Trump para el diseño de su política migratoria, en tanto sus concepciones serán determinantes en la orientación que se está imponiendo en la misma.
Vale destacar en primer lugar que el mandatario colocó a Tom Homan[4] a la cabeza del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la principal agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Además, es necesario tener en consideración a dos figuras significativas: por un lado, Kristi Noem, secretaria del Departamento Seguridad Nacional (del cual depende el ICE), y por el otro, Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca. Noem, una gran crítica de la política migratoria de Biden, se ha desempeñado previamente como gobernadora de Dakota del Sur y en ese marco se ha negado “a aceptar refugiados afganos y fue la primera gobernadora en enviar miembros de la guardia nacional de su Estado a Texas para ayudar con el control fronterizo” (BBC News Mundo, 2025, s/p). Mientras tanto Miller es un asesor clave de seguridad nacional del gobierno, y cuenta con un alto perfil político y mediático, y una fuerte postura ultraconservadora. De hecho, es presentado como uno de los principales “arquitectos” de la política de tolerancia cero.
En este marco cobra relevancia la influencia que ejerce la presencia de un discurso nativista y nacionalista en términos culturales, del cual Miller es uno de los principales representantes. En declaraciones hechas el presente año, este funcionario ha buscado establecer un paralelismo entre el control de la migración en Occidente en general y en Estados Unidos en particular con una “lucha para salvar la civilización” y “para salvar al país de esta ocupación”. De ahí que la población migrante en su totalidad, al ser concebida como una amenaza cultural y civilizacional para la identidad estadounidense, pase a ser objeto de las políticas restrictivas.
Cabe recordar que Miller había sido uno de los artífices de la medida conocida popularmente como Muslim Ban, es decir, la “prohibición musulmana”. La misma prohíbia el ingreso al territorio a ciudadanos de países que eran identificados como “patrocinadores” del terrorismo y/o que no proveían suficiente información de inteligencia a las autoridades estadounidenses (Hines, 2019; Ries, 2020, como se citó en Marina, 2021), cuya lista incluía sobre todo a países de población mayoritariamente musulmana.
La actual administración ha emitido una declaración muy similar a la anterior que limita totalmente el ingreso a ciudadanos de 12 países: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y que restringe parcialmente la entrada de personas de 7 países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. De acuerdo con el gobierno, la política se sustenta en el hecho que estas naciones no poseen sistemas confiables de identificación, no cooperan con la seguridad de los visados, tienen incapacidad para verificar las identidades de los viajeros, sistemas inadecuados de antecedentes penales, así como altas tasas de permanencia ilegal con visados temporales o de turismo (France 24, 2025).
Por su parte, Trump le ha dedicado un espacio privilegiado a la cuestión migratoria en su política fiscal. Durante la campaña presidencial los analistas solían hacer énfasis en el desafío presupuestario y logístico sin precedentes que representaría llevar a cabo un plan de deportación masiva de las características propuestas por el entonces candidato presidencial (esto es, con una expectativa de 1 millón y medio de deportaciones anuales). En este marco, la aprobación el pasado 3 de julio del corriente año del proyecto de la «gran y hermosa ley» (titulada Big Beautiful Bill) de política fiscal y tributaria de Trump pone en evidencia que el gobierno está dispuesto a movilizar la cantidad de recursos necesarios para poder avanzar con sus objetivos migratorios (y que en efecto, no solo tiene la voluntad política para hacerlo sino que también cuenta como los apoyos legislativos requeridos).
Precisamente, dicha ley consagra un aumento exponencial del financiamiento que recibe el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que pasó de contar con un presupuesto anual de aproximadamente 8 mil millones de dólares a convertirse en la mayor agencia federal de seguridad pública (Drenon y Yousif, 2025). En concreto, la norma recientemente aprobada asigna al ICE un presupuesto de más de 100 mil millones de dólares para 2029. El gobierno apunta de esta manera a aumentar la cantidad de personal del ICE y ampliar sus operaciones, y a duplicar la capacidad de detención de inmigrantes, construyendo nuevos centros y acondicionando otros.
