Las imágenes de jóvenes incendiando vehículos, destruyendo comercios o enfrentándose con la policía en Francia no pueden leerse como otro episodio de violencia urbana. Sería quedarse en la superficie. Europa no enfrenta una crisis. Varias tensiones que durante años pudieron administrarse por separado están coincidiendo al mismo tiempo.
El Estado de bienestar no desapareció. Francia sigue gastando más del 57% de su PIB a través del sector público y posee una de las mayores cargas tributarias del mundo desarrollado. El problema es distinto: cuesta cada vez más financiar ese Estado y, para una parte de los jóvenes, pagar impuestos, estudiar y trabajar ya no garantiza independencia, vivienda o una vida mejor que la de sus padres.
El contrato construido después de la Segunda Guerra Mundial suponía crecimiento económico, empleo, movilidad social y una población activa suficientemente numerosa para financiar educación, salud y jubilaciones. Aquella ecuación comenzó a alterarse.
Francia destina alrededor del 13 al 14% de su PIB a pensiones. No porque los jubilados sean responsables del problema, sino porque la pirámide que sostiene el sistema cambió. Europa envejece mientras nacen menos europeos. La tasa de fecundidad de la Unión Europea cayó a 1,34 hijos por mujer en 2024, muy lejos del 2,1 necesario para el reemplazo poblacional sin migraciones.
Menos nacimientos significan menos trabajadores futuros para financiar más jubilaciones durante más años. Al mismo tiempo, intentar modificar edades de retiro, beneficios o gasto público provoca una resistencia política enorme.
Además Francia cerró 2025 con un déficit fiscal superior al 5% del PIB y una deuda cercana al 116%. La Comisión Europea proyecta que la deuda alcance alrededor del 118% en 2026 y supere el 120% en 2027 si no cambia la trayectoria. Los intereses también consumen una proporción creciente del presupuesto.
El dilema político es evidente: para corregir las cuentas hay que gastar menos, recaudar más, crecer mucho más rápido o combinar las tres cosas. Pero Francia ya cobra muchos impuestos; por lo tanto, reducir prestaciones genera protestas y reformar las pensiones tiene un costo electoral inmediato. En síntesis, las soluciones estructurales producen resultados años después, mientras las elecciones se deciden ahora.
El Dr. Jekyll electoral promete conservar el contrato social, mientras Mr. Hyde espera detrás de las cuentas públicas recordando que alguien deberá pagarlo.
A esa tensión se agregó otra obligación. Europa debe volver a invertir seriamente en su defensa, ya que la guerra en Ucrania y el desafío ruso modificaron una arquitectura de seguridad en la que durante décadas Estados Unidos soportó buena parte del esfuerzo militar occidental. En 2025 los países de la OTAN acordaron orientar hacia 2035 un 5% del PIB a defensa y gastos vinculados con seguridad, de los cuales 3,5% serían para capacidades militares y hasta 1,5% para infraestructura, resiliencia e innovación. Eso puede revitalizar industrias, investigación y empleo. También significa competir por recursos con pensiones, salud, educación, vivienda y transición energética.
Mientras Europa discute cómo distribuir el presupuesto, enfrenta otro problema más profundo: cómo producir la riqueza que lo financia.
China dejó de competir solamente mediante textiles, juguetes o manufacturas baratas. El Banco Central Europeo ya habla de un “China shock 2.0”, en donde las empresas chinas avanzan en automóviles eléctricos, baterías, electrónica, maquinaria y manufacturas de contenido tecnológico medio y alto, mientras Europa pierde participación frente a ellas dentro de su propio mercado, en China y en terceros países. En el caso de Alemania, debido a su especialización automotriz y en bienes de capital, aparece especialmente expuesta.
No todo puede atribuirse a China. Europa arrastra altos costos energéticos, problemas de productividad, exceso regulatorio en determinados sectores, inversión insuficiente y decisiones empresariales equivocadas. Pero la competencia china altera una premisa esencial del modelo: Europa necesita una economía industrial dinámica para sostener salarios altos, recaudar impuestos y financiar su Estado social.
Niall Ferguson explicó el ascenso histórico de Occidente mediante aquellas instituciones que denominó sus “killer apps”, las cuales son: competencia, ciencia, propiedad, medicina, sociedad de consumo y ética del trabajo. El problema comenzó cuando esas aplicaciones dejaron de ser exclusivas. China y otras economías aprendieron ciencia, producción a escala, tecnología, innovación y comercio global; por lo tanto Occidente ya no compite contra países tecnológicamente atrasados sino contra sociedades que incorporaron herramientas que antes explicaban buena parte de su ventaja.
No se puede repartir indefinidamente una riqueza que cuesta cada vez más producir. Y cuando parecía suficiente, regresó la vulnerabilidad energética.
El conflicto en Medio Oriente y las interrupciones alrededor del Estrecho de Ormuz volvieron a encarecer petróleo, transporte y seguros. El BCE calculó que el salto inflacionario de comienzos de 2026 estuvo explicado casi enteramente por el shock energético. En octubre el Brent volvió a superar los 110 dólares por barril. Para una familia europea, esas discusiones geopolíticas terminan apareciendo en la estación de servicio, la calefacción, el transporte y los precios. Ormuz no creó el malestar europeo. Cayó sobre un vaso que ya estaba lleno.