De la mano de todo lo anterior, se observa una militarización del control migratorio, sobre todo en la frontera sur del país. Esto ha quedado de manifiesto con con la creación de zonas militares “defensa nacional” en el límite territorial con México, y con el envío a la zona de soldados y de recursos materiales y vehículos militares (aviones, drones de vigilancia, helicópteros e incluso buques de guerra de la Armada), los cuales están encargados de vigilar las fronteras y las costas de forma continua. En consonancia con el decreto mencionado al comienzo de este apartado, la presidencia ha promovido que sean miembros de las Fuerzas Armadas quienes colaboren con los arrestos de personas y controles de actividades ilícitas como el contrabando o el narcotráfico. Esta situación indica un cambio frente a administraciones predecesoras en tanto las detenciones por irregularidades migratorias, por ley, son ejecutadas por personal policial (la Patrulla Fronteriza) y no por personal militar. A la vez, se constata un aumento numérico de la cantidad de soldados desplegados en la frontera en relación a gobiernos anteriores.
Ahora bien, las autoridades no han concentrado sus esfuerzos únicamente en la frontera sur del país. Por el contrario, para poder avanzar su propósito de lograr al menos 3.000 arrestos diarios, y además, en línea con el tercer objetivo que se ha identificado, la política de detenciones y deportaciones se ha extendido al interior de todo el país. Así, uno de los aspectos salientes del actual gobierno ha sido su política de redadas migratorias en lugares de trabajo (campos, restaurantes, hoteles, etcétera) y en establecimientos educativos, las cuales han tenido consecuencias diversas. Por un lado, han generado un fuerte impacto mediático, en tanto han afectado la vida cotidiana sobre todo de ciudades y Estados con alto nivel de población de origen migrante (ciudades como Nueva York, Chicago, Austin, Los Ángeles). Vinculado a todo ello, han motivado una serie de protestas en numerosas partes del país que derivaron en disturbios no menores y una posterior participación, en algunas partes, de la Guardia Nacional en su contención. Esto último, junto con la poca o nula predisposición de ciudades y Estados “santuarios” a colaborar con la política migratoria del gobierno federal, llevaron también a tensión política y enfrentamientos judiciales entre estos diferentes niveles del Estado.
En paralelo, se ha puesto fin tanto al programa de Estatus de Protección Temporal como al parole humanitario CHNV, argumentando que este tipo de instancias habían sido sobreutilizadas por la administración anterior. Estas cancelaciones han generado demandas judiciales contra el gobierno, y han ratificado la intención de este último de incluso reducir la población que se encontraba –al menos temporalmente en estos casos– en situaciones de regularidad. La comunidad latina es la que se ha visto más afectada en tanto no sólo era la destinataria del parole humanitario, sino que también el TPS ha sido revocado para aproximadamente 300.000 venezolanos. Como resultado, las personas incluidas se han visto obligadas a abandonar el país o correr el riesgo de ser deportadas.
Más allá de los números de deportaciones (hasta ahora no están disponibles datos oficiales), las mismas han adquirido características particulares. Además de lo que se viene desarrollando, cabe traer a colación la cuestión de las deportaciones rápidas –procesos en los cuales los funcionarios deportan de forma exprés, dejando a dichos ciudadanos sin la posibilidad material de impugnar tal decisión ante un juez– que incluso, en algunos casos, se han efectuado a hacia terceros países (es decir, hacia naciones que no son los de origen de tales personas). Este tipo de deportación ha sido el blanco de críticas en tanto desde ciertos sectores se considera que representan una violación del debido proceso.
En segundo lugar, vale mencionar que Trump 2.0 ha presionado fuertemente a diversos países latinoamericanos para aceptar los vuelos de deportación, los cuales han sido numerosos y han sido tanto militares como comerciales. En un extremo se encuentran países como Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha intentado negarse a recibirlos, pero que luego ante las amenazas del establecimiento de aranceles ha tenido que ceder. Mientras, en el otro extremo está, por ejemplo, El Salvador, cuyo mandatario, Nayib Bukele, ha accedido a recibir vuelos de deportación incluso con ciudadanos de terceros países acusados de haber cometido graves delitos.
Por último, es propio de esta administración promover las autodeportaciones a través de la aplicación CBP Home, que ha venido a reemplazar CBP One. Se estima que estas puedan crecer por los incentivos del gobierno y por la fuerte presión mediática.
Conclusiones
Lo analizado en este trabajo permite inferir que la política migratoria del presidente Trump en este segundo mandato conserva ciertas características que ya estaban presentes en su primer gobierno. En este sentido, vuelven a aparecer como su fin último el de transformar el sistema migratorio poniendo a “America First”, el lema que orienta sus políticas. A la vez, dicho sistema nuevamente se organiza en torno a los tres grandes objetivos mencionados, en tanto se apunta a disminuir tanto la migración irregular como la regular. Ahora bien, en esta ocasión parece recobrar aún más fuerza el enfoque nacionalista y securistista desde el punto de vista político, nativista desde el punto de vista cultural y restrictivo y punitivo desde el punto de vista operativo.
Así, se ha procedido a desmantelar gran parte de los programas implementados por el gobierno anterior, los cuales al ofrecer soluciones parciales y provisorias habían sido considerados insuficientes por la mayor parte del espectro político. Como contracara, se ha avanzado en una línea dura en materia migratoria que está generando, por un lado, una multiplicidad de batallas legales para el gobierno, y por el otro, un fuerte descontento en grandes partes de la población. Recientes encuestas han mostrado que ha mejorado la visión que la población estadounidense tiene sobre la migración en general, a la par que ha aumentado la visión desfavorable que tienen sobre las políticas migratorias implementadas estos últimos meses. Las deportaciones rápidas, las redadas, el avance de la militarización no sólo en la frontera sino también durante las protestas, las tensiones con terceros países, la retórica antimigrante, entre otras, resultan medidas y posturas controversiales que son criticadas por activistas y organismos de derechos humanos.
Bibliografía
BBC News Mundo. (19 de enero de 2025). Los elegidos: quiénes son las 10 personas de confianza designadas por Trump para aplicar su programa https://www.bbc.com/mundo/articles/c897v23ny34o
Caro, Patricia. (20 de diciembre de 2024). El Gobierno de Biden deportó la cifra más alta de inmigrantes en una década. El País. https://elpais.com/us/2024-12-20/el-gobierno-de-biden-deporto-la-cifra-mas-alta-de-inmigrantes-en-una-decada.html
Chishti, Muzaffar; Bush-Joseph, Kathleen; Putzel-Kavanaugh, Colleen y Greene, Madeleine. (10 de diciembre de 2024). Biden’s Mixed Immigration Legacy: Border Challenges Overshadowed Modernization Advances. Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/article/biden-immigration-legacy
Drenon, Brandon y Yousif, Nadine. (4 de julio de 2025). What are the key items in Trump’s sprawling budget bill? BBC News. https://www.bbc.com/news/articles/c0eqpz23l9jo
France 24. (9 de junio de 2025). Entra en vigor el veto de Trump contra 12 países para el ingreso a EE. UU. https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20250609-entra-en-vigor-el-veto-de-trump-contra-12-pa%C3%ADses-para-el-ingreso-a-ee-uu
Gullo Maraví, María Inés y Marina, María Florencia. (2022). Joe Biden y su política migratoria hacia América Latina: ¿promesas incumplidas? Anuario 2022, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI-UNLP) https://www.iri.edu.ar/index.php/2022/09/30/a2022-america-del-norte-articulo-gullo/
Marina, María Florencia (2021). “Make America Great Again” a través del desmantelamiento del sistema migratorio de Estados Unidos. Los retrocesos de la política antimigratoria de Donald Trump (2017-2021) con énfasis en Latinoamérica. Anuario 2021, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI-UNLP). https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/09/a2021aNorteArtMarina.pdf
Vaughan, Jessica M. (2024). Open Borders and National Sovereignty: The Trump and Biden Immigration Doctrines in Comparative Perspective. En Renshon, S.A., Suedfeld, P. (eds) Presidential Leadership and Foreign Policy. Springer Studies in American Politics. https://doi.org/10.1007/978-3-031-52799-9_15
The White House. (20 de enero de 2025). Presidential Actions. Declaring A National Emergency At The Southern Border Of The United States. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/declaring-a-national-emergency-at-the-southern-border-of-the-united-states/
[1] Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Miembro del Departamento de América del Norte del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI-UNLP) y del Grupo de Estudio sobre Política Internacional de América del Norte de la UNR (GEPIAN). Auxiliar de investigación en el Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional de la UNR (CIPEI). Docente de Política Internacional Latinoamericana en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.
[2] El Título 42 establece que, en un contexto de emergencia de salud pública, las autoridades pueden prohibir el ingreso de personas al territorio de los Estados Unidos. Este instrumento fue utilizado en el marco de la pandemia de COVID-19, y provocó la expulsión automática de aquellos inmigrantes que eran detenidos en la frontera.
[3] El TPS es un programa al cual pueden postularse ciudadanos provenientes de países designados por Estados Unidos que otorga protección temporal frente a la deportación así como un permiso de trabajo. Dichos migrantes no pueden regresar a sus países de origen de forma segura ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.
[4] Homan es conocido popularmente como el “zar de la frontera” debido a sus postura en defensa de una política migratoria estricta, la cual ha quedado de manifiesto a lo largo de su carrera en la polícia y en el ICE.