La demografía agrega otra contradicción: Europa necesita inmigrantes para sostener actividades económicas y compensar parcialmente una población que envejece. Durante décadas llegaron trabajadores para cubrir empleos en construcción, transporte, industria, servicios y cuidados; pero importar trabajadores no equivale automáticamente a construir ciudadanía.
La dificultad se vuelve más visible con los hijos y nietos de aquellos inmigrantes. Nacieron en Francia, Bélgica, Alemania, España, Italia o Suecia. No llegaron como mano de obra invitada: son europeos y esperan pertenencia, reconocimiento y oportunidades. Persisten, sin embargo, brechas laborales, territoriales y de percepción de discriminación.
El multiculturalismo permitió reconocer que distintas culturas podían convivir bajo las mismas leyes, pero quedó incompleta otra pregunta: ¿qué las mantiene unidas después de dos o tres generaciones?
Europa necesita algo parecido a un onboarding cívico que incluya temas como idioma, historia, instituciones, deberes, derechos, inserción laboral y una narrativa común de pertenencia. Integrar no significa pedirle a alguien que abandone su origen. Tampoco alcanza con instalar comunidades distintas una al lado de la otra y esperar que el tiempo produzca cohesión porque el miedo de una parte de la población a perder su identidad tampoco puede reducirse automáticamente a xenofobia. Existe xenofobia y debe combatirse. También existen preguntas legítimas sobre velocidad de los cambios, seguridad, lengua, costumbres y cohesión social. Podemos entonces afirmar que la política fracasa cuando convierte toda preocupación identitaria en racismo y también cuando convierte al inmigrante en culpable de problemas económicos que comenzaron mucho antes.
Detrás aparece una cuestión todavía más difícil: el propósito.
Trabajo, familia, religión, nación, sindicatos, partidos y comunidades proporcionaron durante buena parte del siglo XX estructuras de pertenencia de las cuales muchas se debilitaron porque el mercado puede ofrecer consumo y el Estado prestaciones, pero ninguno responde por sí mismo a una pregunta elemental: ¿para qué formo parte de esta sociedad? Una generación puede disponer de derechos, educación y salud y, sin embargo, dudar de si conseguirá una vivienda, un empleo estable, formar una familia o vivir mejor que sus padres. Allí el problema deja de ser exclusivamente económico.
Europa se ocupó de construir durante décadas un extraordinario sistema para distribuir bienestar. Ahora tiene que volver a producir crecimiento, financiar jubilaciones, reconstruir su defensa, competir con China y Estados Unidos, pagar energía más cara, integrar inmigrantes, recuperar cohesión y ofrecer a sus jóvenes una expectativa de futuro; y todo esto al mismo tiempo.
Esa combinación también altera la política. Fuerzas de izquierda reclaman proteger prestaciones y aumentar la contribución de patrimonios y grandes empresas. Fuerzas nacionalistas y de derecha encuentran espacio en la inmigración, la seguridad, la identidad y el descontento con las élites tradicionales. Los partidos de gobierno intentan conservar un centro cada vez más difícil de sostener. Las próximas elecciones francesas ocurrirán mientras todas esas tensiones permanecen abiertas.
Pero quizás falte revisar algo todavía más antiguo. Francia es la tierra de una revolución que proclamó que el poder debía tener límites. Dos siglos después, los mecanismos creados para controlar aquel poder fueron diseñados para un mundo analógico; mientras que en el actual mundo digital las decisiones circulan entre gobiernos, burocracias, lobbies, fondos financieros, plataformas digitales, algoritmos y compañías globales capaces de procesar más información y recursos que muchos Estados.
Entonces resulta urgente que el Estado de Derecho necesita actualizar sus mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y ciberseguridad sin transformar esa necesidad en vigilancia sobre los ciudadanos. Quienes gobiernan deben ser controlables incluso cuando la tecnología vuelve opacos los procesos de decisión.
La misma discusión alcanza al poder económico; por ejemplo, si determinadas empresas pueden escalar beneficios mundialmente utilizando mercados, infraestructura, educación pública, consumidores y sistemas jurídicos que las sociedades financian, corresponde debatir cuál debe ser su contribución. No se trata de castigar la innovación ni de convertir cualquier ganancia en objeto de expropiación. Se trata de preguntarse cómo se distribuyen las responsabilidades cuando los beneficios pueden globalizarse con enorme facilidad mientras los costos sociales siguen siendo nacionales.
El contrato social no puede sostenerse indefinidamente exigiendo más al trabajador, al contribuyente o al jubilado mientras una parte creciente de la ciudadanía percibe que quienes poseen poder político o económico encuentran maneras de escapar a los controles que pesan sobre los demás.
A Europa le urge decidir cómo volver a producir riqueza, cómo distribuirla sin destruir los incentivos que la generan, cómo financiar a una población que envejece, cómo integrar a quienes necesita, cómo defenderse, cómo competir y qué identidad común puede ofrecer a las próximas generaciones. Quizás ésa sea la crisis europea de nuestro tiempo: no la desaparición del Estado de bienestar, sino el agotamiento de las condiciones que permitieron construirlo.
Una sociedad empieza a perder legitimidad cuando exige sacrificios a muchos mientras el poder —político o económico— parece escapar al control de todos. Reconstruir el contrato social europeo exige algo más difícil que repartir lo que queda: volver a generar riqueza, confianza, límites y propósito.
Alejandro Safarov
Integrante
Instituto de Relaciones Internacionales
